ASF espera que Gobierno estatal aclare el uso de recursos de PROSPERA

Hasta ahora, sigue firme la solicitud de aclaración hecha por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que el gobierno de Veracruz aclare y proporcione la documentación adicional probatoria de 212 millones 657 mil 732 pesos por concepto de la falta de acreditación de la aplicación de los recursos correspondientes a PROSPERA, Programa de Inclusión Social (Componente de Salud) 2017.

“El Gobierno del Estado no realizó una gestión eficiente ni transparente de los recursos del programa PROSPERA, en incumplimiento a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas”, determinó el ente fiscalizador.

De acuerdo con la nueva plataforma implementada por el órgano, puesta en marcha hace unos días, Veracruz debería demostrar la aplicación de los recursos no devengados en los objetivos del programa, a más tardar el 30 de abril de 2018 o, en caso contrario, reintegrarlos a la Tesorería de la Federación.



Sin embargo en la última actualización, para el mes de mayo, se observó “que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertenencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo que el resultado 7, se considera como no atendido”.

De tal manera que la ASF ordenó presentar el informe anual de la erogación total de los recursos enviado a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.

Con la revisión de las operaciones realizadas con recursos del PROSPERA 2017 en materia de servicios personales, se determinó de la revisión de una muestra de 108 expedientes de personal eventual y la consulta en la página de internet de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), se verificó que los expedientes cuentan con la documentación que acredita la plaza bajo la que cobraron durante el Ejercicio Fiscal 2017.



Se verificó que los sueldos y gratificación de fin de año realizados al personal eventual, pagados con recursos de PROSPERA 2017, se ajustaron al tabulador y conceptos autorizados, pero SESVER no realizó pagos posteriores a la fecha en que el personal causó baja. Tampoco se otorgaron licencias con goce de sueldo a personal que prestó sus servicios por comisiones a otras entidades y no se realizaron pagos al personal que contara con permiso o licencia sin goce de sueldo.

Además de que realizaron las retenciones y los enteros por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) en tiempo y forma.



Con la revisión de las nóminas de personal eventual y contratos con cargo a PROSPERA 2017, de una muestra de 161 trabajadores se constató que durante el Ejercicio 2017, la SESVER realizó pagos a 46 personas sin evidencia de haber formalizado los contratos por concepto de prestación de servicios como personal eventual; por lo que se realizaron pagos improcedentes por 892.2 miles de pesos.

El Estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación de los 46 contratos formalizados por concepto de prestación de servicios como personal eventual; con lo que se aclaró un importe de 892.2 miles de pesos.

De ahí que la Contraloría General del Estado inició el procedimiento de investigación para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente número CG/OIC/SSSESVER/CP17-01/2017; por lo que se solventó lo observado.



En cuanto a los resultados de la medición bimestral de las familias beneficiarias con el Paquete Básico Garantizado de Salud, mediante la plataforma implementada del Sistema de Indicadores PROSPERA, el Gobierno del Estado reportó de manera extemporánea el segundo, tercero y cuarto trimestres sobre el ejercicio de los recursos de PROSPERA 2017, que le fueron transferidos a la Dirección General de PROSPERA y de manera pormenorizada el avance físico a través del formato Nivel Financiero, publicados en su página de Internet y en la Gaceta Oficial; sin embargo, la información reportada careció de calidad y congruencia.

De ahí que la Contraloría General del Estado inició el procedimiento de investigación para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. CG/OIC/SS-SESVER/CP17-01/2017; por lo que se da como promovida esta acción.