ASF también es responsable de crisis financiera de Veracruz; fue omisa

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) fue omisa al no actuar a tiempo para evitar que se diera el desvío de recursos que se ha detectado en Veracruz y que se presentó desde el inicio de la administración del hoy gobernador con licencia y prófugo de la justicia, Javier Duarte de Ochoa.

El investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana (IIJ-UV), José Lorenzo Álvarez Montero, remarcó que la Constitución ordena que la autoridad fiscalizadora del Gobierno Federal tiene la obligación de revisar los recursos que la Federación destina y tiene que hacerlo bajo los principios de anualidad y de temporalidad.

El de anualidad establece que al término de la gestión anual debe de supervisar que se haya cumplido con el destino del dinero que se envió, mientras que el de temporalidad ordena que antes del año de gestión, porque haya alguna denuncia, pueden fiscalizar el ejercicio que se le da a los recursos.



Sostuvo que existe un capítulo en la Constitución, el titulo cuarto, que habla de las responsabilidades de los servidores públicos que son por acción y omisión, “y aquí hubo omisión”.

En entrevista, señaló que la ASF no cumplió con su encomienda como ente fiscalizador porque nunca detectó los problemas, sino hasta ahora y si lo hizo, no procedió para sancionar a las personas involucradas que desviaron los recursos.

“No puede ser posible que durante seis años no se hayan dado cuenta de ello cuando era a ojos vista", mencionó.

Dijo que la ASF es responsable también de lo que le pasó a Veracruz, dado que los ciudadanos no cuentan con los elementos y por eso tenemos una Constitución Federal y una instancia (ASF) demasiado costosa como para que no cumpla con su función.



“Así que no se pueden hacer a un lado cuando no cumplieron con su función, pensando en el cumplimiento de la acción, que además es un documento que cuando se toma posesión se hace cumplir o hacer cumplir, entonces no es posible que lo ignoren”, aseveró.

El especialista señaló que a la Legislatura del Estado le correspondía haber hecho las denuncias pertinentes, porque es la que aprobó los presupuestos anuales, aunque no lo hizo.

De tal manera que los diputados salientes también tienen cierta responsabilidad por aprobar los gastos sin que realmente estuvieran justificados.