Atrae CIDH caso de hermanos acusados de formar parte del Ejército Popular Revolucionario

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), atrajo ya el caso de los hermanos Jorge Marcial y Gerardo Tzompaxtle Tecpile, originarios del municipio serrano de Astacinga; así como Gustavo Robles López, quienes fueran acusados de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario (EPR), detenidos en enero de 2006, y puestos en libertad en noviembre del 2008.

Cabe hacer mención que fue el pasado 12 de enero de 2006 que los tres jóvenes fueron detenidos por elementos de la Policía Federal en la autopista Veracruz- México. Los acusaron de pertenecer al EPR, pues los vinculaban con el hermano de dos de ellos, de nombre Andrés de los mimos apellidos, de quien se asegura era el comandante "Rafael".

Los señalaron en aquel entonces de delincuencia organizada en su modalidad "terrorismo", por lo cual su sentencia fue de cuatro años de prisión, y tres meses más por cohecho; pero al paso de más de 24 meses no les pudieron imputar los delitos y salieron libres.



Y es que después de la detención en el 2006 fueron llevados al campo militar "Marte", días más tarde los arraigaron y estuvieron bajo esta figura por dos meses en una casa de seguridad en la calle Ignacio Morones Prieto, numero 49 colonia doctores; de ahí los trasladaron a un penal del Estado de México, y el 13 de marzo del 2007 ingresaron al CERESO de “La Toma” en el municipio de Amatlán de los Reyes.

Ahora, después de una década, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, decidió atraer su caso, esto como resultado del trabajo que diversas organizaciones efectuaron y que concluyeron en todas las instancias de México, además de la solicitud de intervención de la CIDH.

En entrevista el integrante de la Coordinadora de la Sociedad Civil, Jairo Guarneros Sosa, dijo que al inicio de enero fue que esta comisión tomó el caso, y le dará seguimiento hasta emitir una determinación “y si lo arrojan los resultados, señalan al Estado como el responsable de violentar los derechos de estos tres y le demandan la reparación del daño, que en este caso es la disculpa pública, porque no pudieron gozar su libertad casi tres años”.



Añadió que hubo muchas anomalías y no se efectuó correctamente el debido proceso; y este actuar dio elementos para que la CIDH aceptara el caso de estas personas “no se tiene tiempo para la determinación, porque se harán algunas diligencias y se le demandará al Estado que emita un informe sobre este caso y posteriormente del análisis se dará la resolución; pero el mismo hecho de que la Comisión lo haya aceptado es una buena señal para la defensa de los derechos humanos”.