Auditoría Superior ya podrá revisar obras clasificadas como de seguridad nacional

La Cámara de Diputados aprobó reformas legales para ampliar las facultades de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con el objetivo de fortalecer los mecanismos de fiscalización del gasto público y permitir la revisión de obras clasificadas como de seguridad nacional o con información reservada.

Cabe señalar que al frente del órgano fiscalizador se encuentra el veracruzano Aureliano Hernández Palacios Cardel, quien fue nombrado Auditor Superior para el periodo 2026-2034 en sustitución de David Colmenares Páramo.

Las reformas fueron aprobadas por unanimidad con 390 votos a favor y el dictamen fue turnado al Senado para su análisis y eventual aprobación. Las modificaciones abarcan la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Coordinación Fiscal.



Dan “dientes” a la ASF

Entre los cambios aprobados se establece que la ASF podrá acceder a información clasificada como reservada o confidencial cuando esté relacionada con el manejo de ingresos, egresos o deuda pública federal. La reforma busca eliminar restricciones que impedían revisar obras de infraestructura consideradas estratégicas o de seguridad nacional.

Durante la discusión en tribuna, legisladores señalaron que el propósito es reforzar las capacidades del órgano fiscalizador. El diputado del PT, Ricardo Mejía Berdeja, presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, afirmó que con estas reformas la Auditoría contará con mayores herramientas para investigar irregularidades. “La ASF no será más un elefante blanco, tendrá dientes y no habrá más corrupción”, sostuvo.



El dictamen también permite que la ASF audite recursos públicos en tiempo real, sin necesidad de esperar a la revisión formal de la cuenta pública correspondiente. Además, podrá solicitar información de ejercicios fiscales anteriores cuando sea necesario para las investigaciones.

Otro de los cambios establece que el órgano fiscalizador podrá investigar presuntas faltas administrativas graves en cualquier momento, ya sea por iniciativa propia o a partir de denuncias. Estas investigaciones se realizarán conforme a lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

La reforma también abre la posibilidad de que cualquier persona presente denuncias ante la Auditoría mediante los canales que disponga la institución. La diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Iraís Virginia Reyes de la Torre, destacó que esta disposición amplía la participación ciudadana en la vigilancia del gasto público.



En materia operativa, el dictamen establece plazos para los procesos de fiscalización. La ASF deberá pronunciarse en un máximo de 120 días hábiles sobre las respuestas de las entidades auditadas respecto de las observaciones realizadas, determinando si se solventan o se mantienen las irregularidades. Posteriormente contará con 90 días hábiles adicionales para enviar los dictámenes técnicos de no solventación a las áreas de investigación correspondientes.

La reforma contempla además la creación de un Sistema Nacional de Registro de Información y Datos Relacionados con Recursos Federales, que será administrado por la ASF. En este sistema, los entes públicos deberán registrar información sobre el uso de recursos federales, incluidos datos contables y de beneficiarios finales.

También se autoriza a la Auditoría a celebrar convenios de coordinación con órganos de fiscalización estatales para revisar el uso de recursos federales transferidos a estados, municipios y alcaldías de la Ciudad de México. Estas colaboraciones no implicarán delegar las facultades constitucionales de la ASF.



Durante el debate legislativo, distintos grupos parlamentarios coincidieron en la necesidad de fortalecer la supervisión del gasto público.

El diputado panista Éctor Jaime Ramírez Barba señaló que “fortalecer la ASF es una obligación democrática”, al advertir que el uso indebido de recursos públicos afecta la confianza ciudadana.

Por su parte, la diputada de MORENA Claudia Rivera Vivanco indicó que las reformas buscan modernizar los procesos de fiscalización mediante herramientas tecnológicas y una mayor interacción con la ciudadanía. “Una Auditoría (Superior) que va a ser ágil, digital y tecnológicamente integrada a la respuesta de una ciudadanía que exige cuentas claras”, expresó.



El dictamen establece en artículos transitorios que la ASF deberá adecuar su normativa interna en 90 días naturales y emitir los lineamientos para la operación del nuevo sistema de registro en un máximo de 180 días. La implementación se realizará con los recursos presupuestales existentes. La reforma fue enviada al Senado de la República para continuar el proceso legislativo correspondiente.