La Constitución Política de Veracruz prevé la revocación de mandato y establece las reglas para llevarla a cabo, pero también es una realidad que aún no está la Ley Secundaria, manifestó Marisol Alicia Delgadillo Morales, consejera presidenta del Organismo Público Local Electoral (OPLE).
En teoría debería aplicarse en el año 2028, aunque insistió que sigue pendiente que el Congreso del Estado reglamente la reforma al artículo 15 de la Constitución local, que incorpora la posibilidad de someter a revisión el mandato de la gobernadora Rocío Nahle en su tercer año de administración.
Aunque el Congreso rebasó el plazo recomendado para armonizar la ley, la consejera Presidenta dijo que todavía hay tiempo, antes de que se acerque la etapa de recolección de firmas.
Recordó que la legislación señala que no se puede hacer ninguna reforma en materia electoral 90 días antes de un proceso comicial, por lo que el 2026 e incluso a principios del 2027 siguen siendo tiempos viables.
La recolección de firmas deberá iniciar dos meses antes de que la actual gobernadora cumpla la mitad de su periodo, es decir, antes del 1 de diciembre de 2027.
Y para que llevar a cabo la consulta para la revocación del mandato, la ciudadanía deberá reunir firmas equivalentes al 10% de la lista nominal, recabadas en al menos 107 municipios, LA mitad más uno de los 212.
Añadió que la solicitud debe realizarse en el tercer año de ejercicio, y una vez recibida, el OPLE verificará los requisitos y, de cumplirse, emitirá la convocatoria. La jornada de revocación se realizaría en 2028.
La consejera insistió en que la implementación de la revocación ocurriría a finales de 2027 e inicios de 2028, y que todo depende de una solicitud expresa de la ciudadanía.
En caso de llevarse a cabo la revocación de mandato y para que sus resultados sean vinculantes debe participar, al menos, el 40% de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal.
Además, si la mayoría de los participantes decide que la actual titular del Poder Ejecutivo deje el cargo o lo concluya hasta el año 2030.
Agregó que las firmas recabadas recientemente no corresponden a un proceso de revocación, sino a una iniciativa ciudadana para pedir al Congreso que emita la ley reglamentaria.