Aunque Yunes lo niega; registros señalan a Veracruz como destino de víctimas de trata

El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares asegura que no existen redes de trata en Veracruz, sin embargo, hay información que señala a la entidad como receptora del comercio de personas con fines de explotación.

Según la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Red TDT) desde 2008 al 2017 se dio apertura a 28 carpetas de investigación por este delito en el territorio estatal, tomando datos de la Fiscalía General, pero el Poder Judicial reconoce que no existe ninguna sentencia condenatoria.

En su “Informe Derechos y Violencias: la Experiencia de ser Mujer, la situación nacional y de Veracruz”, la asesora jurídica de la Red TDT, Zúe Valenzuela Contreras, advirtió que se trata de un tema tabú, que las autoridades invisibilizan.

Refirió que el “Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local”, en Tlaxcala, tiene documentada la trata y los estados en que utilizan a las personas, mujeres sobre todo, con fines de explotación sexual.



“Ellos identifican que Veracruz es un destino; captan en Tlaxcala (a las mujeres) y Veracruz es en donde son víctimas de explotación sexual, pero es la documentación o el mapeo que ha hecho esa organización", explicó.

En cuanto a las cifras de la Fiscalía consideró que son pocas carpetas de investigación por este delito y lo que más preocupa es que no haya sentencias condenatorias, según el Poder Judicial.

Valenzuela Contreras comentó que al requerir la información al organismo a cargo de Jorge Winckler Ortiz trataron de aclarar por qué no hubo elementos para perseguir el delito, si se detuvo a alguna persona, si fue presentado ante un Juez algún caso y por qué no hay sentencias.



“También cuántas personas estarían privadas de su libertad, pero lo único que se limitaron a responder es que hay 28 carpetas”, observó.

En contraparte, detalló que a nivel nacional se registran 484 sentencias condenatorias de mil 156 procesos penales, según información de la Procuraduría General de la República (PGR), es decir, menos de la mitad de los casos terminan en sentencia condenatoria en el país.

Asimismo, dijo que en los 32 estados hasta 2017 habían cerca de 3 mil 312 investigaciones, no obstante, la mayoría siguen abiertas.



La asesora jurídica reiteró que al ser un tema tabú se está invisibilizado, lo que no ocurre sólo en Veracruz, pese a que el “Centro Fray Julián Garcés” pone a la entidad Estado como receptora de mujeres con fines de explotación sexual.

Además, advirtió que la desaparición de mujeres también podría relacionarse con temas de trata, aunque no necesariamente quienes desaparecen en Veracruz se quedan con fines de explotación, sobre todo por el modus operandi de algunas bandas.

Ejemplificó que son comunes casos como el de las 6 personas de Tlaxcala y Oaxaca, quienes desaparecieron en Veracruz luego de ser detenidas al ser señaladas de "enganchar" a una joven, pero las autoridades terminan por no indagar si se trata de una banda dedicada al comercio de personas.



“El tema de invisibilizar la trata va de la mano con el modus operandi de los "enganchadores", ya que aunque es de dominio público su actuar también es tabú, porque las autoridades aseguran que nada de esto pasa.

“Sabemos que hay chicas que pueden estar siendo víctimas de explotación sexual pero dicen ‘es por su voluntad’ o ‘se fueron con el novio’ y es como una manera de culpabilizar a las personas y decir que fue un acto consentido”.

Criticó que con esta postura se ignora a la víctima, a su contexto social, así como a su familia, pero al mismo tiempo se quita una responsabilidad a las autoridades.



“Independientemente de que en algún momento la mujer haya consentido ir con estas personas hay todo un contexto que obliga a las autoridades en un marco de acción a garantizar sus derechos.

“En algún momento pudo decir ‘sí me voy con alguien’, pero no con el fin de ser explotada sexualmente; ahí está el engaño y no porque hayan aceptado en un primer momento o hayan caído en las redes del 'enganchador' no hay ninguna responsabilidad para las autoridades”, subrayó Valenzuela Contreras.