A un año de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso de la indígena nahua Ernestina Ascensio Rosario, quien presuntamente fue violentada sexualmente por militares y vulnerada en sus derechos humanos, las autoridades no han cumplido ninguno de los 22 resolutivos fijados al Estado mexicano.
Al respecto, la abogada Elizabeth Guevara Mitzi, litigante que acompañó este proceso ante la CIDH junto con organizaciones civiles, apuntó que el Estado mexicano fue encontrado responsable por las graves violaciones que sufrieron la víctima y su familia. “Sobre los resolutivos que dio la Corte no ha habido cumplimiento a ninguno de ellos; hay como dos resolutivos que pensamos o creemos las organizaciones que ya pudieron haberse resuelto, pero hasta el momento se sigue trabajando en estos, como lo es la disculpa pública, protocolos, algunas capacitaciones para servidores públicos”, comentó.
Subrayó que tras 19 años de ocurridos los hechos, lo más difícil para las organizaciones y la familia es continuar en la búsqueda de justicia. Explicó que entre las disposiciones se contemplan becas educativas y el acto público de reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado, el cual no se ha llevado a cabo debido a que no hay certeza de que sea la Presidenta de la República quien otorgue la disculpa, como solicita la familia.
“Ellos estaban proponiendo en algún momento otro tipo de personas de la Secretaría de Gobernación (SEGOB). Y bajo el lema que ha dado la Presidenta de que todas las mujeres con ella llegamos y que el año 2025, en el cual se emitió la sentencia, era el año de la mujer indígena, es que se esperaba la disculpa”, afirmó.
Guevara Mitzi recordó que de los 22 resolutivos emitidos por la CIDH todos son relevantes, pero destacan aquellos enfocados en garantizar intérpretes y traductores en la región indígena y en el Hospital Regional de Río Blanco, con el propósito de garantizar el acceso a la salud a la población que habla su lengua materna.
Asimismo, las medidas contemplan el fortalecimiento del Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESA) en Soledad Atzompa, municipio de donde era oriunda Ernestina.
Otro punto consiste en la investigación atraída por la Fiscalía General de la República (FGR), instancia en la que se trabaja para dar con los responsables.
Detalló que algunos de los resolutivos fijados por la CIDH deben cumplirse en un plazo de uno a dos años, a partir de la notificación de la sentencia efectuada en diciembre de 2025.
Finalmente, indicó que las organizaciones representantes del caso ante la CIDH y personas aliadas de otros estados de la República continuarán con las acciones correspondientes para que se dé cumplimiento a los 22 resolutivos.