Autoriza Comisión de Vigilancia del Congreso auditar al ayuntamiento de Banderilla

Francisco Garrido Sánchez, presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, va contra uno de sus excorreligionarios del partido Alternativa Veracruzana (AVE), el alcalde de Banderilla con licencia, Esteban Acosta Lagunes.

El diputado local -que llegó a esa posición como plurinominal del AVE, partido al que después renunció- presentó un punto de acuerdo para que la Secretaría de Fiscalización de este Congreso del Estado practique al ayuntamiento de Banderilla una auditoría a su gestión financiera ejercicio 2016, con la finalidad de determinar si existe desvío en la aplicación de los recursos correspondientes a participaciones federales.

El presunto desvío podría ser de 24 millones de pesos, se expresa en el punto de acuerdo, sometido a votación del pleno y aprobado por la mayoría.



En el punto de acuerdo, Francisco Garrido recordó que el 19 de mayo pasado solicitó la separación del cargo de Juan Manuel Rivera González, tesorero del Ayuntamiento de Banderilla, por el presunto desvío de 24 millones de pesos de participaciones federales.

Ricardo Hernández Solano, quien asumió la presidencia municipal de ese municipio, le había expresado no tener control de la administración e ignorar el manejo de los recursos municipales, así como su preocupación por tener conocimiento de que se habían retirado 18 millones de pesos de la cuenta bancaria en la que se tenían los recursos para pagar las estimaciones relacionadas con una obra, al igual que seis millones de pesos más, programados para la construcción de dos unidades deportivas.

Recordó que, ante la gravedad de lo manifestado y a solicitud de la Junta de Coordinación Política, se expidió acuerdo para designar un interventor para la tesorería municipal del 20 de junio al 31 de diciembre de 2016, la cual fue publicada el 17 junio de 2016 en la Gaceta Oficial del Estado.



En reunión, la Comisión de Vigilancia del Congreso estatal analizó el jueves 7 de julio de 2016 el primer informe del interventor, y "considerando que el alcance de la intervención no llega al fondo del asunto planteado, se acordó solicitar a la Secretaría de Fiscalización del Congreso que, a la par de la misma, se le practique al Ayuntamiento mencionado una auditoría a su gestión financiera correspondiente al ejercicio 2016".

Instruyen auditorías al ORFIS

El pleno del Congreso también acordó instruir al Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), a realizar auditoría a la obra número 2012201002, consistente en el equipamiento del pozo profundo y tanque elevado de la localidad de Cerro de León y construcción del sistema múltiple para las localidades Cerro de León y Villa Aldama, para que determine si existe daño patrimonial a la hacienda pública del municipio de Villa Aldama, durante la gestión financiera de la administración 2011-2013, respecto a las observaciones no auditadas.



El presunto daño patrimonial podría ascender a dos millones 234 mil 603 pesos, lo que corresponde al 40 por ciento de la construcción no ejecutada y que fue pagada por el Ayuntamiento de Villa Aldama.

El ORFIS manifestó que no consideró la obra señalada para la elaboración de las muestras selectivas de la auditoría técnica.

También, se instruyó al ORFIS a llevar a cabo una revisión de las observaciones contenidas en los puntos del 3.6 al 5.1 del escrito de denuncia, presentado por el actual Ayuntamiento de Tamalín, en contra de la administración 2011-2013, referentes a omisiones de documentos obligatorios en la entrega-recepción y que determine si existe daño patrimonial a la hacienda municipal, durante la gestión financiera de la administración 2011-2013.



Ambas solicitudes de auditoría fueron planteadas originalmente por el fiscal séptimo especializado en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos, Luis Manuel Lara Hernández.