El Congreso de Veracruz aprobó una reforma constitucional que, a partir de 2030, prohibirá la reelección inmediata de diputaciones locales y ediles, además de impedir que familiares de personas en cargos públicos compitan por esos mismos espacios durante los tres años previos a la elección.
El dictamen fue aprobado con 36 votos de MORENA y partidos aliados, como parte de la armonización de la Constitución local con la reforma federal en materia de no reelección y nepotismo electoral, publicada el 1 de abril de 2025 en el Diario Oficial de la Federación. La reforma modifica reglas para diputaciones locales, ayuntamientos y gubernatura, con el argumento de evitar la concentración de cargos públicos en las mismas personas o grupos familiares.
En los artículos transitorios se establece que las nuevas restricciones aplicarán hasta 2030. Por ello, las elecciones locales de 2027 no quedarán sujetas a estas prohibiciones y los actuales diputados podrán buscar su reelección.
Oposición critica la medida
La oposición rechazó el dictamen al considerar que limita el derecho de las personas a ser votadas por tener vínculos familiares con quienes ejercen cargos públicos. También advirtió que la medida podría derivar en señalamientos contra mujeres que busquen competir y sean cuestionadas por ser esposas, hijas, hermanas o sobrinas de políticos.
Durante la discusión, el diputado independiente Héctor Yunes Landa sostuvo que la reforma no responde a una demanda ciudadana y que mantiene vacíos sobre la forma en que se aplicarán las restricciones. “En el caso del dictamen quedan varios vacíos que son evidentes, como en el caso de familiares en los cargos públicos porque podrían pedir licencias para poder colocar a personas cercanas”, dijo.
Yunes Landa cuestionó que la prohibición alcance a familiares que militen en partidos distintos o que busquen cargos en un mismo proceso electoral. Como ejemplo, mencionó su caso y el del diputado panista Fernando Yunes Márquez, su sobrino, al señalar que, si ambos quisieran participar en 2030, sólo uno podría hacerlo bajo las nuevas reglas.
En defensa del dictamen, el diputado del PVEM Carlos Marcelo Ruiz Sánchez afirmó que la reforma busca evitar que los cargos públicos permanezcan bajo control de los mismos grupos. “Se debe establecer que ninguno de los cargos o los espacios son para siempre, ni para unos cuantos. Con esta reforma le decimos a la ciudadanía que el pueblo es el que decide”, expuso.
El legislador sostuvo que la medida busca modificar las condiciones de competencia electoral. “Votar este dictamen es un acto de congruencia, es decirles a los veracruzanos que en las boletas ya no estarán los mismos apellidos de siempre, que se eliminarán los cacicazgos y que todos tendrán las mismas oportunidades”, agregó.
Por MORENA, el diputado Diego Castañeda Aburto señaló que la reforma local se homologa con los cambios federales y busca impedir prácticas de reelección y nepotismo en el Congreso del Estado y los ayuntamientos. El legislador afirmó que en Veracruz existen antecedentes de familias que han mantenido presencia en cargos públicos durante distintos periodos.
La diputada Montserrat Ortega Ruiz rechazó el dictamen al considerar que el concepto de nepotismo fue usado de manera amplia y que la reforma castiga vínculos familiares sin atender trayectorias individuales. “La palabra nepotismo está mal empleada. Se pretende que ninguna persona que tenga una relación con alguien que haya estado o esté en un cargo municipal pueda ser electa”, señaló.
La legisladora sostuvo que la medida vulnera derechos político-electorales. “Hay una clara violación porque no hay límite de rango de consanguineidad, cuando todas las personas tenemos el derecho de ser votados. Esta reforma está castigando a la familia, el hecho de ser esposa, hermana, sobrino”, expuso.
¿Qué cambia?
El dictamen aprobado modifica el artículo 21 de la Constitución local para establecer que las diputaciones propietarias no podrán reelegirse para el periodo inmediato posterior. Las diputaciones suplentes sí podrán ser electas como propietarias en el periodo inmediato, siempre que no hayan ejercido el cargo. En cambio, las diputaciones propietarias no podrán contender como suplentes en la elección siguiente.
En el caso de los ayuntamientos, los ediles propietarios no podrán postularse como suplentes para el periodo inmediato posterior. Los suplentes podrán competir como propietarios, salvo que hayan ejercido funciones durante el periodo correspondiente. La reforma también incorpora causales de inelegibilidad por vínculos familiares o de pareja. La restricción aplicará para personas que mantengan o hayan mantenido, durante los tres años anteriores al día de la elección, relaciones de matrimonio, concubinato, unión de hecho o parentesco con quienes ocupen determinados cargos públicos.
Las prohibiciones abarcan parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin límite de grado, parentesco colateral hasta el cuarto grado y parentesco por afinidad hasta el segundo grado. Para diputaciones locales, la restricción impedirá contender a personas con esos vínculos respecto de quien ejerza una curul en el Congreso de Veracruz.
Para la gubernatura, no podrán ser candidatas las personas que tengan o hayan tenido esos vínculos con quien ocupe la titularidad del Poder Ejecutivo estatal durante los tres años previos a la elección. En los municipios, la prohibición alcanzará a quienes busquen competir por presidencias municipales, sindicaturas o regidurías y tengan vínculos con la persona que ejerza el cargo al que aspiran.
En la exposición de motivos, el dictamen sostiene que el nepotismo electoral genera ventajas en las contiendas y afecta las condiciones de igualdad entre aspirantes. “El nepotismo electoral, entendido como la utilización de vínculos familiares, matrimoniales, de concubinato, unión de hecho o de afinidad para obtener ventajas indebidas en la contienda electoral, representa una de las distorsiones más perniciosas de la vida democrática”, señala el documento.
El texto legislativo también plantea que estas prácticas afectan la legitimidad de la representación pública cuando la ciudadanía percibe que los cargos se transmiten entre integrantes de una misma familia. “Las medidas propuestas buscan garantizar que el acceso a los cargos de elección popular dependa de la voluntad ciudadana, las propuestas y la trayectoria de las personas candidatas, y no de relaciones familiares con quienes ocupan posiciones de poder”, indica el dictamen.