Avalan diputados reforma para proteger producción apícola en Veracruz

El Congreso de Veracruz aprobó castigar hasta con 12 años de prisión el robo de colmenas, equipo, insumos y bienes indispensables para la producción apícola, así como sancionar como delito de daños la muerte de colonias de abejas causada por el uso indebido de plaguicidas, agroquímicos u otras sustancias tóxicas.

La reforma al Código Penal del Estado y a la Ley Apícola fue avalada en lo general y en lo particular con 43 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. El dictamen incorpora de manera expresa los bienes apícolas al delito de robo previsto en el artículo 206 del Código Penal, con el propósito de sancionar la sustracción de colmenas pobladas o vacías, abejas, equipo, insumos, frutos cosechados o por cosechar, alambre para cercar y otros bienes utilizados en la producción.

Con la modificación, cuando el valor de lo robado no exceda de 270 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, la pena será de cuatro meses a seis años de prisión y multa de hasta 200 veces el valor diario de la UMA. Si el valor de lo robado excede de 270 veces la UMA, la sanción será de tres a diez años de prisión y multa de hasta mil 100 veces el valor diario de la UMA.



Cuando el valor de lo robado exceda de 530 veces la UMA y además el delito se cometa en el medio rural, la pena será de cuatro a doce años de prisión y multa de hasta mil 700 veces el valor diario de la UMA. La reforma también modifica el artículo 226 del Código Penal para equiparar al delito de daños la muerte de colonias de abejas o la destrucción total o parcial de apiarios, cuando sea provocada por el uso de plaguicidas, agroquímicos u otras sustancias tóxicas en contravención de disposiciones fitosanitarias.

Ese delito se perseguirá por querella, sin perjuicio de las sanciones administrativas que correspondan y de otros delitos que pudieran configurarse cuando la conducta también cause afectaciones ambientales. Además, el Congreso reformó la Ley Apícola del Estado para permitir el aseguramiento precautorio de colmenas, material apícola, productos y subproductos cuando sea necesario impedir su movilización irregular.

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca podrá retener o asegurar esos bienes en casos relacionados con incumplimientos sobre movilización, propiedad, trazabilidad o comercialización. Al ejecutar el aseguramiento, el personal de la dependencia deberá levantar un acta circunstanciada con el inventario de los bienes, su estado físico y sanitario, así como la designación de un depositario.



El depositario podrá ser el presunto infractor, una asociación apícola de la jurisdicción correspondiente o un tercero que acredite capacidad técnica y material para el resguardo. Cuando se trate de colmenas con colonias vivas, la Sedarpa deberá dictar medidas técnicas, de manejo y sanitarias para garantizar su conservación y supervivencia durante el tiempo que dure el resguardo.

El procedimiento deberá garantizar el derecho de audiencia y el debido proceso del presunto infractor, con aplicación supletoria del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado. La reforma también actualiza las sanciones administrativas. El incumplimiento de diversas obligaciones de la Ley Apícola podrá ser sancionado con multa de 60 a 240 veces el valor diario de la UMA o con la cancelación del registro de sitio de pecoreo, permiso de internación o trámite administrativo correspondiente.

Cuando la infracción consista en la comercialización o movilización de colmenas, material apícola, productos o subproductos sin marca de fuego, registro, factura o documentación que acredite su legal propiedad o procedencia, la multa será de 250 a 500 veces el valor diario de la UMA.



En esos casos, además, se dará vista a la Fiscalía General del Estado por hechos que pudieran constituir delito. La iniciativa fue presentada por diputadas y diputados del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México, con adhesión del Grupo Legislativo del PAN y de los diputados Ramón Díaz Ávila, Elizabeth Morales García, Adrián Sigfrido Ávila Estrada, María Elena Córdova Molina y Ana Rosa Valdés Salazar. El dictamen fue elaborado por las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales, presidida por Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, y de Desarrollo Agropecuario, Rural y Forestal, encabezada por Dulce María Hernández Tepole.

Durante la discusión, la diputada Elizabeth Morales García, del Partido del Trabajo, señaló que la reforma atiende una afectación patrimonial y productiva para las familias dedicadas a la apicultura. “Cuando se roban una colmena se afecta mucho más que un bien material, se lastima el patrimonio de una familia, se interrumpe una actividad productiva, se pone en riesgo una fuente de ingreso y se daña un proceso natural indispensable para la producción de alimentos”, dijo.

Morales García afirmó que los cambios dan herramientas jurídicas para combatir el robo, la movilización irregular y los daños contra las personas apicultoras. “A las personas apicultoras de Veracruz les decimos con claridad: su trabajo vale, su patrimonio importa y su actividad merece protección”, expresó.



Por el PVEM, el diputado Urbano Bautista Martínez sostuvo que el robo de colmenas y la destrucción de apiarios no deben tratarse como delitos menores. “El robo de colmenas y la destrucción de los apiarios no es simplemente un delito patrimonial menor, es un golpe devastador al corazón de la economía familiar de los productores y un atentado directo contra el equilibrio ecológico”, señaló.

El legislador dijo que las sanciones vigentes habían quedado rebasadas frente al robo de colmenas, equipo e insumos utilizados en la producción apícola. “Estamos incluyendo explícitamente los bienes apícolas en los tipos penales de robo y daños”, afirmó.

Bautista Martínez vinculó esta reforma con otra modificación aprobada por el Congreso para sancionar daños ambientales relacionados con agroquímicos. “No podemos proteger el bosque si no protegemos a quienes lo polinizan. No podemos castigar la contaminación por agroquímicos y el daño ambiental sin defender simultáneamente a nuestras abejas y a los guardianes que las cuidan”, expresó.



A nombre de MORENA, la diputada Dulce María Hernández Tepole dijo que la apicultura forma parte de la economía rural y de la cadena alimentaria. “El dictamen no es un asunto menor, es un acto de justicia con quienes producen el campo veracruzano; es el reconocimiento de que la apicultura no es sólo una actividad económica, es un pilar de nuestra soberanía alimentaria”, señaló.

La legisladora sostuvo que Veracruz cuenta con 136 mil 896 colmenas, de las que dependen más de mil 270 productores, según datos de Sedarpa 2025. También indicó que el estado tiene una producción de 5 mil 299.76 toneladas de miel y ocupa el cuarto lugar nacional en esa actividad.

Hernández Tepole afirmó que la reforma atiende dos problemas: el robo de colmenas, equipos, núcleos y cosecha, así como la mortandad de colonias provocada por el uso de plaguicidas y agroquímicos. “El Código Penal se reforma al artículo 206 para incorporar expresamente como objetos del delito de robo el equipo e insumos apícolas, las colmenas pobladas o vacías, los núcleos de abejas, los frutos cosechados o por cosechar y demás bienes indispensables para la producción apícola”, explicó.



La diputada comparó la nueva protección penal con un “abigeato apícola”, al señalar que el robo de una colmena afecta una unidad biológica de producción y no sólo un bien mueble.