Avanza caso contra yunismo por videovigilancia fallida; prevén más denuncias

La Fiscalía General de la República (FGR) continúa integrando la carpeta de investigación en torno a la denuncia penal presentada por las irregularidades detectadas en la adquisición e instalación de 6 mil 476 cámaras de vigilancia durante el último año del bienio del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, que tuvieron un costo de mil 116 millones de pesos.

La denuncia está en manos de la FGR, por lo que la carpeta no está en reserva ni en el “olvidado”, afirmó la auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Delia González Cobos, quien dijo que en algún momento se sabrá el resultado de la investigación.

Agregó que de integrarse debidamente la carpeta de investigación y de acreditarse la comisión de un delito habrá de derivar en una acción penal.

Cabe mencionar que lo anterior desmiente algunas voces que han afirmado que no hay denuncias penales en contra del gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares.

La auditora añadió que la FGR ha requerido información adicional respecto a las actas constitutivas, contratos, balances, estados financieros e informes de la Cuenta Pública.

“Hemos estado atendiendo los requerimientos de la Fiscalía General de la República y sabemos que la investigación sigue en integración, cada vez que nos han requerido documentación nosotros la hemos presentado”.

Agregó que en el seguimiento a la Cuenta Pública 2018 hasta el momento solo hay una denuncia penal interpuesta por el ex auditor Lorenzo Antonio Portilla Vázquez.

La denuncia penal ante la FGR se presentó porque se utilizaron recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF); y se interpuso dos meses antes de que el Congreso del Estado decidiera no aprobar los Informes de Resultados de la Cuenta Pública 2018, presentada por el ex auditor general, y ordenara una nueva valoración.

Cabe recordar que la denuncia se presentó por las irregularidades detectadas en la adjudicación directa en la contratación del Proyecto “Adquisición, Suministro, Electrificación, Instalación y Puesta en Operación del Sistema de Circuito Cerrado de Televisión CCTV”, a favor de la empresa COMTELSAT, S.A, de C.V.

Mediante una auditoría de legalidad se revisó el avance del sistema contratado para las regiones de Pánuco, Poza Rica, Xalapa, Veracruz, Córdoba y Coatzacoalcos.

Asimismo, no descartó la posibilidad de que la revisión de la Cuenta Pública 2018 genera más denuncias penales, toda vez que se investiga un presunto daño patrimonial superior a los 3 mil millones de pesos en el Poder Ejecutivo y poco más de 300 millones de pesos en 132 ayuntamientos.