Avanza trámite para que ONU analice crisis de desapariciones en México: Juan Albán

El presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, Juan Pablo Albán, confirmó que la solicitud para que la crisis de desapariciones en México sea analizada por la Asamblea General de la ONU ya fue remitida al Secretario General, en un procedimiento previsto en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Albán explicó que la activación de este mecanismo no depende de una decisión discrecional del titular de Naciones Unidas, sino de lo establecido en el artículo 34 de la Convención, que faculta al Comité a llevar el tema ante la Asamblea General cuando existen indicios de desapariciones forzadas generalizadas o sistemáticas en un Estado parte.

“Para evitar interpretaciones imprecisas, conviene recordar que el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas establece que el CED podrá llevar la cuestión a consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas”, señaló el funcionario en redes sociales.



De acuerdo con ese precepto, si el Comité recibe información que, a su juicio, contiene indicios fundados de que la desaparición forzada se practica de manera generalizada o sistemática en el territorio de un Estado parte, puede solicitar información a las autoridades y, posteriormente, remitir el caso con carácter urgente a la Asamblea General por conducto del Secretario General de la ONU.

Crisis de desapariciones

El procedimiento se activó después de que el Comité recibiera informes sobre la crisis de desapariciones en México y sobre posibles casos de participación o aquiescencia de autoridades en estos delitos.



En su resolución, el Comité señaló que la información disponible contiene indicios de que en el País se han cometido desapariciones forzadas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, al identificar patrones de ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes regiones.

El organismo subrayó que este procedimiento tiene carácter preventivo y busca movilizar la atención internacional para apoyar al Estado en la prevención, investigación y sanción de estos delitos, así como en la búsqueda de personas desaparecidas y la identificación de restos humanos.

El Comité también planteó que la Asamblea General podría considerar mecanismos de cooperación técnica y asistencia especializada para fortalecer las capacidades de búsqueda, investigación forense e investigación penal en México, además de establecer un mecanismo que garantice el acceso a la verdad para las familias de las víctimas.



Gobierno rechazó informe

Según datos oficiales citados en el informe, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas supera las 130 mil personas registradas como desaparecidas o no localizadas en el País, lo que refleja la magnitud del problema.

El Gobierno de México rechazó la interpretación del Comité y sostuvo que el informe amplía de manera indebida el concepto de desaparición forzada, al considerar casos vinculados con la delincuencia organizada sin participación directa del Estado.



Previamente la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el análisis del organismo internacional extrapola datos de periodos anteriores y no toma en cuenta las acciones emprendidas por el actual Gobierno en materia de búsqueda e investigación de personas desaparecidas.

“Este comité enviará al Alto Comisionado de Naciones Unidas este informe; nosotros vamos a establecer una relación estrecha con él y explicar por qué no estamos de acuerdo con ese documento”, señaló la mandataria federal.

Visita a México



Por su parte, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, concluyó una visita de 4 días a México en la que calificó las desapariciones como uno de los desafíos más graves que enfrenta el País.

Sin embargo, también reconoció los esfuerzos y la voluntad del Gobierno para enfrentar el problema y ofreció apoyo técnico internacional. Durante su estancia se reunió con autoridades federales, legisladores y colectivos de víctimas, y llamó a abordar el tema sin polarización política, fortalecer los mecanismos de búsqueda, identificación forense e investigación, y colocar a las víctimas en el centro de las acciones del Estado.

“Necesitamos un compromiso nacional que vaya más allá de posiciones políticas o de un mandato de un Gobierno, para que pueda darse un proceso de verdad, de reconocimiento del dolor y de transparencia”, afirmó.



Türk también llamó a evitar que el tema se polarice en el debate público y pidió colocar a las víctimas en el centro de la discusión. “El sufrimiento de las familias no puede minimizarse. Las desapariciones erosionan profundamente la confianza entre la población y el Estado”, sostuvo.

El funcionario añadió que su oficina ofreció asistencia técnica para fortalecer los mecanismos de búsqueda, los procesos de identificación forense y las capacidades de investigación de las autoridades mexicanas.

El Comité precisó que la activación de este procedimiento no constituye una determinación de responsabilidad penal ni una investigación formal contra el Estado Mexicano, sino un mecanismo de cooperación internacional destinado a apoyar la respuesta institucional frente a la crisis de desapariciones.