Bajo investigación, contratos del INE por $2 mil 461 millones: Víctor H. Carvente

Las contrataciones de material electoral realizadas durante más de una década quedaron nuevamente bajo escrutinio, luego de que el titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE), Víctor Hugo Carvente Contreras, informara ante la Cámara de Diputados sobre investigaciones por presuntas irregularidades en la asignación de contratos.
Durante su comparecencia de este viernes 30 de octubre, el funcionario dio a conocer que el órgano fiscalizador tiene 18 expedientes relacionados con estos hechos. De ellos, 13 permanecen en etapa de investigación, mientras que cinco avanzaron a procedimientos de responsabilidad administrativa.
Explicó que en los cinco casos ya se notificó a los servidores públicos involucrados para que comparezcan en las audiencias iniciales. Sin embargo, no proporcionó sus nombres ni detalles de las pruebas, al señalar que esa información debe mantenerse bajo reserva mientras se desarrollan los procedimientos.
Los señalamientos están relacionados, entre otros aspectos, con posibles conflictos de interés en la contratación de proveedores y el presunto ocultamiento de vínculos que debieron ser informados a las autoridades del instituto.

Proveedores bajo la lupa
Otro de los asuntos expuestos fue la relación entre empresas dedicadas a suministrar materiales electorales. De acuerdo con el análisis presentado por el OIC, cinco compañías habrían mantenido vínculos entre sí y participado en procedimientos de contratación en los que presuntamente no existía una competencia efectiva.
El monto acumulado de los contratos identificados asciende a aproximadamente 2 mil 461 millones de pesos en el periodo comprendido entre 2014 y 2025, tanto con el INE como con organismos públicos locales electorales.
Entre las firmas señaladas se encuentran Cajas Graf, Formas Finas y Corporativo ZEG. El contralor expuso que, en 53 procedimientos revisados, se detectó la participación de al menos dos de estas empresas en 92.5 por ciento de los casos.
La hipótesis bajo revisión es que algunas compañías pudieron presentar propuestas para aparentar competencia, mientras presuntamente existían acuerdos que favorecían determinadas adjudicaciones o condiciones económicas.

Cajas Graf destaca dentro de los datos expuestos por el funcionario, al acumular contratos por poco más de mil millones de pesos. Estas observaciones deberán ser examinadas por las instancias correspondientes para determinar si existieron acuerdos ilegales, afectaciones económicas o responsabilidades de particulares y servidores públicos.

Las irregularidades no serían recientes, sostiene Contralor

Al responder los cuestionamientos, Carvente planteó que los problemas detectados en el mercado de materiales electorales no surgieron exclusivamente durante la administración de Guadalupe Taddei Zavala.
Según su explicación, los vínculos entre proveedores y las prácticas que ahora se investigan tienen antecedentes que se remontan a años anteriores, por lo que las revisiones abarcan un periodo más amplio que el de la presidencia de la exconsejera presidenta.
El argumento coloca bajo revisión tanto las contrataciones recientes como los mecanismos utilizados durante administraciones anteriores para adquirir materiales destinados a los procesos electorales.

Diputados cuestionan actuación del Órgano de Control
La comparecencia se desarrolló ante las comisiones unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Transparencia y Anticorrupción. Legisladores de oposición cuestionaron al funcionario sobre la detección de posibles conflictos de interés, la vigilancia de los contratos y las acciones emprendidas para evitar que las irregularidades se prolongaran.
Integrantes del PRI acudieron con pancartas y reclamaron mayores explicaciones sobre los mecanismos de supervisión. También hubo inconformidad por los tiempos establecidos para las intervenciones durante la sesión.
El encuentro se realizó en un contexto de presión política sobre el INE, luego de los señalamientos relacionados con contrataciones y presuntos vínculos entre personas cercanas a la anterior presidencia del organismo y proveedores.

Falta conocer las responsabilidades y posibles sanciones
Aunque la comparecencia permitió conocer el avance de las indagatorias, todavía no existe una resolución definitiva que determine la responsabilidad de los funcionarios o de las empresas mencionadas.
Los procedimientos administrativos deberán continuar conforme a las etapas legales, con oportunidad para que las personas señaladas presenten sus argumentos y pruebas.
La información presentada por Carvente deja abiertas preguntas sobre la supervisión de las adquisiciones, la forma en que se seleccionaron los proveedores y el momento en que el órgano de control identificó las posibles irregularidades.
El monto de los contratos revisados y la cantidad de procedimientos iniciados colocan el caso entre los asuntos que deberán esclarecerse para determinar si hubo competencia real en las compras electorales y si los recursos públicos se ejercieron conforme a la ley.