Bermúdez “negoció” con la 4T para acusar a Rogelio “N”

Mirna Viviana Franco Alvarado, hija del perredista Rogelio "N" explicó que mantienen a su padre en prisión por señalamientos del exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, quien negoció acusarlo a cambio de que supuestamente le devolvieran sus bienes incautados.

"Uno de los trasfondos para declarar culpable a mi padre, es devolver bienes, hoy propiedad del Gobierno del Estado, al exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, de esta manera, pagar su pacto al señalar a mi padre, a cambio de la devolución de sus bienes incautados por el Gobierno anterior", señaló en conferencia de prensa.

Comentó que dentro de tres días un Tribunal Colegiado se pronunciará si le concede libertad a Rogelio Franco Castán, y señaló que como se espera que ello ocurra, el Ejecutivo veracruzano "se adelanta arbitrariamente y ordena vincularlo a proceso para no dejarlo en libertad".



Ante los reporteros, recordó que conforme a la ley nadie puede ser juzgado por el mismo delito dos veces, lo que estaría ocurriendo con el ex secretario de Gobierno en el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares.

"Y en este asunto sería la tercera vez, eso es inaudito, la orden fue evitar que quede libre, intentan vincularlo a proceso por tercera ocasión por el delito de peculado equiparado en el mismo proceso penal 312/2021, esto es insólito", acusó.

Por ello, acusó que la Fiscalía y el Poder Judicial están al servicio de intereses fuera de la ley.



"Con la reciente orden de aprehensión que le fuera ejecutada a mi padre, se hace evidente el interés de las autoridades estatales por mantenerlo en prisión", reiteró acompañada por el abogado defensor, Luis Enrique González Lira.

"Por ello solicitaron activar el aparato de Estado y solicitar una nueva orden de aprehensión, misma que fue concedida y ejecutada en tan sólo unas horas, él ha pasado 21 meses recluido sin ninguna prueba adicional, más que la saña de mantenerlo en prisión", comentó una vez más

Se mostró confiada que el Tribunal Colegiado confirmará que tanto la actuación de Fiscalía, como de Poder Judicial ha sido fuera del marco legal.



"Lo anterior constituye un abuso de autoridad, ya que los distintos actos por los que se ha fijado prisión preventiva justificada han sido calificados por los jueces federales como arbitrarios, ilegales y que no ameritan prisión preventiva, y así lo demuestran los distintos amparos que se han concedido a su favor", agregó.