En conjunto con el Consejo Nacional para la Prevenir la Discriminación (CONAPRED), el Instituto Nacional Electoral (INE) publicó una guía para la acción pública denominada “Elecciones sin discriminación. Participar y votar en igualdad”, que busca sentar las bases para la construcción de una democracia moderna, libre de violación a los grupos más vulnerables, pero importantísimos de cara al proceso electoral.
En el escrito, que apenas salió a la luz pública, se enlistan las disposiciones de carácter preventivo y correctivo que están dirigidas a revertir tendencias discriminatorias de la sociedad, como el racismo, el sexismo, el clasismo, la homofobia, la transfobia, la xenofobia y la misoginia, entre otras expresiones culturales de desigualdad de trato, para incluir en el sistema de derechos y oportunidades a las personas y grupos sociales que han estado y se encuentran parcial o totalmente excluidos de sus libertades como resultado de la discriminación histórica o experimentada.
Entre las medidas de inclusión en el campo electoral para combatir los prejuicios, estereotipos y estigmas que nutren la cultura y las prácticas discriminatorias, se encuentran la incorporación del enfoque de derechos humanos, particularmente del principio de igualdad y no discriminación, en las políticas y programas institucionales.
La adopción progresiva de esta perspectiva tiene una influencia directa y significativa en las acciones cotidianas de los organismos públicos electorales y contribuye, de manera decisiva, en la construcción de una cultura cívica basada en la igualdad política y en los derechos humanos.
Realza el uso de un lenguaje incluyente y no sexista en las comunicaciones (orales, escritas, gráficas y visuales) y los materiales informativos y formativos que elaboran, difunden y distribuyen los organismos electorales, los partidos políticos y las personas candidatas a cargos de elección popular.
Por ejemplo, en este proceso electoral se introducen cambios importantes en el lenguaje utilizado en los documentos y materiales electorales: boleta y urna de la elección para la “Presidencia” (antes “Presidente”), boleta y urna de la elección para las “Senadurías” (antes “Senadores”), boleta y urna de la elección para las “Diputaciones” (antes “Diputados”).
Además, el INE presume que puede constatar el uso progresivo de un lenguaje incluyente en los documentos, lineamientos, formatos y materiales didácticos de la capacitación electoral.
Para el máximo órgano electoral del país, este proceso es ocasión para aprovechar las campañas institucionales y la presencia mediática que tienen las autoridades electorales con la finalidad de insistir, a través de sus mensajes escritos, gráficos, orales, gestuales y visuales, en la diversidad sociocultural y la pluralidad política de la nación, la centralidad de la participación ciudadana en la democracia y de sus derechos político-electorales; así como en la importancia de respetar las normas desde una perspectiva antidiscriminatoria y de derechos humanos.
Asimismo, es necesario promover entre los partidos políticos, las candidatas y los candidatos a los cargos de elección popular y los medios de comunicación, el respeto a la dignidad y los derechos de todas las personas, el uso de un lenguaje incluyente y no sexista y la difusión de contenidos no estereotipados que valoren la diversidad social.
Los partidos y las candidaturas pueden incurrir, de manera intencionada o no, en actos discriminatorios y/o de exclusión política al reproducir en sus comportamientos y expresiones (discursos, imágenes, declaraciones, propaganda y símbolos) estereotipos de género y prejuicios sociales que dividen a la sociedad y afectan la dignidad de las personas y de los grupos discriminados.
Reprueban discursos de odio
Desde la perspectiva antidiscriminatoria, no es admisible que en la intensidad de la competencia electoral que supone una libre y clara contrastación de ideas y propuestas políticas, se recurra a discursos de odio, según expresa en el documento.
La libertad de expresión no contempla las expresiones de odio, por lo que su manifestación está explícitamente prohibida. El discurso de odio es aquel diseñado para oprimir o incitar al odio o a la violencia.
Históricamente, los discursos de odio no han tenido límites temporales o espaciales. Fueron utilizados por los oficiales nazis en Alemania y por el Ku Klux Klan en Estados Unidos, así como por una amplia gama de actores en Bosnia durante los años noventa y en el genocidio en Ruanda en 1994.
Por ello, expone el INE, es importante sumar a los medios de comunicación, tanto públicos como privados, al esfuerzo por construir una cultura política democrática basada en el reconocimiento de la dignidad igual de todas las personas y en el respeto a todos y cada uno de los derechos humanos.
"Con su enorme poder de persuasión e impacto en un público heterogéneo, los medios de comunicación, particularmente los electrónicos (radio y televisión), pueden contribuir de manera significativa para desmontar los estereotipos, prejuicios y estigmas que ponen en desventaja a ciertos grupos sociales frente a otros y obstaculizan una comunicación incluyente", dice finalmente.