Buscan adecuar Poder Judicial y organismos a Sistema Estatal Anticorrupción

Los diputados de las diferentes bancadas presentaron 5 iniciativas de Decreto que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes Orgánicas del Municipio Libre y del Poder Judicial.

También de las Leyes de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH); de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas (CEAPP) y de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Los cambios se generan como parte de la creación del Sistema Estatal Anticorrupción, que ya fue aprobado por el pleno tras las reformas a la Constitución.

De acuerdo con los legisladores, es necesario actualizar la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado para que esté en armonía con la Constitución local, reformando y, en algunos casos, derogando aquellas disposiciones normativas que hagan referencia al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que está por crearse.

Esto ya que cuando inicie sus labores el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa provocará la extinción dl Tribunal de lo Contencioso Administrativo, justo cuando entre en vigor la Ley que regulará el funcionamiento e integración del nuevo Tribunal.

Los diputados plantean dentro de las modificaciones, la inclusión en cada institución gubernamental de un órgano de control de los entes públicos encargado de vigilar y supervisar el adecuado ejercicio presupuestal.

Dichas atribuciones a fin de investigar y, en su caso, sancionar faltas administrativas de naturaleza no grave cometidas por servidores públicos, además demandar la intervención de los órganos jurisdiccionales respecto de las consideradas como graves.

Por su parte, la reforma a la Ley de la CEDH busca, según los proponentes, conjuntar todas las acciones propuestas en el Sistema Estatal Anticorrupción y de esta manera reforzar y modernizar todas aquellas funciones encaminadas a la supervisión de todos los actos que se cometan al interior de la Comisión.

Esto con la finalidad de combatir la corrupción, al igual por cuanto hace al Órgano interno de control del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos (IVAI).

Con lo anterior se pretenden reforzar las atribuciones del Instituto con la finalidad de prevenir, detectar, corregir, sancionar y erradicar todas aquellas prácticas corruptas que se comentan a su interior.

Igualmente se busca controlar que los procesos y procedimientos que realizan los servidores públicos estén apegados a la legalidad y que coadyuven a los objetivos sustantivos y, en caso de no ser así presentar las denuncias contra presuntas irregularidades administrativas cometidas ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa o la Fiscalía Especializada en Delitos relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos.

Sobre el órgano interno de control de la CEAPP, sostienen que al momento de realizarse el estudio de la Ley que la rige, se pudo observar que las funciones de su contraloría, se enmarcan en un listado breve, cuestión que califican como “preocupante”.

Los legisladores argumentaron que las funciones de las autoridades no pueden estar inmersas en cláusulas generales ni permitir que normas reglamentarias las fijen, puesto que esta atribución es exclusiva del Congreso, por lo que consideran necesario que se agreguen competencias que pongan a la altura dicho órgano de control.

Cabe señalar que por su parte Yunes Linares envió propuestas que también reforman y crean leyes que consolidarán al Sistema Estatal Anticorrupción, tal es el caso la de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y la Ley de Responsabilidades Administrativas.

El Ejecutivo también remitió el Código de Procedimientos Administrativos del Estado, reformas al Código Penal para el Estado de Veracruz, a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles y a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados.

Con los cambios al Código Penal para el Estado de Veracruz, el Ejecutivo busca garantizar la coordinación entre las instancias de Gobierno, estableciendo un capítulo especial para la atención de delitos por hechos de corrupción, ampliando además los supuestos del delito de tráfico de influencias.

Por su parte, con los cambios a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo se establece una Contraloría que formará parte del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, con mayor capacidad de operación y será independiente en sus procesos de auditoría, dando facultades a la Contraloría para presentar denuncias contra servidores públicos ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

En cuanto a los cambios a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado se propone la creación de una Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, autónoma de acción y decisión, para investigar y perseguir los delitos en materia de corrupción, misma que contará con un Fiscal Anticorrupción.

Dicha Fiscalía también podrá solicitar el aseguramiento de bienes propiedad del inculpado y promover, en aquellos casos, la extinción del dominio.

Para la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles, la propuesta crea el registro de servidores públicos que participan en contrataciones públicas para la integración de la Plataforma Digital Nacional.

Con esto se establecerá un mayor control hacia los proveedores que de forma reiterada infrinjan la Ley, a quienes se cancelará su registro en el padrón de proveedores y se esperan detectar casos de conflictos de interés en favor de determinados proveedores.

Finalmente, en cuanto a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados se incluye la obligación a los servidores públicos y particulares de atender y actualizar los sistemas de control establecidos para la adjudicación de obra pública, haciendo obligatorio el registro de aquellos que intervienen en los procedimientos de contratación en la Plataforma Digital del Sistema Nacional Anticorrupción.