Califica INE de “intromisión disfrazada del Gobierno” el “Plan B” de Reforma Electoral

Intromisión disfrazada del Gobierno de la República para tener el control de las elecciones; indebida reestructuración de los órganos electorales; desempleo; daño en la actualización del Padrón y Cartografía Electores; afectación en la organización de los procesos electorales; violación al derecho de consulta previa e informada para las comunidades indígenas; e incertidumbre sobre quiénes serán los representantes de partidos en la jornada electoral.

Así como interferencia del Gobierno en la conformación del listado nominal; pérdida de certeza de la identidad del votante desde el exterior; obstáculos para el uso tecnológico que no permitirán eficientar los procesos electorales; afectaciones al modelo de fiscalización electoral; vulneración de datos de particulares protegidos por los secretos bancario, fiduciario y fiscal; retroceso en la progresividad de derechos políticos; e injerencia de servidores públicos en las campañas electorales, son los principales impactos negativos de las reformas a las leyes secundarias en materia electoral conocidas como “Plan B”, que estima el Instituto Nacional Electoral (INE).

El Consejo General del INE elaboró un diagnóstico de las consecuencias del “Plan B”, que en breve dará a conocer.



El organismo electoral reiteró que en las reformas a las leyes secundarias brillan por la ausencia de una deliberación informada sobre su contenido, la carencia de un diagnóstico objetivo sobre las fortalezas y necesidades del modelo electoral vigente.

“Con frecuencia los cambios en marcha implican consecuencias indeseables para la celebración de elecciones que sean, como manda la Constitución, libres y auténticas”, se asentó en el diagnóstico.

Se advierte que el diseño legal e institucional del sistema electoral mexicano que ha permitido la renovación pacífica y periódica de los poderes, a través del voto libre y secreto, pueden correr el riesgo de verse lesionadas.



Así como la autonomía del INE, y la estructura territorial de sus órganos ejecutivos en los 300 distritos electorales y en las 32 entidades federativas

También se verán lesionados, los procedimientos de capacitación y organización electoral que son la base del ejercicio del sufragio y el conteo escrupuloso de votos; los avances contra la violencia política de las mujeres en razón de género; las acciones afirmativas para potenciar la representación política de núcleos de la población tradicionalmente desfavorecidos; y la fiscalización de los ingresos y gastos de los actores políticos.

Asimismo, habrá repercusiones negativas para el cumplimiento de las obligaciones de los partidos políticos; la protección de los datos personales de la ciudadanía: los derechos laborales de quienes integran el servicio profesional electoral nacional y la rama administrativa de los Organismos Públicos Locales.



Y el respeto al pacto federal y la libre configuración legislativa de las entidades federativas se ven afectados en diversa graduación por las reformas electorales.

Las reformas a las leyes secundarias en materia electoral proponen eliminar las 300 Juntas Ejecutivas Distritales (JED), que son las encargadas de realizar el trabajo sustantivo, en todo el territorio nacional, para la preparación, organización y celebración de elecciones.

En su lugar, se propone que exista, en el mejor de los casos, una Oficina Auxiliar ocupada por una sola persona (Vocalía Operativa) que tendría, bajo su responsabilidad, las tareas legales que hoy corresponden, como marca la constitución, a órganos ejecutivos no unipersonales.



Y con la reducción de la estructura de las 32 Juntas Ejecutivas Locales, dejando sólo tres Vocalías, de 5 con las que actualmente cuentas, se tendrán que recortar 262 plazas, de las cuales, 96 son del Servicio Profesional Electoral Nacional.

Aunado a ello, se propone que los Módulos de Atención Ciudadana, donde la ciudadanía tramita su credencial para votar, sean instalados, preferentemente, en oficinas gubernamentales, escuelas o Centros de Salud, donde no hay garantía de que exista la infraestructura informática, de transmisión y resguardo de datos que permitan proteger datos personales sensibles como son las fotografías y las huellas dactilares de cada ciudadano.

Asimismo, a la propaganda gubernamental se le da un predominantemente cariz presupuestal de tal manera que lo que no se etiquete como tal por los entes públicos obligados no se considerará propaganda, aunque implique el uso de recursos públicos.



Por lo que las reformas no consideran propaganda a la promoción no etiquetada presupuestalmente como tal o a través de manifestaciones de las y los servidores públicos “en uso de su libertad de expresión” o “en el ejercicio de sus funciones públicas”.