Cancelan audiencia de imputación de Joana “N”, exadministradora del Poder Judicial

La Fiscalía General del Estado inició un proceso judicial en contra de Joana “N”, exdirectora general de Administración del Poder Judicial de Veracruz, quien fue citada a comparecer a una audiencia de imputación.

Esto luego de la denuncia por la presunta contratación de empresas fantasma al interior del Poder Judicial que alcanza, hasta la fecha, al menos a 4 exfuncionarios de la institución e involucra a cinco empresas y un proveedor posiblemente "fantasmas".

Cabe destacar que la audiencia fue cancelada debido a que la exfuncionaria no se presentó y a los juzgados únicamente acudieron sus representantes jurídicos.



Se pudo confirmar que la audiencia inicial, para la imputación en libertad de Joana, se debe a la investigación 144/2023 por la probable comisión del delito de incumplimiento de un deber legal.

Además, este miércoles también fue citada Manuela “N”, quien fungió como subdirectora de Recursos Financieros. Ambas exfuncionarias designaron a sus asesores jurídicos, quienes sí se presentaron a los juzgados.

Según trascendió, la audiencia se suspendió debido a que Joana “N” presentó un justificante médico, de ahí que tendrá que reprogramarse para próximos días.



Denuncias involucran a otros exfuncionarios

Cabe recordar que el pasado 9 de febrero la propia presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, confirmó que interpusieron las denuncias por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y peculado, ante presuntos desvíos detectados por 50 millones de pesos en el primer semestre de 2023.

Hasta la fecha los exfuncionarios presuntamente involucrados son Joana “N”, ex directora general de Administración; Ofir Aly “N”, exsubdirector de Recursos Materiales; así como Bertha “N” y Elvis “N”, ambos ex jefes del Departamento de Servicios Generales.



Los exfuncionarios son señalados de contratar a presuntas empresas fachada luego de que una auditoría aplicada al primer semestre de 2023 demostró que no existían elementos suficientes para garantizar que las personas morales operaban bajo las cláusulas descritas en sus documentos constitutivos.

Además, las empresas no han confirmado sus actividades económicas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), al carecer de una estructura funcional con recursos financieros, humanos y materiales para su operación.

“El recurso público contratado para pagar a las supuestas comercializadoras, asciende a $47, 448, 701.00 (Cuarenta y siete millones, cuatrocientos cuarenta y ocho mil, setecientos un peso)”, expone el Poder Judicial en su denuncia.



Las empresas con inconsistencias son PROVEEDURÍA Y SERVICIOS CAFHA, S.A. DE C.V., por servicios de limpieza con un importe mensual de un millón 85 mil 470 pesos durante 10 meses.

CRISAN TECNOLOGÍAS MÓVILES S.A. de R.L. de C.V., por la adquisición de materiales y útiles para procesamiento en equipos y bienes informáticos por 11 millones 457 mil 612 pesos.



CISA CAPACITACIÓN E INNOVACIÓN SOCIAL S.A. de C. V., por material de limpieza por 5 millones 217 mil 20 pesos, así como ALECASSER COMERCIALIZADORA S.A.S., por materiales y útiles de oficina por 11 millones 473 mil 33 pesos.

Finalmente se detectaron irregularidades en la contratación de Edgar Omar Simbrón Ortega para el arrendamiento de fotocopiado por 6 millones 273 mil 396 pesos, según la denuncia interpuesta "en contra de quien o quienes resulten responsables”.

La Contraloría del Poder Judicial realizó la auditoría al periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2023, revisando los ingresos estatales propios y productores financieros por 908 millones 747 mil 559.11 pesos, cuyos informes de resultados fueron emitidos el 8 de febrero de 2024.



Además, respecto a los egresos se auditaron materiales y suministros, servicios generales, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, así como bienes muebles, inmuebles e intangibles, por 33 millones 887 mil 22 pesos.