Cárcel hasta por 7 años por agredir físicamente a menores o adultos mayores

Desde el pasado 14 de enero, en Veracruz se puede sancionar a personas que maltraten a menores o a adultos mayores con penas que alcanzan varios años de prisión y multas económicas elevadas.

El pasado miércoles, en la Gaceta Oficial del Estado, con número extraordinario 018 se publicó el decreto que reformó el artículo 249 y que adicionó un capítulo I Bis, con un artículo 249 Bis, al título IX del libro segundo del Código Penal para el Estado.

Cabe señalar que el artículo 249 de dicho Código estipula que a quien reiteradamente haga uso de la fuerza física o moral contra una persona mayor de edad, incapaz o que no pueda resistir, sujeta a su protección, instrucción o cuidado, se le impondrán de seis meses a seis años de prisión y multa hasta de trescientos días.



Al agregarse el capítulo I Bis sobre el Maltrato Infantil se estipula que a quien prive de sus derechos y su bienestar a persona menor de edad o le inflija deterioro a su integridad física o psicológica, se le impondrán de tres a siete años de prisión y multa de hasta quinientos días.

El decreto fue propuesto por el diputado Jesús Alberto Velázquez Flores, integrante del Grupo Legislativo de la Revolución Democrática-Movimiento Ciudadano, el pasado 4 de septiembre de 2014, siendo turnado en su momento a la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables y Migrantes para su análisis y aprobado el pasado 10 de diciembre.



Al ser avalado por los diputados locales se destacó que con dicha modificación al Código Penal se busca lograr un crecimiento y desarrollo pleno de los menores, dentro de un ambiente de bienestar familiar y social; así como el ejercicio de los derechos de los adultos.

Velázquez Flores alertó que de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México es el país miembro de la misma que ocupa el primer lugar en violencia física, abuso sexual y homicidio de menores de catorce años de edad.

Justificó que su propuesta se basó en que la OCDE propone la adopción de medidas legislativas para desestimular el maltrato infantil, mediante la creación de un tipo penal específico y la imposición de sanciones más severas en el Código Penal.