La diputada federal Rosa María Hernández Espejo recriminó que más de 45 mil familias del puerto de Veracruz hayan recibido viviendas de pésima calidad, derivado del saqueo que los gobiernos del PRI y PAN realizaron al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT).
Durante su intervención en la Cámara de Diputados al discutirse la reforma al INFONAVIT, la legisladora increpó a los diputados de oposición: “¿No les da vergüenza, compañeras y compañeros del
prianismo, venir a defender aquí los intereses de esas empresas que se enriquecieron junto con sus gobiernos robando a los trabajadores?”
Puntualizó que, de 1995 a 2018, los gobiernos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto saquearon al INFONAVIT y cambiaron el concepto de vivienda social a vivienda mínima, lo que en otras instancias se conoce como vivienda barata, reduciendo la calidad del espacio, los materiales y las condiciones de habitabilidad. Citando al arquitecto Javier Sánchez en un estudio sobre vivienda social en México, cuestionó: “¿Qué familia puede desarrollarse y ser feliz en esas viviendas, donde no caben ni siquiera tres miembros y el perro?”
Señaló el caso de Veracruz, municipio que representa, donde las empresas Geo, Homex, Grupo Roma, entre otras, desarrollaron los fraccionamientos Hacienda Sotavento, Bonaterra, Pueblo Nuevo, Colinas de Santa Fe, Jardines de Santa Fe y Costa Dorada, entre otros, dejando a más de 45 mil familias afectadas con viviendas de mala calidad.
Muchas de estas familias, afirmó, han tenido que desalojar sus viviendas porque carecen de servicios públicos, no cuentan con concesión de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), pero sí enfrentan deudas millonarias ante esta dependencia y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), además de vivir en calles destrozadas y sin alumbrado.
Lamentó que dichas empresas actualmente sean “inlocalizables” y que los afectados no tengan a quién reclamar los daños causados. Sin embargo, criticó que estas desarrolladoras, en complicidad con los gobiernos neoliberales, vendieron sus carteras a bancos que hoy están acosando a los ciudadanos.
"Dicho de otra manera, fue un robo, y —más grave aún— le robaron a los más pobres, que son los trabajadores y las trabajadoras de salarios más bajos, quienes con mucho esfuerzo e ilusión lucharon por obtener un patrimonio propio y digno. Pero fueron vilmente defraudados por estas desarrolladoras que ustedes vienen a defender y por la política neoliberal que las impulsó", expresó.
Calificó como urgente y necesario que el INFONAVIT, la CFE y demás dependencias del Gobierno Federal implementen un programa de reparación del daño y condonen las deudas de los trabajadores derechohabientes que viven en estos fraccionamientos. Por último, enfatizó que es un acto de justicia social aplicar un programa especial para garantizar el derecho a una vivienda adecuada. “Lo establecimos ya en la Constitución, con el fin de mejorar las viviendas e infraestructura pública de estos fraccionamientos", finalizó.