A dos meses de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado mexicano no ha presentado un plan para cumplir con las medidas ordenadas en el caso de Ernestina Ascencio Rosario, una indígena náhuatl de 73 años que fue abusada sexualmente y sometida a tortura por integrantes del Ejército mexicano en 2007.
La sentencia, emitida el 16 de diciembre de 2025, responsabiliza al Estado por las violaciones cometidas contra Ernestina y ordena medidas como una investigación penal exhaustiva, atención médica y psicológica a los familiares, y un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.
A pesar de que las organizaciones litigantes solicitaron formalmente un plan con acciones concretas, cronograma y responsables definidos, el Estado no ha presentado una propuesta oficial. Esto retrasa el acceso efectivo a la justicia, la verdad y la reparación integral para la familia.
Medidas ordenadas por la Corte:
Investigación penal exhaustiva para identificar, procesar y sancionar a los responsables.
Atención médica y psicológica a los familiares de Ernestina, así como un acto público de reconocimiento y de responsabilidad internacional.
Además se considera una capacitación a funcionarios públicos en derechos humanos y justicia.
Fortalecimiento del Centro de Atención Especializada de Soledad Atzompa. Registro Nacional de Intérpretes y Traductores en lenguas indígenas para los sistemas de salud y justicia.
Además la familia de Ernestina Ascencio insiste en que la falta de un plan concreto, impide traducir el fallo en acciones reales y que corresponde al Estado mexicano convertir la resolución en justicia efectiva.