Caso Narvarte: Investigan violencia que Nadia y Rubén vivieron en Veracruz

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investiga la posible relación de una persona con el alias “Tormenta” o “Capitán Tormenta”, así como de altos exfuncionarios de Veracruz, con los homicidios de Nadia Vera y Rubén Espinosa.

Los resultados de dicha línea de investigación “serán debidamente informados a familiares y representantes de las víctimas”, aseguró el coordinador de asesores y vocero de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, Ulises Lara López.

Línea de investigación en Veracruz



A 8 años del multihomicidio que dejó como saldo 5 víctimas, el funcionario recordó que por este caso la Fiscalía de Homicidios de la extinta Procuraduría General de Justicia logró sentencias condenatorias en contra de los autores materiales de las muertes, siendo Abraham “N”, Daniel “N” y César Omar “N”, quienes cumplen penas de prisión en el centro de Alta Seguridad de Santa Martha Acatitla.

Sin embargo, aseveró que al atender la recomendación 4/2017 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, han actuado con base en protocolos, transparencia y buscado acercamiento con las familias de las víctimas, atendiendo sus observaciones respecto de una posible línea de investigación para dar con los autores intelectuales.

Al rendir cuentas de las diligencias, Lara López confirmó que el Estado de Veracruz busca abordar las investigaciones a partir de dicha recomendación, particularmente la que liga a ex altos mandos del Gobierno con el crimen por ser la que causa “mayor controversia en la esfera pública”.



“Utilizamos la herramienta conocida como Análisis de Contexto para documentar los intentos de desaparición forzada, intimidación, vigilancia y persecución que sufrieron las víctimas Nadia y Rubén en el Estado de Veracruz”, mencionó.

El vocero añadió que al momento del crimen en Veracruz se ejercía violencia política de forma generalizada contra personas periodistas, defensores de derechos humanos y activistas sociales críticos del Gobierno desde el año 2012.

“La violencia que experimentaron orilló a Nadia y Rubén, cada uno por separado y en distintos momentos, a migrar a la Ciudad de México”, agregó Lara López.



El funcionario confirmó que por esta razón se amplió el alcance de la investigación de la línea en Veracruz, solicitando la colaboración de la Fiscalía General veracruzana a fin de acceder a las investigaciones abiertas contra mandos y elementos policiales locales.

Dijo que el personal de la Ciudad de México accedió a 2 investigaciones, una por desaparición forzada y otra por enriquecimiento ilícito, estando acompañados por los representantes de las víctimas, obteniendo información de cerca de 280 personas relacionadas con un grupo de policías, así como de altos funcionarios cercanos al exgobernador Javier Duarte.

“Nuestra policía de investigación buscó exhaustivamente tratar de identificar cualquier tipo de vínculo que pudiera existir entre los sentenciados por el caso Narvarte y las personas investigadas por la Fiscalía de Veracruz. Asimismo, se cruzaron aproximadamente 500 registros telefónicos que se obtuvieron a través de la colaboración, además de que se buscaron coincidencias entre los contactos de los sentenciados y los nombres e indicativos de policía de todas las personas investigadas en Veracruz”, añadió Lara López.



El vocero indicó que especialmente se centraron en tratar de identificar a una persona relacionada con el indicativo “Tormenta”, buscando nexos entre los sentenciados con las empresas de altos funcionarios del Gobierno de Veracruz que posiblemente se utilizaban para el lavado de dinero y otras actividades ilícitas, particularmente aquellas empresas con domicilios en la Ciudad de México.

“En especial buscamos identificar alguna persona que llevara el indicativo ‘Tormenta’ o ‘Capitán Tormenta’ que era de interés especial para los abogados de las víctimas”, añadió, reiterando que los resultados de la línea de investigación señalada serán informados a familiares y representantes de las víctimas.

Expuso que de acuerdo con la recomendación de Derechos Humanos los homicidios no se abordaron con perspectiva de género y tampoco se agotó la línea de investigación relacionada con antecedentes de violencia política que sufrieron Rubén Espinosa y Nadia Vera antes de migrar a la Ciudad de México.



Por lo anterior, víctimas indirectas y familiares de quienes perdieron la vida continúan reclamando justicia al considerar que la investigación de la Procuraduría tuvo supuestas deficiencias que impidieron el esclarecimiento del móvil y la identificación de los posibles autores intelectuales de los hechos ocurridos en 2015, en un departamento en la colonia Narvarte de la Alcaldía Benito Juárez.

No hubo reunión con familiares donde se les daría informe

Además, el vocero lamentó que este 31 de julio los resultados de algunas investigaciones iban a ser informados de manera detallada a los familiares de las víctimas pero la reunión no fue posible por decisión de las propias familias, reiterando su disposición de retomar el diálogo en cuanto lo decidan.



Finalmente, destacó que Luis Javier García Saldaña, quien fue acusado por familiares de las víctimas del multihomicidio ocurrido en la colonia Narvarte el 31 de julio de 2015, no ha tenido ningún tipo de participación en la investigación del caso, como lo expusieron los representantes de las víctimas en un pronunciamiento.

“Respecto del pronunciamiento que hicieron los representantes de las víctimas sobre un servidor público de la institución que se desempeña como oficial secretario de la Agencia de Delitos cometidos en el sistema de transporte colectivo metro, señalo enfáticamente que dicha persona no ha tenido ningún tipo de participación en la investigación del caso Narvarte”.

Agregó que al servidor público se le citó como testigo hace 7 meses y se han buscado datos o indicios que pudieran establecer su participación, o la de algún familiar en los hechos, de ahí que detectives y elementos de la Guardia Nacional se han sumado a las investigaciones, lo que fue informado a los familiares y sus representantes sin que externaran observaciones sobre el tema.



“Esta Fiscalía no encubre a ningún servidor público que labore o haya laborado en la institución. Asimismo, señalo que la información que se ha presentado no debe entenderse de ninguna manera como dar un cerrado o dar por cerrado el caso. Por el contrario, continuamos investigando con toda la exhaustividad requerida”, aseveró.

Recalcó que se abrió una línea de investigación por la posible existencia de vínculos entre redes de trata de personas y también se investigan los actos, así como omisiones, señalados en la recomendación de Derechos Humanos, en contra de los funcionarios que llevaron las investigaciones, sumando las denuncias de víctimas indirectas.