Veracruz concentra una alta demanda ciudadana en materia de derechos humanos, pero mantiene un proceso restrictivo para la apertura de expedientes y un rezago significativo en la conclusión de quejas, de acuerdo con el más reciente informe del INEGI.
Datos del Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal 2025 muestran que durante 2024 el Organismo Público de Derechos Humanos de Veracruz recibió 8 mil 377 solicitudes de queja, una de las cifras más altas del país.
Sin embargo, sólo 991 de estas peticiones fueron aceptadas para la apertura de un expediente formal, lo que equivale a apenas 11.8 por ciento del total. El resto se distribuyó entre solicitudes no aceptadas y trámites que quedaron pendientes por falta de requisitos o información.
El informe del Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal detalla que esta dinámica coloca a la entidad en una posición contrastante frente a otras con volúmenes similares de atención.
Mientras la demanda ciudadana es elevada, el filtro de admisión resulta estrecho, lo que limita el número de casos que avanzan a una investigación formal por presuntas violaciones a derechos humanos.
En términos de carga de trabajo, Veracruz atendió durante el año un total de 3 mil 369 expedientes, cifra que incluye tanto los casos nuevos como aquellos arrastrados de ejercicios anteriores. No obstante, únicamente 269 expedientes fueron concluidos, lo que dejó un rezago de 3 mil 100 casos pendientes al cierre de 2024, uno de los inventarios más altos a nivel nacional.
La comparación con otras entidades evidencia diferencias sustanciales en criterios y capacidad de resolución. Veracruz ocupó el tercer lugar nacional en número de solicitudes recibidas, sólo por debajo de Nuevo León y Puebla. No obstante, a diferencia de Veracruz, estados como Puebla, Ciudad de México, Estado de México y Sonora reportaron la aceptación total de las solicitudes recibidas para la apertura de expedientes.
En cuanto al rezago, Veracruz se ubicó como la tercera entidad con más expedientes pendientes de concluir, sólo detrás de la Ciudad de México y Oaxaca. El contraste es más evidente frente a Puebla, que no sólo atendió todas sus solicitudes, sino que logró concluir más expedientes de los que ingresaron en el año, reduciendo rezagos acumulados de periodos anteriores.
El panorama descrito por el INEGI refleja una presión social considerable sobre el sistema de atención a quejas por presuntas violaciones a derechos humanos en Veracruz, pero también una limitada capacidad institucional para transformar esa demanda en resoluciones efectivas. El resultado es un embudo administrativo en el que pocos casos se formalizan y, de estos, una proporción mínima alcanza una conclusión en el mismo ejercicio anual, ampliando año con año el rezago en la atención.