Al explicar la quiebra del ingenio azucarero San Pedro, en el municipio de Lerdo de Tejada, los directivos de la Asociación de Industriales del Estado de Veracruz AC (AIEVAC) le aclaran al Gobierno del Estado y a la Opinión Pública que la suspensión de operaciones “no responde a actos de irresponsabilidad” sino a la crisis que se ha provocado por la “importación desmedida de azúcar extranjera, el contrabando técnico y el desplazamiento de consumo por otros endulzantes”, lo que ejerce una “severa presión económica” sobre esta agroindustria.
En comunicado emitido este domingo con fecha 16 de agosto, explican que “esta sobreoferta forzada colapsó los precios internos y erosionó los márgenes de rentabilidad de las plantas procesadoras en todo el País” y precisan que ninguna unidad productiva puede desligarse de su viabilidad financiera real, lo que sustenta la decisión tomada por su socio Grupo Porres, de declarar la quiebra del ingenio San Pedro,
Por otra parte, refiriéndose a lo expresado por la gobernadora Rocío Nahle García, allá en Lerdo de Tejada, el pasado jueves 13, frente a los trabajadores que hacen guardia en la factoría, en el sentido de que esta semana “habrá una mesa puesta con el Presidente del Consejo y vamos a forzarlos a que tengan una definición con nosotros”, le enlistan las acciones que los inversionistas esperan del Gobierno en el sentido de que:
“El papel de las autoridades ante este tipo de coyunturas debe orientarse a ser un agente facilitador que construya incentivos tributarios, energéticos, de competitividad y de infraestructura que devuelvan la viabilidad a las cadenas productivas, “en lugar de trasladar a la iniciativa privada responsabilidad o exigencias que excedan el marco legal”.
Le aclaran al Gobierno del Estado que la permanencia de inversiones en Veracruz obedece a las decisiones, estrategias, evaluaciones y demás condiciones para su viabilidad empresarial, que son autónomas y pertenecen a su “ámbito reservado” pero, le advierten que “sentar precedentes de fiscalización o señalamiento público sobre decisiones patrimoniales, debilita el clima de negocios y certidumbre jurídica que el Estado necesita”.
Respecto al manejo que el Grupo Porres está haciendo de la quiebra del ingenio San Pedro, puntualizan que “está honrando de forma plena y transparente todos los compromisos, liquidaciones, y derechos adquiridos de sus trabajadores”, de acuerdo a la Ley vigente, con lo que se demuestra que “el compromiso con el bienestar y la dignidad del talento humano sigue siendo prioridad del sector industrial”, especifican en el comunicado emitido.