Ciudades Judiciales incrementaron 155.74% la deuda pública del Poder Judicial

El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) no encontró elementos que hagan suponer la existencia de un daño patrimonial en la Cuenta Pública 2022 del Poder Judicial, pero si detectó que la deuda pública, a causa de la construcción de las Ciudades Judiciales que dejó el exmagistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, en un año registró un incremento del 155.74 por ciento.

En el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2022, se da a conocer que la deuda pública del Poder Judicial es de 405 millones 762 mil 159.44 pesos por concepto de la construcción de las Ciudades Judiciales mediante la figura de Asociaciones Pública Privada (APP).

Sin embargo, al cierre del ejercicio fiscal 2021, la deuda era de 260 millones 732 mil 792.7 pesos.



Aunado a ello, durante el ejercicio 2022, el Poder Judicial pagó 77 millones 79 mil 534.11 pesos por concepto de la contraprestación mensual de 8 Ciudades Judiciales; y considerando que durante el ejercicio 2021 por el mismo rubro se pagó la cantidad de 39 millones 751 mil 978.40 pesos, el ente fiscalizable tuvo un aumento del 93.90 por ciento de un ejercicio a otro por el pago de este concepto.

Esas 8 Ciudades Judiciales son Papantla, Martínez de la Torre, Las Choapas, Isla, Pueblo Viejo, Naolinco, Medellín y Tuxpan.

Asimismo, se detalla que de los 20 contratos de proyectos de APP formalizados originalmente por el Poder Judicial para llevar a cabo la Construcción, Equipamiento, Conservación y Mantenimiento de Ciudades Judiciales en el Estado de Veracruz, 10 se encuentran cancelados:



Álamo, Chicontepec, Coatzacoalcos, Huayacocotla, Ozuluama, Poza Rica, Tantoyuca, Tierra Blanca y Zongolica.

La cancelación de los contratos se debió a limitaciones presupuestales de los últimos ejercicios fiscales; el desembolso de los montos que derivan de las contraprestaciones de las Ciudades Judiciales recibidas, ha hecho imposible materializar las condiciones suspensivas de las Ciudades Judiciales que se consideran terminar anticipadamente; y riesgo por insuficiencia presupuestal de los gastos operativos o de funcionamiento, poniendo en riesgo total las finanzas sanas del Poder Judicial del Estado de Veracruz.

Así como por riesgo de que los contratistas hagan uso de las Participaciones Federales que ingresan al Fideicomiso F/3749 las cuales fungen como garantía de pago; para evitar que en un futuro las erogaciones sean insostenibles y que coloquen a la institución en algún daño o perjuicio al Estado y con las cancelaciones se genera un ahorro significativo por un importe de 2 mil 922 millones 844 mil 428.3 pesos.



Aunado a ello, en 2 no se ha iniciado la etapa de construcción debido al incumplimiento por parte del Poder Judicial sobre las condiciones suspensivas pactadas en cada contrato individual, pero sus contratos siguen vigentes y son los proyectos de APP de las ciudades judiciales de Orizaba y Minatitlán.

Mientras que al cierre del ejercicio 2022 el Poder Judicial, cuenta con 8 proyectos de Ciudades Judiciales que fueron terminadas en su construcción (Etapa I, Construcción y Equipamiento) y que actualmente están operando (Etapa II, Mantenimiento y Conservación) y se trata de Isla, Las Choapas, Martínez de la Torre, Medellín, Naolinco, Papantla, Pueblo Viejo y Tuxpan.