Colegio de Abogados pedirá informe del destino de recursos para Defensoría Pública

El presidente de Colegio de Abogados de Veracruz, Francisco Ramírez Llaca, señaló que las autoridades estatales deben aclarar qué sucedió con los recursos destinados a capacitación de los miembros del Poder Judicial y para la Defensoría Pública.

Insistió en que aunque el gobernador interino, Flavino Ríos Alvarado, haya emitido un decreto para “cancelar” las partidas presupuestales destinadas a la capacitación de litigantes para la correcta aplicación del Sistema de Justicia Penal, el recurso estuvo etiquetado desde 2012 y ya estaba en las arcas estatales.

Ramírez Llaca comentó que con la “cancelación” de estas partidas, continúa la opacidad en el manejo de las finanzas públicas estatales pues sería como “desaparecer” 10 mil millones de pesos de recurso federal.



“Tenemos una grave molestia porque hay una partida federal de 5 mil millones de pesos destinada a la mejoría del Sistema de Defensoría Pública Estatal. Vean la forma inhumana en la que están trabajando, sin recursos, y la partida de 5 mil millones de pesos fue desviada (…) es una acción inconstitucional y que debe investigarse, va en contra de la Constitución del Gobierno de un Estado. Segundo, que los recursos etiquetados para capacitación no se empleen y se distraigan en otras cuestiones, aquí son otros 5 mil millones de pesos”, manifestó.

Por ello, el litigante manifestó que los abogados que conforman el Colegio que representa, emitirán una petición formal a través de los portales de Transparencia para tener un informe oficial del destino de estos recursos que llegaron etiquetados para capacitación y defensoría pública y no fueron ejercidos en ese rubro.

“Con este decreto se está violando la disposición contenida en el Artículo 16 Constitucional se considera no prioritaria la capacitación y violando lo que establece el 17 Constitucional se considera que no hace falta tener defensores públicos para los justiciables que no tengan acceso a un abogado personal. El dinero se depositó a la SEFIPLAN para ejercerse, desde el año 2012 y no sabemos en qué se ejerció”, agregó.