13 de marzo de 2026
alcalorpolitico.com
Ayer, luego de que fuera desaprobada la reforma electoral por la Cámara de Diputados, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció su Plan B cuyo pilar es ir contra el gasto existente en Congresos locales y municipios del país con el fin de redirigir esos recursos a las necesidades del pueblo, en vez de fomentar más políticos millonarios al vapor.
“Yo me comprometí que iba a enviar una reforma que tuviera que ver con lo que pedía la gente, y yo cumplí, primero. Y, segundo, pues es muy importante ver quién votó porque disminuyan los privilegios. Había muchos privilegios antes, los privilegios de quienes no pagaban impuestos. Nadie está en contra del dinero bien habido y de que haya empresarios, y de que haya inversión pública, y que haya inversión privada; pero privilegios en contra de la ley, pues eso no, junto con privilegios de uso de recursos públicos para que unos se enriquezcan a costa de otros con recurso público o que se utilice cuando hay tanta necesidad en el país.
“Entonces, ¿en qué consiste el Plan B? En lo mismo: seguir disminuyendo los privilegios. Tiene un objetivo: seguir disminuyendo los privilegios de aquellos que todavía tienen acceso a los recursos públicos. (...) Disminuir los privilegios que persisten en los Congresos locales, disminuir los privilegios que persisten en municipios. (...) Entonces el Plan B tiene un mismo objetivo que el Plan A: disminuir privilegios”, comentó Sheinbaum en su conferencia mañanera, en la que explicó que otra de las propuestas es poner un tope máximo al gasto de los Congreso locales.
“La primera propuesta que ya lo habíamos hecho, aquí la había presentado. Poner un tope máximo a lo que deben destinarse de los presupuestos a los Congresos locales, al Senado de la República. El Senado de la República, la Cámara de Diputados tiene su presupuesto, pero el Senado tiene bastante más presupuesto. Entonces, primera propuesta: poner tope. ¿Por qué? ¿Qué se haría con este recurso? Se queda en el estado, se queda en el municipio. ¿Para qué? Para las necesidades de la gente”, puntualizó.
La titular del Ejecutivo federal mostró también una tabla con el Presupuesto de Egresos de los Poderes Legislativos de cada entidad federativa, así como de las Regidurías, y destacó el caso de Monterrey, cuyo ayuntamiento tiene hasta 28 regidores.
Dio otro ejemplo: “¿Saben cuántos regidores tiene Acapulco? Porque al final de cuentas ves, te dicen, no sólo es lo que ganan, sino todo lo que cuesta. O sea, no sólo el salario, sino un entorno. ¿Cuántos regidores tiene Acapulco? 20; Monterrey, 28 regidores; Puebla, 23 regidores. ¿Ustedes creen que realmente se necesiten tantos regidores? Hay municipios que tienen tres síndicos, que son los tesoreros, digamos. ¿Para qué tienen tres? Y la verdad es que el país no lo necesita.
“Entonces, por ejemplo, si Monterrey tuviera 10 regidores, ¿a dónde se iría ese recurso? al municipio, para obra pública. Si Acapulco tiene 20 regidores y le ponemos un límite ¿A dónde iría ese recurso? A obra pública del municipio. Porque sí, somos una República federativa y los estados son autónomos, y somos parte de una República, pero lo que no puede haber son excesos. Y luego regidores que ganan más que la Presidenta, aún todavía, porque formalmente tienen salarios de 20 mil pesos, pero es el bono y el apoyo para el no sé qué, y el apoyo para el no sé cuánto, y el apoyo para el no sé cuánto más, y acaban con salarios de 500 mil pesos mensuales”, señaló.
La Presidenta Sheinbaum adelantó que el Plan B de la reforma electoral la enviará el próximo lunes al Congreso. “Y yo espero pues que pase. Si no pasa, tampoco pasa nada. Pero nosotros tenemos un mandato y una convicción y un principio. A nosotros no se nos olvida de dónde vinimos”, añadió.
¿Habrá tomado nota el actual delegado federal de la Secretaría de Bienestar, Juan Javier Gómez Cazarín?, un modesto exvendedor de una agencia de automóviles de Coatzacoalcos que ahora es inexplicablemente millonario luego de haber presidido la Junta de Coordinación Política en las dos Legislaturas locales del sexenio anterior, la LXV (2018-2021) y la LXVI (2021-2024).
Por cierto, trascendió que con el reciente cambio de titular en la Fiscalía General del Estado (FGE), el manto protector de Gómez Cazarín se encogió, por lo que algunos de sus incondicionales que se sentían impunes han comenzado a quedar desprotegidos.
Esta semana, por ejemplo, un empleado del Congreso de Veracruz muy allegado al delegado federal, identificado como José Manuel “N”, fue detenido por personal de la Fiscalía General, señalado como presunto responsable del delito de acoso sexual.
Los hechos ocurrieron en el interior del Congreso del Estado, donde laboraban tanto el agresor como dos de sus víctimas, las cuales eran compañeras de trabajo.
Ahora, luego de su detención, el acusado fue presentado ante un juez de control en el proceso penal 121/2026.
El diputado morenista Esteban Bautista Hernández, actual presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, había señalado la situación desde diciembre de 2025 –mes en que presentó su renuncia anticipada la exfiscal cuitlahuista Verónica Hernández Giadáns, cuya designación se dio en 2019 con Gómez Cazarín como líder camaral–, y Bautista solicitó en ese momento la intervención de la FGE.
Luego de la detención del presunto protegido de Gómez Cazarín, el diputado Bautista Hernández emitió un comunicado en el que reafirmó que en el Congreso del Estado no se permitirá este tipo de situaciones en contra de las mujeres y exigió que se aplique todo el peso de la ley.
“Tal como lo expresé en su momento a los medios de comunicación, en esta Legislatura no vamos a tolerar ninguna práctica al margen de la ley, y mucho menos conductas que atenten contra las mujeres, contra nuestras compañeras de trabajo”, apuntó.
“Lamento profundamente que este tipo de conductas sigan presentándose en nuestra sociedad y en el servicio público. Desde aquí expreso mi solidaridad, apoyo y respaldo a las compañeras afectadas, y confío en que las autoridades realizarán su trabajo hasta llegar a las últimas consecuencias”, añadió el diputado local por el distrito de Cosoleacaque.
Pero éste no sería el único caso de personajes ligados al exlíder del Congreso local y actual delegado de la Secretaría de Bienestar que estarían por rendir cuentas ante la justicia. Aparte, claro está, de un incondicional que señalan como presunto implicado en la desaparición de Shamir Ramón Uscanga, (a) El Picudo, agente municipal de Sontecomapan y presidente de la cooperativa pesquera “Sirena del Mar”, quien fue visto por última vez el 25 de febrero pasado, cuando salió de su hogar hacia la cabecera municipal de San Andrés Tuxtla.
“Yo me comprometí que iba a enviar una reforma que tuviera que ver con lo que pedía la gente, y yo cumplí, primero. Y, segundo, pues es muy importante ver quién votó porque disminuyan los privilegios. Había muchos privilegios antes, los privilegios de quienes no pagaban impuestos. Nadie está en contra del dinero bien habido y de que haya empresarios, y de que haya inversión pública, y que haya inversión privada; pero privilegios en contra de la ley, pues eso no, junto con privilegios de uso de recursos públicos para que unos se enriquezcan a costa de otros con recurso público o que se utilice cuando hay tanta necesidad en el país.
“Entonces, ¿en qué consiste el Plan B? En lo mismo: seguir disminuyendo los privilegios. Tiene un objetivo: seguir disminuyendo los privilegios de aquellos que todavía tienen acceso a los recursos públicos. (...) Disminuir los privilegios que persisten en los Congresos locales, disminuir los privilegios que persisten en municipios. (...) Entonces el Plan B tiene un mismo objetivo que el Plan A: disminuir privilegios”, comentó Sheinbaum en su conferencia mañanera, en la que explicó que otra de las propuestas es poner un tope máximo al gasto de los Congreso locales.
“La primera propuesta que ya lo habíamos hecho, aquí la había presentado. Poner un tope máximo a lo que deben destinarse de los presupuestos a los Congresos locales, al Senado de la República. El Senado de la República, la Cámara de Diputados tiene su presupuesto, pero el Senado tiene bastante más presupuesto. Entonces, primera propuesta: poner tope. ¿Por qué? ¿Qué se haría con este recurso? Se queda en el estado, se queda en el municipio. ¿Para qué? Para las necesidades de la gente”, puntualizó.
La titular del Ejecutivo federal mostró también una tabla con el Presupuesto de Egresos de los Poderes Legislativos de cada entidad federativa, así como de las Regidurías, y destacó el caso de Monterrey, cuyo ayuntamiento tiene hasta 28 regidores.
Dio otro ejemplo: “¿Saben cuántos regidores tiene Acapulco? Porque al final de cuentas ves, te dicen, no sólo es lo que ganan, sino todo lo que cuesta. O sea, no sólo el salario, sino un entorno. ¿Cuántos regidores tiene Acapulco? 20; Monterrey, 28 regidores; Puebla, 23 regidores. ¿Ustedes creen que realmente se necesiten tantos regidores? Hay municipios que tienen tres síndicos, que son los tesoreros, digamos. ¿Para qué tienen tres? Y la verdad es que el país no lo necesita.
“Entonces, por ejemplo, si Monterrey tuviera 10 regidores, ¿a dónde se iría ese recurso? al municipio, para obra pública. Si Acapulco tiene 20 regidores y le ponemos un límite ¿A dónde iría ese recurso? A obra pública del municipio. Porque sí, somos una República federativa y los estados son autónomos, y somos parte de una República, pero lo que no puede haber son excesos. Y luego regidores que ganan más que la Presidenta, aún todavía, porque formalmente tienen salarios de 20 mil pesos, pero es el bono y el apoyo para el no sé qué, y el apoyo para el no sé cuánto, y el apoyo para el no sé cuánto más, y acaban con salarios de 500 mil pesos mensuales”, señaló.
La Presidenta Sheinbaum adelantó que el Plan B de la reforma electoral la enviará el próximo lunes al Congreso. “Y yo espero pues que pase. Si no pasa, tampoco pasa nada. Pero nosotros tenemos un mandato y una convicción y un principio. A nosotros no se nos olvida de dónde vinimos”, añadió.
¿Habrá tomado nota el actual delegado federal de la Secretaría de Bienestar, Juan Javier Gómez Cazarín?, un modesto exvendedor de una agencia de automóviles de Coatzacoalcos que ahora es inexplicablemente millonario luego de haber presidido la Junta de Coordinación Política en las dos Legislaturas locales del sexenio anterior, la LXV (2018-2021) y la LXVI (2021-2024).
Por cierto, trascendió que con el reciente cambio de titular en la Fiscalía General del Estado (FGE), el manto protector de Gómez Cazarín se encogió, por lo que algunos de sus incondicionales que se sentían impunes han comenzado a quedar desprotegidos.
Esta semana, por ejemplo, un empleado del Congreso de Veracruz muy allegado al delegado federal, identificado como José Manuel “N”, fue detenido por personal de la Fiscalía General, señalado como presunto responsable del delito de acoso sexual.
Los hechos ocurrieron en el interior del Congreso del Estado, donde laboraban tanto el agresor como dos de sus víctimas, las cuales eran compañeras de trabajo.
Ahora, luego de su detención, el acusado fue presentado ante un juez de control en el proceso penal 121/2026.
El diputado morenista Esteban Bautista Hernández, actual presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, había señalado la situación desde diciembre de 2025 –mes en que presentó su renuncia anticipada la exfiscal cuitlahuista Verónica Hernández Giadáns, cuya designación se dio en 2019 con Gómez Cazarín como líder camaral–, y Bautista solicitó en ese momento la intervención de la FGE.
Luego de la detención del presunto protegido de Gómez Cazarín, el diputado Bautista Hernández emitió un comunicado en el que reafirmó que en el Congreso del Estado no se permitirá este tipo de situaciones en contra de las mujeres y exigió que se aplique todo el peso de la ley.
“Tal como lo expresé en su momento a los medios de comunicación, en esta Legislatura no vamos a tolerar ninguna práctica al margen de la ley, y mucho menos conductas que atenten contra las mujeres, contra nuestras compañeras de trabajo”, apuntó.
“Lamento profundamente que este tipo de conductas sigan presentándose en nuestra sociedad y en el servicio público. Desde aquí expreso mi solidaridad, apoyo y respaldo a las compañeras afectadas, y confío en que las autoridades realizarán su trabajo hasta llegar a las últimas consecuencias”, añadió el diputado local por el distrito de Cosoleacaque.
Pero éste no sería el único caso de personajes ligados al exlíder del Congreso local y actual delegado de la Secretaría de Bienestar que estarían por rendir cuentas ante la justicia. Aparte, claro está, de un incondicional que señalan como presunto implicado en la desaparición de Shamir Ramón Uscanga, (a) El Picudo, agente municipal de Sontecomapan y presidente de la cooperativa pesquera “Sirena del Mar”, quien fue visto por última vez el 25 de febrero pasado, cuando salió de su hogar hacia la cabecera municipal de San Andrés Tuxtla.