A menos que la Fiscal General del Estado, Lisbeth Jiménez, presente las pruebas contundentes de la peligrosidad de los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste y de Úrsulo Galván, Raúl González Martínez y Bertín Bravo Montero, respectivamente, cuando se vote este miércoles su desafuero por presuntos delitos graves, se estará cometiendo una injusticia, un atropello y un acto de ilegalidad por motivos políticos.
En el ambiente no solo político sino social del estado permea la creencia de que la acusación de la fiscalía corresponde a un acto de represión política por el hecho de que los ediles son del partido Movimiento Ciudadano, contra el que la propia gobernadora ha arremetido en diversas ocasiones, acusando públicamente a varios de sus militantes sin haber presentado jamás una prueba de sus dichos.
Cuando se pensó que los actos de represión política del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez a través de su brazo ejecutor, la entonces fiscal Verónica Hernández Giadáns, habían quedado atrás, el actual da un paso para retomar la misma actitud. A uno lo acusan de la autoría intelectual de la muerte de una periodista, al otro, de la desaparición forzada de un empresario.
No ha dejado de llamarme la atención la cautela con la que han abordado el asunto lo mismo el secretario de la Comisión Instructora del Congreso local, Ramón Díaz Ávila (PT) que la presidenta de la Mesa Directiva de la Legislatura, Naomi Gómez Santos (Morena). Él adelantó que el dictamen va a favor de la petición de la fiscalía, lo que no deja dudas de que procederá el desafuero, porque los diputados de Morena y sus satélites son mayoría.
El petista declaró que determinaron darles garantías a los acusados, una de ellas, que cuando resuelvan su situación jurídica, las imputaciones que tienen en contra, "puedan regresar a su cargo sin ningún problema, solo solicitándolo al Congreso del Estado”. La morenista fue más explícita.
“La Comisión entiende que sí existen elementos, y hacer el hincapié de que, a ver, no es lo mismo un juicio de procedencia, nosotros no estamos diciendo 'es culpable' o 'no es culpable', lo único que decimos es que al final del día, al ser un servidor público, si existen elementos suficientes para que se lleve un procedimiento penal y que el juez decida, entonces que se haga".

Expuso que al Congreso del Estado solo le corresponde verificar que existan elementos constitutivos para que el asunto pase a la vía penal, por lo que instó a respetar la presunción de inocencia y el debido proceso que deberán resolver los juzgados correspondientes. O sea, como que quedó en el aire la idea de que, sí, pero no: uno habla de la posibilidad de que puedan regresar a su cargo, y la otra, de que no están diciendo que sean culpables necesariamente.

¿Será que no están convencidos de las acusaciones de la fiscal? ¿O es que, por lo que ya conocieron de los expedientes, no vieron pruebas sólidas, contundentes, o no vieron una sola que justifique el desafuero? ¿Es que saben que no se pueden oponer a una decisión política del más alto nivel, que el desafuero irá, pero que los tribunales federales exonerarán a los acusados y entonces con toda anticipación se están lavando las manos?
Si es que no le jalan las orejas y lo meten al redil, Díaz Ávila adelantó que en la comisión plantearon que quienes deben asumir los cargos que quedarán vacantes deben ser los suplentes, Juliana Ruiz Martínez y Pedro de Jesús Rosado Guzmán, lo que ya de perdida es lo correcto, pero se entendería que lo que se pretende es quitarle todo control y poder a Movimiento Ciudadano de cara a las elecciones intermedias dentro de diez meses, y ya veremos si no pretenden imponer como alcaldes suplentes a allegados al palacio de gobierno.
En el fondo, el diputado del PT, aunque aliado, sabe bien que los alcaldes de su partido a los que no han presionado para que se pasen a Morena están expuestos al mismo atropello, por eso, eso creo, habla de la eventualidad del retorno a sus cargos de quienes este miércoles serán desaforados.
Insisto, si la fiscal no prueba sus acusaciones, habrá que lamentar el retorno a una práctica que se pensó que había sido un hecho aislado del pasado gobierno. Si no las sustenta y aún sigue adelante, entonces el gobierno de Rocío Nahle habrá decepcionado una vez más.

Tan pronto como se vote el desafuero, Movimiento Ciudadano iniciará la defensa en tribunales. Con un ingrediente político: si a Morena le pintan mal las cosas, como ya le están pintando, para la renovación de las 17 gubernaturas que estarán en juego en 2027 y la presidenta Sheinbaum le pide a Dante una ayudadita, una primera condición será que devuelvan sus cargos a sus alcaldes.

Manuel Huerta pide pulcritud a la Fiscalía
Sobre el tema, el senador morenista Manuel Huerta opinó que la fiscalía debe actuar con pulcritud en las investigaciones para garantizar la presunción de inocencia y el debido proceso, y dijo que el Poder Legislativo tiene un alto compromiso legal frente a los dictámenes que se deberán emitir este miércoles.
“Creo que ellos (los diputados) y todos los veracruzanos y mexicanos estamos muy pendientes de la justicia. Una justicia que tiene que ser, yo creo que debe de haber pulcritud en las investigaciones. El Congreso local tiene mucha responsabilidad en lo que va a hacer.
Manifestó que cuando hay un señalamiento y no hay la presunción de inocencia, el debido proceso ya se etiqueta y se le marca como qué fue, “casi como que se anuncia un pronóstico. Yo estoy muy atento a que se den argumentos sólidos, legítimos en términos de la justicia, y que se proceda como se tenga que proceder".


“Ya huelen a baúl”; ¿también López Obrador?
El pasado fin de semana, en un videopodcast, la diputada local poblana, de Morena, Nayeli Salvatori, en un comentario sobre relaciones con hombres mayores de edad, afirmó que, fuchi, “ya huelen a viejito, a baúl”. Poco faltó para que dijera que también a alcanfor. Bien se puede deducir que lo mismo piensa respecto a las mujeres mayores de edad.
Habría que preguntarle si eso piensa también de Andrés Manuel López Obrador, gracias a quien, indirectamente, llegó al poder. La expresión suena y es despectiva. Pero eso piensa una militante y representante del partido que apoya a millones de adultos mayores, lo que nos indicaría que solo les dan dinero para comprar su voto porque en el fondo los desprecian.
Claro que la claridad de la poblana escandalizó, hicieron a que ofreciera disculpas, y el riesgo de que los adultos mayores les volteen la espalda en las elecciones del próximo año hizo que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena le abriera un procedimiento en contra, así como a la también diputada local, igual poblana y de Morena, Graciela Palomares, quien la secundó.
La dirigente nacional, Ariadna Montiel, fue más lejos. Se pronunció porque les suspendan sus derechos partidistas, para que a los militantes guindas les quede claro cómo deben comportarse.

Cuántos y cuántas en el gobierno de Veracruz se agacharon y dijeron yo paso cuando vieron venir la pedradota de la Salvatori. Así que si se da cuenta, de ahora en adelante, que la gober, el secretario, el subsecretario y compañía huelen a algún perfumito, no pregunten por qué. ¿Se hará un padrón también para saber qué marcas de perfumes prefieren?