8 de julio de 2019
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twitter: HELÍHERRERA.es
Cuando los consejeros del Instituto Nacional Electoral se enteraron de la propuesta de MORENA de reducir el financiamiento a los partidos políticos al 50 por ciento, y al presupuesto de esa institución encargada de organizar las elecciones en la misma proporción, de inmediato protestaron.
Desde el mismo día en que se enteraron del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que les quitaba 950 millones de pesos, manifestaron que se ponía en riesgo la organización de las elecciones, además de la expedición de 15 millones de credenciales para votar, la instalación de 16 mil 124 casillas electorales, así como la capacitación de 64 mil 496 funcionarios de casilla, por decir lo menos.
Por si eso fuera poco, en la primera quincena de enero del año que corre, el INE presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional contra el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, al considerar que el recorte por 950 millones de pesos representa una vulneración a la autonomía e independencia del Instituto.
Lorenzo Córdoba Vianello, presidente del Instituto Nacional Electoral definió como irresponsable el recorte millonario aplicado por el Congreso al máximo órgano electoral afirmando que "…esto coloca al INE en una situación crítica para cumplir con sus responsabilidades constitucionales y pone en riesgo la democracia".
Relato todo esto porque ahora, este mismo Instituto plantea recortar el financiamiento a los partidos políticos nacionales, y eliminar totalmente las prerrogativas para esos mismos partidos en los estados, como diciendo: Hágase la voluntad de dios, pero en los bueyes de mi compadre.
Partiendo del hecho que para acceder al poder político-económico en México (como en la inmensa mayoría de los países del mundo), es a través de los partidos políticos, y que para ganarse el voto de la ciudadanía es necesaria la campaña política para difundir la plataforma electoral, la declaración de principios y el perfil de los y las candidatas, la pregunta inmediata es, desde luego, de donde saldría el dinero para realizar todo este proselitismo porque sin él, no habría absolutamente nada.
Y es que ahora, mañosamente el INE aprovecha la impopularidad y rechazo de una gran parte de la sociedad contra los partidos políticos, sumándose al linchamiento de que son barril sin fondo, o medio para que sus dirigentes nacionales o estatales se enriquezcan, como bien lo supieron manejar mediáticamente los medios electrónicos, a partir del momento en que dejaron de venderles publicidad porque la Constitución se los prohibió (2007, antes no), para proponer el recorte a sus prerrogativas al 74%, sin entender lo escrito arriba: solo se puede tomar el poder político-económico por su conducto.
Los partidos políticos son como los impuestos. A ningún ciudadano le ha gustado, y le gusta pagarlos, los aborrece, porque no han entendido que gracias a ellos se construyen escuelas y se pagan a los profesores; se construyen hospitales y se pagan a los médicos y las enfermeras; se construyen carreteras y caminos vecinales. Lo mismo sucede con los partidos políticos que los cuestiona severamente la sociedad como entes inservibles y corruptos, pero que, sin ellos, solo podría llegarse al poder público a través de una lucha armada.
Si partimos del silogismo -No hay política sin dinero-, surge entonces la pregunta ¿De dónde deben salir los recursos para alimentar la actividad de los partidos que son los que hacen política? ¿Públicos o privados?
En nuestro país, como en muchos otros, se ha optado porque sean públicos puesto que de esa forma sabemos quién los da (Estado), son transparentes porque sabemos cuánto se le entrega a cada partido político, y con qué frecuencia, y ahora, con las facultades legales que tienen las autoridades electorales, saben seguir el curso y destino de esos dineros.
Si no recibieran esos recursos, o se los bajaran drásticamente como ahora pretenden el INE al 74%, le dejan a los partidos la posibilidad de que su financiamiento sea privado, a sabiendas que más del 84 por ciento de la población nacional no tiene ninguna posibilidad de otorgar algún apoyo económico a los partidos políticos, dado que van al día en sus necesidades de subsistencia; luego entonces, queda solo esa posibilidad con la clase pudiente de México, y/o con los grupos dedicados a actividades ilícitas.
Ambos sectores estarían interesadísimos en patrocinar a los institutos políticos e imponerles condiciones y candidatos a los distintos cargos de elección popular, incluyendo el de la presidencia de la república.
¿Acaso no observan este escenario los consejeros del Instituto Nacional Electoral?
Nos guste o no, detener el financiamiento público a los partidos políticos en México dejaría al movimiento obrero y a las clases medias-bajas sin ninguna posibilidad de acceder al poder público, porque se quedarían sin partido para ello. Solo las clases adineradas, los pequeños grupos que concentran la riqueza en México y los que actúan al margen de la ley (delincuencia organizada), estarían de plácemes, porque tendrían el campo fértil, la autopista pavimentada para apoderarse del poder público en México.
¿Eso es lo que quieren los consejeros del INE, y todos aquellos que pujan para que les quiten las prerrogativas a los partidos políticos?
twitter: HELÍHERRERA.es
Cuando los consejeros del Instituto Nacional Electoral se enteraron de la propuesta de MORENA de reducir el financiamiento a los partidos políticos al 50 por ciento, y al presupuesto de esa institución encargada de organizar las elecciones en la misma proporción, de inmediato protestaron.
Desde el mismo día en que se enteraron del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que les quitaba 950 millones de pesos, manifestaron que se ponía en riesgo la organización de las elecciones, además de la expedición de 15 millones de credenciales para votar, la instalación de 16 mil 124 casillas electorales, así como la capacitación de 64 mil 496 funcionarios de casilla, por decir lo menos.
Por si eso fuera poco, en la primera quincena de enero del año que corre, el INE presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional contra el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, al considerar que el recorte por 950 millones de pesos representa una vulneración a la autonomía e independencia del Instituto.
Lorenzo Córdoba Vianello, presidente del Instituto Nacional Electoral definió como irresponsable el recorte millonario aplicado por el Congreso al máximo órgano electoral afirmando que "…esto coloca al INE en una situación crítica para cumplir con sus responsabilidades constitucionales y pone en riesgo la democracia".
Relato todo esto porque ahora, este mismo Instituto plantea recortar el financiamiento a los partidos políticos nacionales, y eliminar totalmente las prerrogativas para esos mismos partidos en los estados, como diciendo: Hágase la voluntad de dios, pero en los bueyes de mi compadre.
Partiendo del hecho que para acceder al poder político-económico en México (como en la inmensa mayoría de los países del mundo), es a través de los partidos políticos, y que para ganarse el voto de la ciudadanía es necesaria la campaña política para difundir la plataforma electoral, la declaración de principios y el perfil de los y las candidatas, la pregunta inmediata es, desde luego, de donde saldría el dinero para realizar todo este proselitismo porque sin él, no habría absolutamente nada.
Y es que ahora, mañosamente el INE aprovecha la impopularidad y rechazo de una gran parte de la sociedad contra los partidos políticos, sumándose al linchamiento de que son barril sin fondo, o medio para que sus dirigentes nacionales o estatales se enriquezcan, como bien lo supieron manejar mediáticamente los medios electrónicos, a partir del momento en que dejaron de venderles publicidad porque la Constitución se los prohibió (2007, antes no), para proponer el recorte a sus prerrogativas al 74%, sin entender lo escrito arriba: solo se puede tomar el poder político-económico por su conducto.
Los partidos políticos son como los impuestos. A ningún ciudadano le ha gustado, y le gusta pagarlos, los aborrece, porque no han entendido que gracias a ellos se construyen escuelas y se pagan a los profesores; se construyen hospitales y se pagan a los médicos y las enfermeras; se construyen carreteras y caminos vecinales. Lo mismo sucede con los partidos políticos que los cuestiona severamente la sociedad como entes inservibles y corruptos, pero que, sin ellos, solo podría llegarse al poder público a través de una lucha armada.
Si partimos del silogismo -No hay política sin dinero-, surge entonces la pregunta ¿De dónde deben salir los recursos para alimentar la actividad de los partidos que son los que hacen política? ¿Públicos o privados?
En nuestro país, como en muchos otros, se ha optado porque sean públicos puesto que de esa forma sabemos quién los da (Estado), son transparentes porque sabemos cuánto se le entrega a cada partido político, y con qué frecuencia, y ahora, con las facultades legales que tienen las autoridades electorales, saben seguir el curso y destino de esos dineros.
Si no recibieran esos recursos, o se los bajaran drásticamente como ahora pretenden el INE al 74%, le dejan a los partidos la posibilidad de que su financiamiento sea privado, a sabiendas que más del 84 por ciento de la población nacional no tiene ninguna posibilidad de otorgar algún apoyo económico a los partidos políticos, dado que van al día en sus necesidades de subsistencia; luego entonces, queda solo esa posibilidad con la clase pudiente de México, y/o con los grupos dedicados a actividades ilícitas.
Ambos sectores estarían interesadísimos en patrocinar a los institutos políticos e imponerles condiciones y candidatos a los distintos cargos de elección popular, incluyendo el de la presidencia de la república.
¿Acaso no observan este escenario los consejeros del Instituto Nacional Electoral?
Nos guste o no, detener el financiamiento público a los partidos políticos en México dejaría al movimiento obrero y a las clases medias-bajas sin ninguna posibilidad de acceder al poder público, porque se quedarían sin partido para ello. Solo las clases adineradas, los pequeños grupos que concentran la riqueza en México y los que actúan al margen de la ley (delincuencia organizada), estarían de plácemes, porque tendrían el campo fértil, la autopista pavimentada para apoderarse del poder público en México.
¿Eso es lo que quieren los consejeros del INE, y todos aquellos que pujan para que les quiten las prerrogativas a los partidos políticos?