1 de junio de 2020
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twitter: HELÍHERRERA.es
La pandemia del coronavirus ya no es solo una crisis sanitaria, sino también económica, social y alimentaria. Esa es la realidad que estamos observando en todo el planeta, tanto en países subdesarrollados como en las grandes potencias industrializadas, golpeando, con mayor severidad a las y los trabajadores y subempleados (economía informal), que tienen que moverse, salir a la calle y exponerse a la infección por hambre y necesidad.
En Chile, la Cámara de Diputados aprobó el pasado martes 26 de mayo un proyecto de resolución, que pide al presidente Sebastián Piñeira crear un impuesto transitorio de 2.5% a los superricos, para financiar una renta básica de emergencia para casi 10 millones de personas durante seis meses, que evitaría que salieran a la calle a buscar sustento para sobrevivir y no solo exponerse, sino contagiarse y contagiar a más chilenos, en su desesperación por llevar alimentos a sus casas.
La iniciativa partió de las diputadas Karol Kariola y Camila Vallejo, ambas del partido comunista, que desde hace más de un mes la habían presentado a oficialía de partes, bajo el titulo: Que no te mientan, en Chile hay plata, y plantean en ella la creación de ese impuesto transitorio que afectaría a 15 familias multimillonarias en ese país de Salvador Allende y Pablo Neruda, las cuales concentran el 12.4% del Producto Interno Bruto, es decir, 37,300 millones de dólares.
Al siguiente día de la aprobación (miércoles 27), economistas de La Comisión Económica para América latina y el Caribe (CEPAL), una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas y de Organismos Internacionales salieron a decir, que >tener un impuesto al patrimonio de los superricos es una necesidad para poder solventar los costos de esta crisis, que hoy día han estado pagando los mas pobres y miserables en el mundo<.
México no es la excepción porque hay una desigualdad brutal en la distribución de la riqueza, que se refleja en los estándares de bienestar. Según cifras del Consejo Nacional de Evaluación de Política Social (CONEVAL), existen 52.4 millones de compatriotas pobres, y casi 7 millones en pobreza extrema, que solo realizan una comida al día, mientras 17 familias concentran 132 mil 500 millones de dólares, encabezadas por Carlos Slim Helú del grupo Telmex-Telcel con 64 mil millones de dólares; Germán Larrea Mora Velasco, del Grupo México (minería), con 13,300 MDD; Ricardo Salinas Pliego, del grupo Elektra con 11,100 MDD; Alberto Bailleres González, del grupo Peñoles (palacio de Hierro), con 7,400 MDD; Eva Gonda de Rivera, del grupo FEMSA, con 6,700 millones de dólares; María Asunción Aramburozabala, del grupo Tresalia (antes cervecería MODELO), con 5,600 MDD; Juan Francisco Bachman Vidal del grupo Tequila Cuervo, con 4,300 millones de dólares; Jerónimo Arango, del grupo Aurrera, con 4,300 MDD; Antonio del Valle, del grupo Mexichem (banco vital y tubos de plástico), con 3,200 MDD; Carlos Hank Rhon, del grupo financiero Banorte, con 2,200 millones de dólares; Juan Francisco Calderón Rojas, del grupo Oxxo, con 2,200 MDD; Roberto Hernández Ramírez, del grupo Citybanamex con 1,800 millones de dólares; Fernando Chico Pardo, del grupo aeroportuario del sureste (ASUR), con 1,500 MDD; Rufino Vigil González, del grupo industrial CH (acero), con 1,300 MDD; David Peñaloza Alanís, del grupo Pinfra (constructor de autopistas), con 1,200 millones de dólares; Alfredo Harp Helú, del grupo Accival (bolsa de valores), con 1,200 millones de dólares y Emilio Azcárraga Jean, del grupo televisa, con 1,200 MDD.
Si se aplicara aquí un impuesto transitorio similar al que acaban de aprobar en Chile de 2.5% a esas inconmensurables 17 fortunas, se estaría recaudando 3,312,500 millones de dólares, o sea 69 mil 562.5 millones de pesos, tomando en cuenta a 21 pesos por dólar. Ahora bien, según estima el Centro de Análisis Económico del Tecnológico de Monterrey, y el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico IDIC, en México, el virus covid19 provocará una merma entre 600 y 900 mil empleos al 31 de mayo, y en el extremo de los casos, hasta el 31 de julio, de 1 millón 800 mil desempleados. Si tomamos esa última cifra como pico referencial, podemos afirmar que esa cantidad serviría para pagarles a ese millón 800 mil desempleados durante 10 meses su salario mínimo mensual, que es de 3,746 pesos (algo así como un seguro económico por el desempleo, o ingreso vital), alejándolos de esa forma de las terribles pesadillas que viven día con día.
Pero también, con esa misma cantidad se podrían adquirir 16,544 ventiladores alemanes para dotar a todos los hospitales, clínicas del IMSS y del ISSSTE, y de esa manera garantizar que todo aquel enfermo de coronavirus tenga acceso a uno de ellos, sin tener que dejar en manos del director del nosocomio la decisión de a quien si y a quien no le colocan uno (provocando su muerte), por la falta de los mismos, partiendo que estos ventiladores son de una industria tecnológica alemana, y se encuentran en el mercado internacional a un precio de 20 mil dólares (21 pesos por cada divisa norteamericana).
Chile y su poder legislativo ya dieron el ejemplo. ¿Algún diputado, diputada, senador o senadora se atreverían a presentar una iniciativa idéntica, la cual, siendo sinceros, no les quita el sueño a estos multimillonarios que, en su vida, ellos y sus familias acabarán con esas fortunas?
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La pandemia del coronavirus ya no es solo una crisis sanitaria, sino también económica, social y alimentaria. Esa es la realidad que estamos observando en todo el planeta, tanto en países subdesarrollados como en las grandes potencias industrializadas, golpeando, con mayor severidad a las y los trabajadores y subempleados (economía informal), que tienen que moverse, salir a la calle y exponerse a la infección por hambre y necesidad.
En Chile, la Cámara de Diputados aprobó el pasado martes 26 de mayo un proyecto de resolución, que pide al presidente Sebastián Piñeira crear un impuesto transitorio de 2.5% a los superricos, para financiar una renta básica de emergencia para casi 10 millones de personas durante seis meses, que evitaría que salieran a la calle a buscar sustento para sobrevivir y no solo exponerse, sino contagiarse y contagiar a más chilenos, en su desesperación por llevar alimentos a sus casas.
La iniciativa partió de las diputadas Karol Kariola y Camila Vallejo, ambas del partido comunista, que desde hace más de un mes la habían presentado a oficialía de partes, bajo el titulo: Que no te mientan, en Chile hay plata, y plantean en ella la creación de ese impuesto transitorio que afectaría a 15 familias multimillonarias en ese país de Salvador Allende y Pablo Neruda, las cuales concentran el 12.4% del Producto Interno Bruto, es decir, 37,300 millones de dólares.
Al siguiente día de la aprobación (miércoles 27), economistas de La Comisión Económica para América latina y el Caribe (CEPAL), una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas y de Organismos Internacionales salieron a decir, que >tener un impuesto al patrimonio de los superricos es una necesidad para poder solventar los costos de esta crisis, que hoy día han estado pagando los mas pobres y miserables en el mundo<.
México no es la excepción porque hay una desigualdad brutal en la distribución de la riqueza, que se refleja en los estándares de bienestar. Según cifras del Consejo Nacional de Evaluación de Política Social (CONEVAL), existen 52.4 millones de compatriotas pobres, y casi 7 millones en pobreza extrema, que solo realizan una comida al día, mientras 17 familias concentran 132 mil 500 millones de dólares, encabezadas por Carlos Slim Helú del grupo Telmex-Telcel con 64 mil millones de dólares; Germán Larrea Mora Velasco, del Grupo México (minería), con 13,300 MDD; Ricardo Salinas Pliego, del grupo Elektra con 11,100 MDD; Alberto Bailleres González, del grupo Peñoles (palacio de Hierro), con 7,400 MDD; Eva Gonda de Rivera, del grupo FEMSA, con 6,700 millones de dólares; María Asunción Aramburozabala, del grupo Tresalia (antes cervecería MODELO), con 5,600 MDD; Juan Francisco Bachman Vidal del grupo Tequila Cuervo, con 4,300 millones de dólares; Jerónimo Arango, del grupo Aurrera, con 4,300 MDD; Antonio del Valle, del grupo Mexichem (banco vital y tubos de plástico), con 3,200 MDD; Carlos Hank Rhon, del grupo financiero Banorte, con 2,200 millones de dólares; Juan Francisco Calderón Rojas, del grupo Oxxo, con 2,200 MDD; Roberto Hernández Ramírez, del grupo Citybanamex con 1,800 millones de dólares; Fernando Chico Pardo, del grupo aeroportuario del sureste (ASUR), con 1,500 MDD; Rufino Vigil González, del grupo industrial CH (acero), con 1,300 MDD; David Peñaloza Alanís, del grupo Pinfra (constructor de autopistas), con 1,200 millones de dólares; Alfredo Harp Helú, del grupo Accival (bolsa de valores), con 1,200 millones de dólares y Emilio Azcárraga Jean, del grupo televisa, con 1,200 MDD.
Si se aplicara aquí un impuesto transitorio similar al que acaban de aprobar en Chile de 2.5% a esas inconmensurables 17 fortunas, se estaría recaudando 3,312,500 millones de dólares, o sea 69 mil 562.5 millones de pesos, tomando en cuenta a 21 pesos por dólar. Ahora bien, según estima el Centro de Análisis Económico del Tecnológico de Monterrey, y el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico IDIC, en México, el virus covid19 provocará una merma entre 600 y 900 mil empleos al 31 de mayo, y en el extremo de los casos, hasta el 31 de julio, de 1 millón 800 mil desempleados. Si tomamos esa última cifra como pico referencial, podemos afirmar que esa cantidad serviría para pagarles a ese millón 800 mil desempleados durante 10 meses su salario mínimo mensual, que es de 3,746 pesos (algo así como un seguro económico por el desempleo, o ingreso vital), alejándolos de esa forma de las terribles pesadillas que viven día con día.
Pero también, con esa misma cantidad se podrían adquirir 16,544 ventiladores alemanes para dotar a todos los hospitales, clínicas del IMSS y del ISSSTE, y de esa manera garantizar que todo aquel enfermo de coronavirus tenga acceso a uno de ellos, sin tener que dejar en manos del director del nosocomio la decisión de a quien si y a quien no le colocan uno (provocando su muerte), por la falta de los mismos, partiendo que estos ventiladores son de una industria tecnológica alemana, y se encuentran en el mercado internacional a un precio de 20 mil dólares (21 pesos por cada divisa norteamericana).
Chile y su poder legislativo ya dieron el ejemplo. ¿Algún diputado, diputada, senador o senadora se atreverían a presentar una iniciativa idéntica, la cual, siendo sinceros, no les quita el sueño a estos multimillonarios que, en su vida, ellos y sus familias acabarán con esas fortunas?