31 de agosto de 2020
alcalorpolitico.com
[email protected]
twitter: HELÍHERRERA.es
Lleva años el presidente de México diciendo que él se opondría a llevar a la cárcel a Enrique Peña Nieto. Inclusive desde que era candidato-ganador.
Que en todo caso, le solicitaría al pueblo de México que, mediante una consulta popular, manifestaran su exigencia de hacerlo o no, pero que él votaría, desde luego, por no llevar ni a Peña, ni a ningún otro expresidente, así sea Carlos Salinas de Gortari, al que bautizó como el jefe de la mafia en el poder.
En aquellos tiempos era defendible todavía esa posición de Andrés Manuel, dado que no existía ninguna acusación o señalamiento contra algún exejecutivo federal, pero desde que el preso (que no está preso) VIP Emilio Lozoya enlodó a Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, a Carlos Salinas y Enrique Peña Nieto, la situación ha dado un viraje de 360 grados, porque los tres son señalados de haber cometido acciones ilegales y, por tanto, la Fiscalía General de la República debe investigarlos.
Para hacerlo, esta institución no necesita de consulta popular o plebiscito alguno. Baste con que exista una acusación de alguien contra cualquier mexicano, trátese de quien se trate, debiendo de inmediato iniciar tantas diligencias como se requieran hasta indagar si éstas son ciertas (pruebas-testimonios-etc.), y de ser así, consignarlo ante un juez competente para que le gire orden de aprehensión.
De no encontrarlo culpable de la acusación que le hicieran, no procederá a su consignación ante la autoridad judicial. Así de simple y sencillo es el asunto.
Sin embargo, y acostumbrado a como nos tiene el presidente López Obrador a “sus distractores”, en el ánimo de que no se hable de los más de 64 mil muertos que ya llevamos por la mala administración de la pandemia (y que nos pronostica la universidad de Johns Hopkins que llegaremos a más de 150 mil en este año), se ha sacado de la manga el que, a través de una consulta popular, se le pregunte a los y las mexicanas si se enjuicia a Felipe de Jesús, a Salinas y a Peña Nieto, y aquí tenemos que hablar claro y fuerte: LO QUE ESTÁ ESCRITO EN LA LEY NO SE PUEDE SOMETER A CONSULTA ALGUNA, ni la que señala el artículo 35 de la Constitución General de la República y su ley reglamentaria (Ley Federal de Consulta Popular), ni de esas que acostumbra, cuando le conviene al hoy presidente, a mano alzada.
Emilio Lozoya, en su denuncia escrita presentada el 11 de agosto a la Fiscalía General de la República, precisa varios presuntos delitos cometidos por estos tres expresidentes, que merecen citatorios de la Fiscalía para que éstos expresidentes contesten a los mismos, y así, una vez iniciada la averiguación, la Fiscalía deberá valorar las pruebas presentadas por el acusador, sus testigos, así como también las que en su descargo lleven a esa institución impartidora de justicia los tres señalados, y agotada la investigación, valore si existen elementos suficientes de cargo como para consignarlos ante un juez para que se les gire orden de detención o no.
¡Nada que para proceder contra ellos el Congreso de la Unión deberá convocar a una consulta popular, siempre y cuando la solicite 1.- El Presidente; 2.- El equivalente al 33% de los integrantes de cualquiera de las dos cámaras, es decir, 164 de los 500 diputados, o 43 de los 128 senadores y 3.- El 2% de los 89 millones 920 mil ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, es decir: un millón 798 mil ciudadanos (artículo 32 de nuestra Constitución Federal), y que ésta consulta popular será hasta el primero de agosto del año próximo como lo precisa el artículo 35 de la Ley de Leyes!
Esto, con todo respeto es una tomada de pelo que nos quiere dar el compadre del padre de Emilio Lozoya Austin, dado que tiene su palabra empeñada con Peña de no proceder contra él, por haberle facilitado su camino a la presidencia de la república.
La ley no se puede poner a debate o consulta. Simplemente se cumple y punto.
De tal suerte que la Fiscalía debe investigar la acusación que interpuso el preso (que no está preso) VIP, contra los expresidentes Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto (entre muchas otras personas) ya, sin dilatación alguna, so pena de caer en responsabilidad penal también por omisión.
twitter: HELÍHERRERA.es
Lleva años el presidente de México diciendo que él se opondría a llevar a la cárcel a Enrique Peña Nieto. Inclusive desde que era candidato-ganador.
Que en todo caso, le solicitaría al pueblo de México que, mediante una consulta popular, manifestaran su exigencia de hacerlo o no, pero que él votaría, desde luego, por no llevar ni a Peña, ni a ningún otro expresidente, así sea Carlos Salinas de Gortari, al que bautizó como el jefe de la mafia en el poder.
En aquellos tiempos era defendible todavía esa posición de Andrés Manuel, dado que no existía ninguna acusación o señalamiento contra algún exejecutivo federal, pero desde que el preso (que no está preso) VIP Emilio Lozoya enlodó a Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, a Carlos Salinas y Enrique Peña Nieto, la situación ha dado un viraje de 360 grados, porque los tres son señalados de haber cometido acciones ilegales y, por tanto, la Fiscalía General de la República debe investigarlos.
Para hacerlo, esta institución no necesita de consulta popular o plebiscito alguno. Baste con que exista una acusación de alguien contra cualquier mexicano, trátese de quien se trate, debiendo de inmediato iniciar tantas diligencias como se requieran hasta indagar si éstas son ciertas (pruebas-testimonios-etc.), y de ser así, consignarlo ante un juez competente para que le gire orden de aprehensión.
De no encontrarlo culpable de la acusación que le hicieran, no procederá a su consignación ante la autoridad judicial. Así de simple y sencillo es el asunto.
Sin embargo, y acostumbrado a como nos tiene el presidente López Obrador a “sus distractores”, en el ánimo de que no se hable de los más de 64 mil muertos que ya llevamos por la mala administración de la pandemia (y que nos pronostica la universidad de Johns Hopkins que llegaremos a más de 150 mil en este año), se ha sacado de la manga el que, a través de una consulta popular, se le pregunte a los y las mexicanas si se enjuicia a Felipe de Jesús, a Salinas y a Peña Nieto, y aquí tenemos que hablar claro y fuerte: LO QUE ESTÁ ESCRITO EN LA LEY NO SE PUEDE SOMETER A CONSULTA ALGUNA, ni la que señala el artículo 35 de la Constitución General de la República y su ley reglamentaria (Ley Federal de Consulta Popular), ni de esas que acostumbra, cuando le conviene al hoy presidente, a mano alzada.
Emilio Lozoya, en su denuncia escrita presentada el 11 de agosto a la Fiscalía General de la República, precisa varios presuntos delitos cometidos por estos tres expresidentes, que merecen citatorios de la Fiscalía para que éstos expresidentes contesten a los mismos, y así, una vez iniciada la averiguación, la Fiscalía deberá valorar las pruebas presentadas por el acusador, sus testigos, así como también las que en su descargo lleven a esa institución impartidora de justicia los tres señalados, y agotada la investigación, valore si existen elementos suficientes de cargo como para consignarlos ante un juez para que se les gire orden de detención o no.
¡Nada que para proceder contra ellos el Congreso de la Unión deberá convocar a una consulta popular, siempre y cuando la solicite 1.- El Presidente; 2.- El equivalente al 33% de los integrantes de cualquiera de las dos cámaras, es decir, 164 de los 500 diputados, o 43 de los 128 senadores y 3.- El 2% de los 89 millones 920 mil ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, es decir: un millón 798 mil ciudadanos (artículo 32 de nuestra Constitución Federal), y que ésta consulta popular será hasta el primero de agosto del año próximo como lo precisa el artículo 35 de la Ley de Leyes!
Esto, con todo respeto es una tomada de pelo que nos quiere dar el compadre del padre de Emilio Lozoya Austin, dado que tiene su palabra empeñada con Peña de no proceder contra él, por haberle facilitado su camino a la presidencia de la república.
La ley no se puede poner a debate o consulta. Simplemente se cumple y punto.
De tal suerte que la Fiscalía debe investigar la acusación que interpuso el preso (que no está preso) VIP, contra los expresidentes Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto (entre muchas otras personas) ya, sin dilatación alguna, so pena de caer en responsabilidad penal también por omisión.