Si la democracia fuere en una de sus manifestaciones la suma de voluntades mayoritarias en un solo sentido, para que fuera aceptable requeriría de su calificación por parte de un árbitro imparcial apegado a un conjunto de normas dictadas con anterioridad a su realización, independientemente de su desarrollo que puede ser patrocinada con dinero del erario público o por dinero y recursos de la iniciativa privada siempre y cuando su procedencia sea licita.

La reforma electoral que se discute en el congreso federal, a propuesta del Presidente López Obrador, contiene una enorme riqueza de conceptos y de adecuaciones dignos de analizarse a profundidad para extraer de ella lo mejor, lo que más convenga a la certeza y veracidad del resultado electoral debería de ser una contribución histórica para la democracia mexicana.

Pero hay que anotar también que su aspecto da la impresión lamentable de ser aún rupestre en cuanto a que no enfoca algún avance hacia la modernidad, permaneciendo firme en un atroz pasado de perversiones y manipulación con dudosos mecanismos legales, nada se ve del voto o de la urna electrónica y resulta novedoso lo que se discute respecto a la segunda vuelta en la elección presidencial en los que los enemigos o adversarios se unen de último momento para derrotar al aparentemente triunfador, reconsiderando factores e intereses.


También se habla de establecer constitucionalmente la Vice Presidencia como en los países democráticos altamente civilizados para suplir las ausencias del titular, en este estilo existen dos formas para lograrlo.

En México nace en la constitución de 1824, disponiendo que la vice presidencia sería ocupada por quien ocupara el segundo lugar en la elección, así Don Nicolás Bravo fue el suplente de Don Guadalupe Victoria, pero no conforme con ser el segundo, comenzó a conspirar y fue exiliado al no lograr destituir a Victoria. Anastasio Bustamante como suplente de Don Vicente Guerrero, se levantó en armas contra éste y lo venció y así se sucedió hasta que fue derogada. En las siete leyes, volvió a cobrar vida y fue base de las dictaduras de grupos.

La otra fórmula fue establecida mediante una reforma a la constitución de 1857, lo que permitió a Don Ramón Corral ser electo junto con Porfirio Díaz, esta forma de elección fue calificada como nefasta culminando con el asesinato del último vicepresidente de México, Don José María Pino Suarez, suplente del mártir de la democracia, Don Francisco I. Madero.


Desde la visión de los militantes de la cuarta transformación, la propuesta presidencial es un instrumento útil que le permitirá al gobierno ahorrar miles de millones de pesos al suprimir 200 diputados federales, 32 senadores, centralizar todos los procesos electorales, evidentemente desaparecer los Oples locales argumentando de que estos están bajo el dominio de los gobernadores a los que obedecen en las líneas que estos les marquen.

Propone que en tiempo de elecciones se creen comisiones o comités extraordinarios y desaparecer los onerosos distritos electorales federales y locales que en tiempos normales holgazanean y cobran elevados sueldos, viáticos, comisiones, compensaciones que no devengan y que son visiblemente innecesarios.

Todo ello suena muy bien, pero en el fondo para los analistas es una propuesta que en el fondo es destructiva, no siendo trascendente en ella el cambio de nombre del Instituto Nacional Electoral, por el del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas que se integraría por 7 consejeros en lugar de 11, reducir su periodo de funciones a 6 en lugar de 8 años y elegirlos mediante una elección ciudadana directa de entre una lista de 60 ciudadanos que se integraría mediante propuestas, emanadas del Presidente de la Republica, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 20 del Congreso de la Unión, presumiblemente no aceptada porque con el mayoriteo de quienes proponen la lista ya iría definida con intelectuales, profesionistas o ciudadanos comunes sin ningún compromiso con la democracia y de quienes no interesaría la experiencia ya que conforme a la tesis oficial no importaría más que el que poseyeran 10% de experiencia y 90 % de honestidad, haciendo a un lado la capacidad o el conocimiento que se requiere en materia electoral, estos, quienes sean, apoyados por sus respectivos partidos políticos serian quienes tendrían en sus manos el calificar las elecciones con una alta dosis de lealtad la transformación, es decir en las manos del pueblo.


Este es un mecanismo excesivamente laxo, considerado como a modo y sin autonomía ya que sus integrantes estarían comprometidos a decidir a favor de a quien le deben su nominación imaginariamente al pueblo, pero realmente al partido que los propuso e instrumentó movilizaciones para motivar el voto a su favor, se considera como una amenaza a la alternancia ya que no permitiría el arribo al poder por un partido distinto y sería contrario a la tradición nacional que en tres sexenios ha sido gobernado por tres partidos políticos distintos.

En la legislación actual, el consejo general está integrado por 11 consejeros y representantes de los partidos políticos con voz pero sin voto, que son elegidos por el voto de las 2/3 partes de los diputados presentes, previa realización de una amplia consulta a la sociedad, para lo que se constituye un comité técnico externo y sin alineación política a ningún partido, que convoca a todos los interesados a quienes convoca y una vez cerrada la inscripción procede a examinarlos y de entre ellos con un criterio estrictamente técnico comienza a eliminar y posteriormente pasa al congreso para su elección.

Finalmente hay que hacer notar que la reforma electoral así propuesta es destructiva porque en sí, se justifica por proponer el abatir un sistema electoral calificado de dispendioso, que atenta contra el sistema de privilegios partidistas, hasta ahora recipiendarios de multimillonarias partidas que se reparten entre amigos y compadres y se reparten también los sueldos y gastos que por carretadas les entrega el gobierno, desafortunadamente no contempla castigos más estrictos para acabar con las practicas inadecuadas, que en lenguaje popular se traducen como vicios electorales, pero aun cuando no se apruebe lo importante es que los asuntos concernientes se ventilen y el pueblo sabio saque sus conclusiones.


Pero si todos los indicios de poder, de estructura, de organización, encuestas y demás medios de percepción nos indican que, si los humores sociales no varían de aquí al momento de la elección, el triunfo de Morena está asegurado, entonces para qué ensayar con un nuevo procedimiento que ponga en duda la credibilidad de un triunfo que pudiera obtener clara y contundente. Máxime que en el balance de los porcentajes de aceptación, Presidente e INE, emparejan el fiel de la balanza cuyo peso y balanceó se lo da la opinión pública. - Por el bien de la causa.