El huachicol a todo lo que da

En el 2018 cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo de Presidente de la República, entre otras muchas cosas que no ha cumplido, le declaró la guerra a las bandas del huachicol que son los que perforan ductos de PEMEX por donde se distribuye la gasolina, los “ordeñan” y a distribuir el combustible robado ya sea a empresas que para operar usan flotillas de camiones, directamente a gasolinerías, o de plano ponen a la venta lo robado en las puertas de sus domicilios, a diez pesos el litro de magna.


A más de cuatro años de distancia, López Obrador no ha combatido este robo descarado de gasolina, pero eso sí, en una pantomima que fingió para resolver este fenómeno ilegal, 15 dependencias del gobierno activaron medidas como el resguardo de las seis refinerías, despido de funcionarios, análisis fiscal, vigilancia de puntos estratégicos, compra de pipas, tipificación del robo de petrolíferos como delito grave y control de ductos. Este último punto fue el que causó más estragos inmediatos a la población.

Tras varios días de silencio y múltiples alertas en estados como Jalisco, Michoacán y Estado de México, el gobierno mexicano finalmente argumentó que se trataba de un suministro más lento mediante pipas derivado de la estrategia, pero reiteró que no había escasez de combustible, a pesar de que 7 de cada 10 gasolineras de Jalisco carecían de gasolina y diésel. “Tenemos gasolina suficiente. No hay problema de desabasto”, declaró el mandatario mexicano en su conferencia matutina del 7 de enero. Esta decisión fue un camino que el gobierno no debió tomar, pues “estuvo mal planeado el cierre de ductos sin tener una previsión del desabasto. El daño económico y social fue muy grande”, comentó el socio de la consultora energética HCX, Rodrigo Favela. Las pérdidas para la economía mexicana serán de 23,600 millones de pesos o 0.1 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), estimó el grupo financiero Citibanamex en un reporte.

Para Luis Miguel Labardini, analista de la firma energética Marcos y Asociados, la estrategia contra el robo de combustible fue una acción emergente “sin suficiente planeación”. “Cerrar las válvulas indefectiblemente iba a resultar en un desabasto de combustible porque no tenemos capacidad de almacenamiento. En México tenemos 2.5 días de capacidad contra 90 en Estados Unidos”, evidenció.


El 8 de enero de 2018, López Obrador presumía los ahorros multimillonarios por el cierre de ductos, que sumaban 2,500 millones de pesos (mdp) desde el comienzo de su estrategia. A pesar de que el problema se acotaba, las ordeñas ilegales continuaban. 10 días después de las palabras del presidente, al menos 130 personas murieron luego de que explotara un ducto de Pemex debido a una toma clandestina en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo. Los testimonios en video recopilados revelaron que la policía y fuerzas militares que llegaron a la zona advirtieron del peligro inminente a los pobladores, mientras el combustible seguía fugándose y recolectándose por los habitantes aledaños. Aquí los detalles: ‘No vaya a explotar esa madre’, advirtieron ejército y policía a población de Tlahuelilpan. Aunque el sistema supervisor de control y adquisición de datos (SCADA, por sus siglas en inglés) de Pemex permite detectar la baja de presión en un ducto, pueden pasar incluso horas antes de que deje de fluir el petrolífero.

Labardini recuerda que el sistema SCADA fue diseñado para medir la presión de los ductos, no para detectar tomas clandestinas “Tarda mucho, horas en detectar una toma clandestina”. “El SCADA fue hecho para controlar las presiones de los ductos, no fue concebido ni diseñado para detectar el robo de combustibles, es muy lento para detectar una caída en la presión, pueden pasar horas antes de que lo detectes”, comentó.

Ahora que hemos tenido que ir constantemente a la ciudad de México por problemas de salud, viajamos de regreso a Xalapa de las nueve de la noche en adelante, de tal forma que transitamos por una ruta en el estado de Tlaxcala que nos ahorra algo de tiempo, pero... pero resulta que en ese tramo hemos visto botes de aceite llenos con gasolina encendidos, y son ni más ni menos que domicilios de particulares que de esa forma anuncian que ahí se vende huachicol. Y son muchas las flamas que de lado y lado permanecen encendidas, lo que quiere decir que el negocio del robo de combustible de PEMEX sigue ocurriendo como si nada hubiera pasado, como si los tiempos de Enrique Peña no hubieran terminado, la impunidad para los llamados huachicoleros sigue a la vista de quien quiera probarlo.


¿Qué ha hecho bueno AMLO en estos años? ¿cómo es posible que permita que nos roben el combustible que todos los mexicanos adquirimos a precios carísimos? Pues así es en los tiempos “gloriosos” de la 4T.

Envidioso y rencoroso

Andrés Manuel López Obrador criticó la mañana de ayer que los ministros del Máximo Tribual ganen casi 300 mil pesos mensuales pues señaló que “yo gano la mitad de eso”.


Y es que al presidente de México como que le da envidia que otros funcionarios tengan sueldos superiores al que gana él. Ayer criticó la lista de los 40 "privilegios" que gozan los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de Nación (SCJN) y aseguró que para defender sus intereses invalidaron la primera parte del Plan B en materia electoral.

"Ayer estaba viendo los privilegios de los ministros de la Corte, lo que siempre hemos dicho, pero ya está saliendo ahora información del Senado para la gente sepa por qué los ministros de la Corte están en contra de nuestras propuestas. ¿Por qué cancelaron el llamado Plan B? ¿Qué era el plan B en esencia? Era bajar los sueldos de los funcionarios del INE que ganan más que el presidente violando la Constitución, pero si los ministros no cancelaban el Plan B, cómo quedaban ellos que también ganan más que el presidente. Entonces era defender sus intereses", dijo.

El pasado martes, Ricardo Monreal, coordinador parlamentario de Morena en el Senado de la República presentó una lista de 40 "privilegios" de los que gozan los 11 ministros del máximo tribunal.


REFLEXIÓN

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, de plano nos tiene ojeriza, afirma contundentemente que el estado de Veracruz se ubica entre las 10 entidades con más casos de desaparición de personas a nivel nacional... ¿Será?.

Escríbanos a [email protected] | [email protected]