A diferencia de la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum, que hasta ahora sigue negando a una Corte de Nueva York la extradición del exgobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció anteayer la “expulsión” del país del exministro de Industrias, Alex Saab, quien fue trasladado a EU en una aeronave norteamericana que partió desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía y en cuyo operativo participaron agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).
El texto, publicado por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), del Ministerio de Relaciones Interiores, informó sobre la deportación de Alex Naim Saab Morán, un colombiano que ya contaba con nacionalidad venezolana –que no se sabe le fue retirada– y que fue ministro de Industrias y Producción Nacional del gobierno de Nicolás Maduro desde 2024 hasta su destitución por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, en febrero de 2026.
Tras su salida del ministerio, Saab fue detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), aunque entonces no se divulgó información oficial alguna que explicara su arresto. Allí permaneció hasta el sábado anterior, cuando fue entregado a las autoridades estadunidenses.
El ente migratorio explicó, en un escueto comunicado de prensa, que “la medida de deportación fue adoptada tomando en consideración que el referido ciudadano colombiano se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en Estados Unidos, tal como es público, notorio y comunicacional”.
Según apunta el periodista Ángel González en su texto especial para el diario La Jornada, el caso de Alex Saab resalta el vuelco experimentado en el gobierno venezolano después de la agresión militar perpetrada por Estados Unidos el 3 de enero y el secuestro del presidente Nicolás Maduro.
Hace seis años, en 2020, Alex Saab se hizo internacionalmente famoso al ser detenido por la policía de Cabo Verde cuando el avión que lo transportaba a Irán hizo una escala en ese archipiélago africano para recargar combustible. El gobierno de Venezuela inició entonces una campaña por su liberación alegando que se trataba de un agente diplomático venezolano que se encontraba en una misión de Estado. En octubre de 2021 se llevó a cabo su extradición hacia Estados Unidos, donde enfrentó cargos por corrupción y lavado de al menos 350 millones de dólares. Nicolás Maduro emprendió una campaña de defensa de Saab y lo denominó un prisionero del imperialismo yanki. En muchos países se realizaron manifestaciones de movimientos amigos de Venezuela con la consigna #FreeAlexSaab. Durante los dos años que estuvo preso, EU ignoró los privilegios diplomáticos que según Venezuela poseía Saab, basándose sobre todo en que Washington no reconocía al gobierno venezolano de Maduro como legítimo. Sin embargo, Saab nunca llegó a ser enjuiciado en Estados Unidos, pues en diciembre de 2023 fue canjeado por 10 estadunidenses que permanecían detenidos en Venezuela, tras una negociación entre los gobiernos de Caracas y Washington durante la presidencia de Joe Biden.


Casi dos años antes, a mediados de febrero de 2022, en Miami, Florida, la DEA y el FBI habían desclasificado documentos judiciales sobre el caso del empresario multimillonario de origen colombiano que el gobierno estadounidense consideraba el principal testaferro del presidente Maduro, bajo cuya protección realizó jugosos negocios que se basaban en un esquema que intercambiaba petróleo venezolano por alimentos producidos en México y se disfrazaron como acuerdos de “ayuda humanitaria”. En esta trama se involucró casualmente a Segalmex que todavía dirigía el expriista Ignacio Ovalle Fernández, un antiguo jefe del expresidente Andrés Manuel López Obrador en el Instituto Nacional Indigenista (INI) que sigue impune hasta ahora.
Noticias Caracol, de Colombia, reveló el 25 de octubre de 2021 que el FBI realizaba una investigación sobre las despensas alimenticias que una empresa de Saab importaba de México para beneficiar a más de 5 millones de familias venezolanas.
El reportaje consignaba que los CLAP (Comité Local de Abastecimiento y Producción), creados en abril de 2016 y administrados por algunos militares jubilados adeptos al régimen de Maduro señalados por sus nexos con el narcotráfico y tráfico de combustible, eran usados para enviar cargamentos de cocaína de Venezuela a México y blanquear sus ganancias ilegales; que aeronaves adscritas a la Aviación Militar Bolivariana partían de la Base Aérea de La Carlota, en Venezuela, rumbo a Veracruz, donde la carga de cocaína era descargada y reemplazada por las cajas con alimentos en mal estado o caducados, y que luego estos mismos aviones aterrizaban de vuelta en Puerto Cabello y La Guaira, en territorio venezolano.
Los investigadores encontraron también empresas en México que fueron suplantadas como supuestas proveedoras de toneladas de leche en polvo, que en realidad nunca se negociaron con Venezuela.
Según una investigación de la reportera Verónica Ayala, para Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, identificó entre 2019 y 2020 ocho empresas mexicanas asentadas en Nuevo León, Baja California, Zacatecas, Veracruz, Guanajuato y la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Estas empresas utilizaron una estructura de al menos 13 importadoras creadas en Honk Kong, Panamá, Uruguay y las Islas Vírgenes Británicas para enviar alimentos a Venezuela por un monto de 64 millones de dólares, equivalentes a 1,200 millones de pesos, según registros del comercio exterior.


ADÁN AUGUSTO DESAIRA A SENADORA DE CHIHUAHUA POR ACOMPAÑAR A LOS YUNES
El que acaparó los reflectores este fin de semana en el puerto de Veracruz fue el excoordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, quien este sábado 16 acompañó al senador expanista Miguel Ángel Yunes Márquez en su festejo con motivo de su cumpleaños número 50.
El político tabasqueño tocó hasta la marimba y se tomó la foto con el exgobernador veracruzano Miguel Ángel Yunes Linares, suplente de su primogénito en la Cámara alta del Congreso de la Unión.
Muchos suponían que el exsecretario de Gobernación y exaspirante presidencial iba a estar ese día en Chihuahua para respaldar a la senadora Andrea Chávez Treviño, su precandidata a la gubernatura de 2027 y una de las principales promotoras de la manifestación convocada por la dirigencia nacional de Morena en contra de la gobernadora del PAN, Maru Campos, a la que ahora la 4T busca someter a juicio político para destituirla del cargo por “traición a la patria” debido a la presunta colaboración de su gobierno en operativos antinarcóticos con agentes estadounidenses de la CIA a espaldas de la Federación.