FISCALIZACIÓN, EL GRAN NEGOCIO DE UNOS CUANTOS
Durante los últimos años, el gobierno de Morena, en complicidad con el ORFIS, ha querido “apretar” a los presidentes municipales y a ciertos funcionarios públicos con la revisión de la Cuenta Pública de cada año. Sin embargo, no se trata de otra cosa que de querer espantar con el petate del muerto.
Los auditables se comen las uñas pensando en qué es mejor: entrarle con un moche, lo mismo al ORFIS que a la Comisión de Vigilancia del Congreso, o aguantar vara y enfrentar el proceso administrativo y/o penal, según sea el caso.

El asunto es que todo se trata de una mascarada, o de un gran negocio para esquilmar a funcionarios y alcaldes que traen la cola sucia... y a veces no tanto. Pero siempre hay posibilidad de encontrar pecados.
Según información proporcionada por la auditora general, Delia González Cobos, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis) acumula 361 denuncias por presuntas irregularidades en el uso de recursos públicos, pero únicamente 10 procedimientos han sido judicializados por la Fiscalía General del Estado (FGE).
Los casos que han llegado ante un juez representan apenas 2.8 por ciento del total de denuncias presentadas históricamente por el organismo fiscalizador. En contraste, alrededor de 72 asuntos fueron cerrados por la Fiscalía al determinar el no ejercicio de la acción penal, lo que equivale aproximadamente al 19.9 por ciento de las denuncias.
A escasos días de entregar el cargo, González Cobos dijo que de las 361 denuncias presentadas por el Orfis, 183 corresponden a la gestión de Delia González Cobos, quien se encuentra próxima a concluir su periodo al frente del organismo. La cifra representa 50.7 por ciento del total histórico de denuncias.
El momento y la información proporcionada por la titular del ORFIS no son una casualidad. En principio, su intención es pasar a la historia como la auditora con el mayor número de denuncias presentadas; esto implica al mismo tiempo, que ha quedado en manos de la Fiscalía la suerte que sigan estas denuncias.
González Cobos quiere irse sin fantasmas que persigan su candidatura.

Así que los alcaldes y funcionarios públicos que enfrentan una denuncia pueden estar tranquilos. Es más probable que la portentosa águila de los lagos se tire aletazo a que ellos sean llevados ante un juez.
Eso sí, la fiscalización sigue siendo un grandísimo negocio para unos cuántos.

MORENA NO EXPULSARÁ AL NARCO ROCHA
La tremendamente voluminosa Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, afirma con la contundencia que le caracteriza que en ningún momento ella anunció ni afirmó que exista un proceso para expulsar a alguna persona del partido.
A través de una publicación en redes sociales, Hernández Mora compartió completa la declaración que dio sobre el caso de Rubén Rocha Moya con el objetivo de evitar, dijo, interpretaciones que no correspondan con sus declaraciones.

“En ningún momento anuncié ni afirmé que exista un proceso para expulsar a nadie de Morena”, señaló.
La dirigente partidista agregó que cualquier actuación interna del movimiento no corresponde ser determinada por ella de manera individual.
“Sobre cualquier actuación interna del movimiento, como se escucha claramente en el audio, no me corresponde a mí determinarla”, sostuvo.
El miedo no anda en burro y el demoniaco macuspano, socio de Rocha, no lo dejará solo por nada del mundo como que de eso depende también su tranquilidad.

LOS MEDIOS PERDIERON SU VALOR FRENTE A CORRUPTOS

En los tiempos cuando el cuarto poder era tal cual, no “poder en el cuarto” como hoy, una denuncia publicada en un impreso era considerada con la seriedad del caso, en su justa dimensión y la persona o político señalado por cometer uno o más actos de corrupción era cesado... ¡y procesado!. La prensa tenía un valor muy alto como vigilante y denunciante de los actos de gobierno. Lo más importante en esos tiempos, les hablo de los setentas, es que si el denunciado demostraba con documentos que había sido objeto de una calumnia venía la demanda por ese delito y si era “por daño moral” al comunicador difamador, la autoridad lo obligaba a, primero, pedir una disculpa pública y después restablecer el daño.
Y lo que digo no son balandronadas ni nada por el estilo, son experiencias que me tocaron vivir en carne propia en mi ya larga carrera de periodista. Les cuento.
Cuando “el señor de plástico” Ricardo Ahued, como le dicen los integrantes del clan Daniela-Octavio, asumió por vez primera la presidencia municipal de Xalapa, gracias al impulso que le dio el abogado y político xalapeño Reynaldo Escobar Pérez, me filtraron datos en el sentido de que había organizado a sus más cercanos cómplices para abrir, en sociedad, en la ciudad de Puebla una comercializadora la cual sería la encargada de proveer de todos los insumos que la alcaldía requiriera. ¡Inche negociazo!.
Esa denuncia en este espacio sirvió al gobernador Fidel Herrera Beltrán para llamar a cuentas al señor Ahued, quien negó todo y se dijo víctima de una calumnia. Al mismo tiempo, para estar a tono con la negativa, la abogada Amparo Álvarez Castilla (excompañera de Reynaldo y mía en la primaria Enrique C. Rébsamen) pero esposa de uno de los cercanos a Ahued, el abogado Hugo Miguel, interpuso una demanda en contra del medio en el que publicaba mi columna y en contra mía por supuesto. El daño moral que la abogada xalapeña consideró le había infringido con mi calumnia se equiparaba a los ¡treinta millones de pesos!, lo que casi infarta al propietario del diario.
De inmediato fui requerido por mi director quien me advirtió que su empresa no pagaría un solo peso por mis imprudencias y mis calumnias, yo sereno y seguro de lo que había publicado le pedí que no se preocupara, que tenía las pruebas en la mano y que en mi defensa y la de su medio las usaría para contrarrestar la furia de Ahued y sus corruptos mapaches.


Me entrevisté con el Secretario de Gobierno, Reynaldo Escobar Pérez, mi amigo y quien me filtró la información y, como era él, se carcajeó. Buscó entre sus documentos y me dio un paquetito; las copias de la integración de la sociedad del alcalde y sus compinches para una comercializadora, copias de una notaría que le hicieron llegar al jefe Rey.
“Aquí tienes para que te defiendas y los exhibas”, me dijo.
De inmediato me entrevisté con la abogada reina del Amparo, le comenté sobre el asunto que estaba a punto de publicar para comprobar mi denuncia y de inmediato accedió a retirar la denuncia a cambio de que el asunto quedara así.
Y así quedó para siempre, yo cumplí con mi compromiso social denunciando a una pandilla de facinerosos que se disponían a ganar mucho dinero del erario municipal y seguí ganando el respeto de quienes me hacen el favor de leer mis trabajos periodísticos.
La diferencia con el ambiente político actual y el periodismo que hoy se practica es que los políticos de la 4T no toman en serio las denuncias, creen que poner al descubierto sus raterías y corruptelas no tendrá consecuencias porque quienes aplican la ley son morenistas, pero yo estoy convencido de que no, de que mientras más periodistas haya, más conciencia tendrá la sociedad de la realidad.
Los mexicanos, como dicen muchos políticos, somos inteligentes en una abrumadora mayoría y difícilmente nos dejamos engañar. Los resultados de la elección del año entrante serán un reflejo de esto. Ya lo veremos. O como dicen los clásicos premios intergalácticos de periodismo...Al tiempo.


REFLEXIÓN
Confirman documentos que particular de diputada sí fue contratada por el Ayuntamiento; alcaldesa lo niega. La administración de Daniela Griego evade investigar el caso Adriana García, sin embargo contratos, documentos de transparencia y fotografías públicas confirman que Jazmín Adriana García Sierra, secretaria particular de la diputada morenista Dorheny García Cayetano, sí fue contratada por el ayuntamiento de Xalapa
La asistente de la legisladora sí recibió recursos... La pequeña gran rata.

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