22 de octubre de 2012
alcalorpolitico.com
La deuda pública del estado ha venido creciendo de manera considerable en los últimos años. De 2004 a 2012 incrementó en un 819.5% en términos reales, pasando de 3,529 mdp, a 48,098 millones de pesos (mdp), es decir, un aumento de 44,569 mdp.
Destaca el gran salto de 2009 a marzo de 2011 en que pasó de 9,331 mdp a 22,567; un aumento de 122% en términos reales de acuerdo con datos de SHCP. Y otro gran salto a agosto del mismo año, cuando alcanzó un valor de 39,924 mdp, un aumento de 17,357 mdp, resultado de la deuda nueva que aprobó el Congreso del estado para cubrir el "Pasivo Circulante" (cuentas por pagar a contratistas y proveedores) por 17 mil 400. Este adeudo nuevo se aprobó en dos tramos, el primero en julio de 2011, por un monto de 12,600 mdp, y el segundo en agosto, por un monto de 4,757 mdp, de acuerdo con el comunicado de prensa de Fitch Ratings del 3 de octubre de 2012.
A estos montos de deuda hay que agregar 1,274 millones de pesos que es un crédito aprobado el mes pasado por el Congreso local dentro del Programa de Financiamiento para la Infraestructura y Seguridad en los Estados (Pronafise). Asimismo hay que sumar el endeudamiento que mediante la emisión de certificados bursátiles adquirirá este año el estado, por un monto de 6,900 millones de pesos, que tendrán como fuente de pago las participaciones federales. Así, al cierre del presente año la deuda pública estatal alcanzará un monto de 48,098 mdp.
Un indicador del peso de la deuda en las finanzas públicas estatales es el “Índice de Solvencia financiera”, que expresa la importancia de la deuda como porcentaje de los ingresos públicos totales. Este indicador muestra que mientras en 2009 la deuda representaba el 26 .4% de los ingresos públicos totales, para 2012 representa el 55.5%, es decir, actualmente la deuda equivale a más de la mitad de los recursos que el gobierno estatal recibirá este año.
Otro indicador útil para mostrar la importancia de los compromisos financieros es la “deuda pública per cápita” es decir el valor que en promedio correspondería pagar a cada habitante del estado si la deuda se repartiera entre cada uno de ellos. Es notorio que ha habido un salto considerable en este valor en los últimos años, pues mientras en 2004 era de sólo 499 pesos por persona, para 2010 fue de 2,938 y para 2012 es de 6,200 pesos.
Esta evolución de la deuda es consecuente con lo planteado en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2010-2016 (PVD), el cual tiene estimado que para 2016 los compromisos financieros alcancen un monto de 55 mil mdp.
De acuerdo con Fitch Ratings, esta situación propiciará que a fines de 2012 el costo financiero de la deuda (intereses y comisiones) alcance un valor de 2,845 mdp, cantidad que crecerá más en los siguientes años, de acuerdo con el PVD, el cual estima que para 2016 alcanzará un valor de 4 mil 400 mdp. Esto significa que desde 2012 más del 3% del presupuesto total anual será utilizado para el pago de este costo, hasta llegar a un 4.4% en 2016.
Estos fuertes retos financieros que está enfrentado el gobierno del estado representan cargas financieras que en el corto y mediano plazo limitan ampliamente su capacidad para impulsar el desarrollo estatal.
[email protected]
Destaca el gran salto de 2009 a marzo de 2011 en que pasó de 9,331 mdp a 22,567; un aumento de 122% en términos reales de acuerdo con datos de SHCP. Y otro gran salto a agosto del mismo año, cuando alcanzó un valor de 39,924 mdp, un aumento de 17,357 mdp, resultado de la deuda nueva que aprobó el Congreso del estado para cubrir el "Pasivo Circulante" (cuentas por pagar a contratistas y proveedores) por 17 mil 400. Este adeudo nuevo se aprobó en dos tramos, el primero en julio de 2011, por un monto de 12,600 mdp, y el segundo en agosto, por un monto de 4,757 mdp, de acuerdo con el comunicado de prensa de Fitch Ratings del 3 de octubre de 2012.
A estos montos de deuda hay que agregar 1,274 millones de pesos que es un crédito aprobado el mes pasado por el Congreso local dentro del Programa de Financiamiento para la Infraestructura y Seguridad en los Estados (Pronafise). Asimismo hay que sumar el endeudamiento que mediante la emisión de certificados bursátiles adquirirá este año el estado, por un monto de 6,900 millones de pesos, que tendrán como fuente de pago las participaciones federales. Así, al cierre del presente año la deuda pública estatal alcanzará un monto de 48,098 mdp.
Un indicador del peso de la deuda en las finanzas públicas estatales es el “Índice de Solvencia financiera”, que expresa la importancia de la deuda como porcentaje de los ingresos públicos totales. Este indicador muestra que mientras en 2009 la deuda representaba el 26 .4% de los ingresos públicos totales, para 2012 representa el 55.5%, es decir, actualmente la deuda equivale a más de la mitad de los recursos que el gobierno estatal recibirá este año.
Otro indicador útil para mostrar la importancia de los compromisos financieros es la “deuda pública per cápita” es decir el valor que en promedio correspondería pagar a cada habitante del estado si la deuda se repartiera entre cada uno de ellos. Es notorio que ha habido un salto considerable en este valor en los últimos años, pues mientras en 2004 era de sólo 499 pesos por persona, para 2010 fue de 2,938 y para 2012 es de 6,200 pesos.
Esta evolución de la deuda es consecuente con lo planteado en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2010-2016 (PVD), el cual tiene estimado que para 2016 los compromisos financieros alcancen un monto de 55 mil mdp.
De acuerdo con Fitch Ratings, esta situación propiciará que a fines de 2012 el costo financiero de la deuda (intereses y comisiones) alcance un valor de 2,845 mdp, cantidad que crecerá más en los siguientes años, de acuerdo con el PVD, el cual estima que para 2016 alcanzará un valor de 4 mil 400 mdp. Esto significa que desde 2012 más del 3% del presupuesto total anual será utilizado para el pago de este costo, hasta llegar a un 4.4% en 2016.
Estos fuertes retos financieros que está enfrentado el gobierno del estado representan cargas financieras que en el corto y mediano plazo limitan ampliamente su capacidad para impulsar el desarrollo estatal.
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