25 de marzo de 2014
alcalorpolitico.com
Marina llegó a México con su familia, Juan de 8 años, Rafael (11), Allison (12) y Ángel (4); el hambre, la pobreza y la violencia les trajeron a Tapachula. Carlos es un hombre que busca una vida mejor; las pandillas de su barrio en El Salvador intentaron asesinarlo por no sumarse a la violencia social, así que cruzó la frontera a México para pedir asilo. Pedro es defensor de los derechos humanos; trabajaba en su pequeña comunidad en Nicaragua, intentando erradicar la violencia, pero las amenazas de muerte se hicieron insostenibles y —como sus compañeros de encierro— también pidió ayuda a la COMAR Tapachula, para recibir asilo en nuestro país.
Lo que sucedió en sus vidas a continuación ha sido más que una pesadilla; llevan nueve meses en encierro, bajo una detención sólo parecida a aquellas inhumanas reclusiones que activa el gobierno norteamericano con las y los migrantes de México. Ese trato indigno y violatorio de derechos humanos que señala el gobierno de Peña Nieto en los agentes norteamericanos de ICE, es el mismísimo que el Instituto Nacional de Migración (INM) ejecuta contra migrantes del sur del continente. Estos son sólo unos casos entre cientos de personas que son deportadas poniendo en riesgo su vida e integridad por ineficacia de las autoridades mexicanas en los procesos de petición de asilo.
Nueve meses llevan privados de la libertad en la estación migratoria de Tapachula, a pesar de que han seguido todos los procedimientos legales para obtener refugio acompañados de defensores del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova (CDHFMC).
El INM ha violado sistemáticamente los artículos 1, 11, 14, 16, 17 y 22 de la Constitución. Se ha documentado plenamente cómo en la estación migratoria sufren hostigamiento, agresiones y pobres condiciones de vida; se les trata como criminales por pedir ayuda a un país que, en discurso, se precia de tener políticas de protección a inmigrantes. Carlos, Pedro, Marina y sus pequeños parecen haber cometido un delito al ejercer sus derechos y pedir ayuda para evitar que el INM aplicara su política de detención, maltrato y deportación sistemática. Su salud física, psicológica y emocional se parece a la de cualquier persona encarcelada injustamente. El doble discurso entre la Coordinación Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y los agentes entrenados para detener y deportar a la usanza norteamericana, les tiene al filo de la navaja. En la medida en que su defensa avanza en la justificación para que se les dé asilo por razones humanitarias, las agresiones aumentan en el centro de detención, cuya intención es desgastarles para que acepten regresar a sus países
con tal de no vivir bajo encierro. Pero ellas y ellos saben que volver a casa es exponer la vida y prefieren confiar en que eventualmente tendrán una vida digna en México.
Esto sucede porque el Estado Mexicano se ha negado a derogar la fracción V del Artículo 111 de la Ley de Migración que contempla la privación indefinida de la libertad de las y los migrantes que entran a territorio mexicano. Existe la posibilidad de otorgarles documentos migratorios temporales por razones humanitarias, tal como lo permite el Artículo 52 de la misma ley. Urge poner la mirada sobre estas prácticas que violan los derechos humanos y evaden la responsabilidad jurídica de proteger el interés superior de las niñas y niños sometidos a tratos indignos en las estaciones migratorias.
Es verdaderamente urgente detener la criminalización de migrantes en el sur de México. Gracias al Grupo de Trabajo Sobre Política Migratoria, conformado por organizaciones especializadas y académicas, tenemos un diagnóstico claro y una solución posible. El trato humanitario que exigimos para las y los nuestros al norte, es el mismo que les debemos a las personas del sur.
@Lydiacachosi
Periodista
Lo que sucedió en sus vidas a continuación ha sido más que una pesadilla; llevan nueve meses en encierro, bajo una detención sólo parecida a aquellas inhumanas reclusiones que activa el gobierno norteamericano con las y los migrantes de México. Ese trato indigno y violatorio de derechos humanos que señala el gobierno de Peña Nieto en los agentes norteamericanos de ICE, es el mismísimo que el Instituto Nacional de Migración (INM) ejecuta contra migrantes del sur del continente. Estos son sólo unos casos entre cientos de personas que son deportadas poniendo en riesgo su vida e integridad por ineficacia de las autoridades mexicanas en los procesos de petición de asilo.
Nueve meses llevan privados de la libertad en la estación migratoria de Tapachula, a pesar de que han seguido todos los procedimientos legales para obtener refugio acompañados de defensores del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova (CDHFMC).
El INM ha violado sistemáticamente los artículos 1, 11, 14, 16, 17 y 22 de la Constitución. Se ha documentado plenamente cómo en la estación migratoria sufren hostigamiento, agresiones y pobres condiciones de vida; se les trata como criminales por pedir ayuda a un país que, en discurso, se precia de tener políticas de protección a inmigrantes. Carlos, Pedro, Marina y sus pequeños parecen haber cometido un delito al ejercer sus derechos y pedir ayuda para evitar que el INM aplicara su política de detención, maltrato y deportación sistemática. Su salud física, psicológica y emocional se parece a la de cualquier persona encarcelada injustamente. El doble discurso entre la Coordinación Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y los agentes entrenados para detener y deportar a la usanza norteamericana, les tiene al filo de la navaja. En la medida en que su defensa avanza en la justificación para que se les dé asilo por razones humanitarias, las agresiones aumentan en el centro de detención, cuya intención es desgastarles para que acepten regresar a sus países
con tal de no vivir bajo encierro. Pero ellas y ellos saben que volver a casa es exponer la vida y prefieren confiar en que eventualmente tendrán una vida digna en México.
Esto sucede porque el Estado Mexicano se ha negado a derogar la fracción V del Artículo 111 de la Ley de Migración que contempla la privación indefinida de la libertad de las y los migrantes que entran a territorio mexicano. Existe la posibilidad de otorgarles documentos migratorios temporales por razones humanitarias, tal como lo permite el Artículo 52 de la misma ley. Urge poner la mirada sobre estas prácticas que violan los derechos humanos y evaden la responsabilidad jurídica de proteger el interés superior de las niñas y niños sometidos a tratos indignos en las estaciones migratorias.
Es verdaderamente urgente detener la criminalización de migrantes en el sur de México. Gracias al Grupo de Trabajo Sobre Política Migratoria, conformado por organizaciones especializadas y académicas, tenemos un diagnóstico claro y una solución posible. El trato humanitario que exigimos para las y los nuestros al norte, es el mismo que les debemos a las personas del sur.
@Lydiacachosi
Periodista