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Columnas y artículos de opinión

El pacto del silencio

Plan B

Por: Lydia Cacho

07/07/2014

alcalorpolitico.com

El gobernador Duarte de Veracruz daba órdenes precisas, la segunda semana de
junio, para ocultar que en el rancho El Diamante de Cozamaloapan se habían
desenterrado más de 31 personas muertas que fueron halladas en fosas
clandestinas. La orden al subprocurador fue muy clara: que nadie se entere,
quiero que los de Semefo los lleven a Xalapa y ya lo resolveremos, no queremos a
las familias de esos malandros haciendo escándalos. Y es que el gobernador
Duarte estaba muy ocupado preparándose para el arribo de veleros de
Latinoamérica. Ningún servidor público respondió llamadas de periodistas durante
esa semana. Mientras, por órdenes de Duarte, la oficina de Comunicación Social
llamaba a los jefes de corresponsales de diferentes diarios nacionales para
advertirles “no se crean el rumor de las fosa clandestinas, son sólo seis
muertos y no eran de Veracruz, sus deudos ya reclamaron los cuerpos”.
 
 
Pero todo cambió cuando la periodista radiofónica Rosa María Hernández Espejo
entrevistó al subprocurador Arturo Herrera, quien confesó que no se daban abasto
con la cantidad de cuerpos exhumados. La masacre negada por el gobernador y su
gabinete fue admitida por un servidor público preocupado; él sabía lo que las
familias de las personas muertas sentían, porque hacía unos meses su hijo Jorge
de 21 años perdió la vida en Veracruz. Para Herrera, después despedido por haber
revelado la verdad, las vidas de todos los mexicanos valen lo mismo. Una vez que
la noticia quedó confirmada y las familias exigieron conocer la identidad de las
personas fallecidas, Duarte despidió a Herrera bajo amenazas; si no quería
problemas debía callar. Nació entonces lo que los reporteros de Veracruz llaman
“el pacto del silencio” ordenado por el gobierno federal y signado por Duarte;
cualquier fosa clandestina o hecho delictivo debe ser informado a la Segob y
nunca a los medios.
 
 
Esto no sorprende. El mismo camino intentó seguir Felipe Calderón al final de su
sexenio; sabía que el conteo de personas asesinadas (ellos les llaman
simplemente cadáveres como parte de una retórica de despersonalización),
revelaba la incapacidad del Estado para proteger a la sociedad, y su deseo de
ocultar el verdadero estado en que se encuentra el sistema de justicia en
México. Incapaces de afrontar su responsabilidad ante la impunidad e incremento
de hechos violentos, arrebatan a las familias el derecho a saber si sus
familiares están, o no, con vida.
 
 
El pacto del silencio ha causado indignación. Las órdenes desde Los Pinos
asustan a cualquiera, dice un diputado tricolor que pide al reportero resguardar
su identidad. Porque este silencio pretende proteger a los políticos, pero
termina protegiendo a quienes asesinan y “desaparecen” personas. No son pocos
los gobernantes que piensan que el valor de la vida de las personas se divide
por rangos de importancia en la escala social.
 
 
Dice la filósofa norteamericana Judith Butler que si ciertas vidas no se
califican como vidas o, desde el principio, no son concebibles como vidas en
nuestro marco de referencia, será muy difícil que reconozcamos el dolor y
sentido de pérdida que provoca la desaparición de esas personas. La experta se
refiere a cómo desde el poder se asignan valores a la vida de las personas por
clase, raza e ideología. Y no solamente la vida pierde valor, también la muerte
y el derecho al duelo. Está claro que Duarte, como otros gobernantes, no siente
repulsa moral ante estas masacres, sino hacia el juicio que le hace la opinión
pública por ocultar la realidad.
 
 
Llevamos ocho años en el devastador conteo de víctimas mortales, ocho años en la
cotidiana búsqueda de personas desaparecidas. Es momento de rebelarnos contra la
retórica de que en este país hay quienes merecen la muerte y quienes merecen la
vida. Es urgente reconocer que cada cuerpo hallado es el de un ser humano, su
reconocimiento y el respeto al duelo de sus seres queridos no debe ser
negociable. El pacto del silencio, en ese contexto, es un pacto de desprecio por
la vida y la justicia.

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