Comerciante Martha Aguilar denuncia embargo ilegal de su vivienda, en Alto Lucero

Al asegurar que teme por su vida y la de sus cinco hijos, la comerciante Martha Patricia Aguilar Rendón hizo un llamado urgente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a la gobernadora Rocío Nahle García para intervenir ante el despojo de su patrimonio, el cual atribuye a la red de corrupción integrada por abogados y servidores públicos que, afirmó, opera en Veracruz y ya afecta a cientos de familias.

La denunciante aseguró que el proceso legal que enfrenta data de agosto de 2025, cuando a su domicilio, ubicado en Alto Lucero, llegó la secretaria del Juzgado Municipal junto con un hombre de nombre Rigoberto Peña Riojano, a quien afirmó no conocer, pero que mostró dos pagarés falsos, pidiendo la cantidad de 530 mil pesos o el embargo de su propiedad.

“Venía con la instrucción de embargar mi propiedad, me la quieren robar; el hombre decía que yo le debía esa cantidad de dinero y aseguraba que lo habían enviado del Gobierno del Estado”, expresó al agregar que la secretaria del Juzgado Municipal anotó en la diligencia que no procedía el embargo porque las personas no se conocían y no había indicios de que se hubiera generado ese préstamo, además de que se señalaba que la propiedad estaba en Xalapa, cuando se encontraban en Alto Lucero.



No obstante, se promovió un incidente y finalmente embargaron la propiedad. “No sé cómo le hicieron, pero ese mismo día me embargan la propiedad”, dijo al señalar que además, en el momento del embargo le notifican que tiene una demanda por un juicio ordinario civil, “de un supuesto contrato privado, de la misma propiedad, que supuestamente yo le vendí a otro delincuente que se llama Alan Isidro García García”.

Al iniciar el proceso judicial en busca de justicia y de que se le devuelva su propiedad, Aguilar Rendón se encontró con un grupo de personas afectadas por el mismo esquema, el cual, afirmó, suma más de mil casos relacionados con despojo de vivienda, terrenos, bodegas, vehículos y otros bienes, por lo que pidió a las autoridades actuar para frenar estos hechos y devolver su patrimonio a las víctimas. “Yo temo por mi vida y por la vida de mis hijos. Soy madre de cinco hijos. Si ellos son capaces de meterse a las casas, de robar propiedades de esta manera tan cínica y con total impunidad, son capaces de todo, de secuestrar y matar”, dijo.

La comerciante relató que vive “días terribles” desde que fue demandada con el supuesto contrato de compraventa en el que, aseguró, aparece una firma falsificada con la intención de hacer creer que vendió su propiedad. “Me quieren robar una propiedad. Me demandaron con papeles falsos, con un supuesto contrato de compraventa donde dicen que yo vendí mi propiedad con firmas falsas”, denunció.



Asimismo, afirmó que durante el procedimiento judicial incluso se intentó validar la autenticidad de su firma mediante un peritaje que fue manipulado. “Estoy en el proceso donde le pagaron a un perito del Poder Judicial para que dijera que esa firma era mía. Es increíble que haya personas que se presten a este tipo de corrupción”, aseguró.

La comerciante destacó que, derivado de su denuncia, la Fiscalía General del Estado (FGE) giró un documento identificado con el número 891/2026, correspondiente a la carpeta de investigación UIPJ/DXI/F24/784/2025, mediante el cual un Fiscal solicita al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Xalapa autorización para realizar diligencias de grafoscopía y documentoscopía sobre las firmas originales contenidas en el expediente mercantil 101/2025. El documento establece que la carpeta de investigación fue iniciada por el presunto delito de falsificación de documentos y menciona como personas denunciadas a Rigoberto Peña Rojano, Alan Isidro García García, Álvaro Gómez Arcos, Pedro Damián Atlano Cruz y José Miguel Ramírez Pozos.

La comerciante afirmó que el caso no se limita a una disputa entre particulares, sino que detrás existe una estructura de corrupción que involucra a abogados, funcionarios judiciales y personal de procuración de justicia; situación que ya ha sido expuesta en decenas de ocasiones en medios de comunicación, en denuncias con pruebas, pero que al parecer a las autoridades no les importa.



Señaló directamente al despacho encabezado por Roly Domínguez Romero y donde opera Miguel Isaac Contreras Gómez Gil, ambos señalados, acusados e incluso denunciados por el despojo de bienes mediante procedimientos judiciales sustentados en documentación apócrifa. “Es un despacho que se dedica a robar, se quedan con las propiedades and también les pagan por despojar, por robar y por quitarles sus propiedades a personas que sí trabajamos y que durante años construimos nuestro patrimonio”, sostuvo.

Relató que, además de enfrentar las demandas, comenzó a vivir actos de intimidación. “Llegar a tu casa y encontrarte con dos demandas, con personas que nunca habías visto, que dicen que tú les vendiste una propiedad o que les debes dinero y pretenden embargarte, es algo espantoso. Nunca imaginé vivir una situación así”, expresó.

Aseguró que, conforme avanzó el procedimiento, descubrió que existen cientos de familias en circunstancias similares. “Durante este proceso hemos descubierto que son más de mil casos de personas despojadas, tanto en Xalapa como en municipios de los alrededores. Hay familias enteras que perdieron lo único que tenían”, afirmó.



Mencionó que uno de los casos que más la impactó fue el de una mujer que actualmente vive rentando después de que le arrebataron su vivienda mediante un poder notarial falso. “Es la fecha en que siguen peleando por recuperar sus propiedades y no se las entregan. No ha habido intervención del Gobierno ni apoyo para tantas familias que injustamente han perdido todo”, lamentó.

La comerciante también denunció que durante el desarrollo de su caso el despacho señalado corrompió a los abogados que inicialmente llevaban su defensa. “Ya me cambiaron dos veces de abogados porque los compran. Los corrompen para dejar indefensas a las víctimas”, aseguró.

Asimismo, acusó la existencia de una red de protección integrada por funcionarios públicos. “Ellos están protegidos, por eso hacen lo que se les da la gana, los protegen de muy arriba, de la Fiscalía; los protegen de la Secretaría de Gobierno y tienen dinero para pagar

a secretarios, jueces, fiscales y funcionarios del Poder Judicial. Es una mafia entre la Fiscalía, Secretaría de Gobierno, notarios, el Poder Judicial, Registro Público de la Propiedad y abogados que se prestan a este tipo de cosas”, afirmó.

No obstante, confió en que la reciente renovación de jueces permita que los expedientes sean revisados con imparcialidad y se haga justicia para las víctimas. “Espero que con el cambio de jueces actúen con justicia, con eficacia y con eficiencia, porque ya somos un grupo muy amplio, de personas afectadas que únicamente queremos recuperar nuestro patrimonio”, manifestó.

Finalmente, hizo un llamado a la sociedad para solidarizarse con las víctimas y participar en una manifestación convocada para este lunes a las 10:00 horas frente a Palacio de Gobierno, en Xalapa. Pidió a la ciudadanía ser empática y respaldar la exigencia para que las autoridades investiguen a fondo estos casos.



“Hoy somos nosotros, mañana puede ser cualquiera, estos delincuentes tienen permiso para robar, entran a tu casa y se quedan con ella, con tu vida entera y te dejan con miedo y sin ganas de vivir. Queremos que las autoridades actúen, que dejen de encubrir a sus propios funcionarios que están coludidos con los delincuentes. Lo único que pedimos es justicia y que nos regresen nuestras propiedades, porque son el único patrimonio que tenemos”, concluyó la afectada.