Cometer delitos de género o ser deudor alimentario impedirá ocupar cargos públicos

El Congreso de Veracruz aprobó reformas a la Constitución local para impedir que personas sentenciadas por delitos de género o inscritas como deudores alimentarios morosos ocupen cargos públicos.

Con 32 votos a favor, cero en contra y sin abstenciones, el dictamen armoniza la legislación estatal con la reforma federal publicada el 29 de mayo de 2023, también conocida como “3 de 3 contra la violencia”.

El proyecto acumuló dos iniciativas: una de la diputada Montserrat Ortega (PAN) y otra de las legisladoras Dorheny García, Tanya Carola Viveros y Astrid Sánchez (MORENA), con respaldo del PVEM y PT.



Durante el debate, la diputada Elizabeth Morales (PT) afirmó: “No se puede representar al pueblo cuando se ha fallado en lo más esencial”. Añadió que el servicio público no puede ser “refugio de impunidad”.

Héctor Yunes (Veracruz Nos Une) votó a favor, aunque criticó el “fusilamiento parlamentario” de la propuesta panista. “No se puede permitir que quien violenta o abandona pueda tomar decisiones públicas”, dijo.

Tania Cruz (PVEM) sostuvo que “quien agrede a su familia no puede proteger a las familias de Veracruz” y celebró que la reforma establezca un filtro ético obligatorio.



Dorheny García (MORENA) defendió el dictamen como jurídicamente sólido y proporcional. “No se trata de castigar de forma perpetua, sino de impedir que quienes incumplen responsabilidades representen al Estado”, señaló.

Montserrat Ortega Ruiz (PAN) recordó que en 2024 se registraron más de 11 mil casos de violencia familiar y más de 10 mil llamadas por violencia de pareja. “Un violentador no debe ser premiado con cargos”, expresó.

Carlos Marcelo Ruiz respaldó la reforma por sentar “los cimientos morales del servicio público”. “¿Qué estándares de integridad exigimos a quienes nos representan?”, cuestionó desde tribuna.



El artículo 18 Bis de la Constitución local fue modificado para establecer que no podrán ocupar cargos quienes estén inscritos en el Registro de Deudores Alimentarios, salvo si acreditan estar al corriente, ni quienes tengan sentencia firme por delitos como feminicidio, abuso sexual o violencia familiar.

También se reformó el artículo 69 para incluir estos impedimentos como requisitos generales de acceso al servicio público. El decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado.