Comisión de Vigilancia no “limpió” daño patrimonial observado en la Cuenta Pública 2017

Los diputados de la Comisión de Vigilancia del Congreso local no "limpiaron" el daño patrimonial observado en la Cuenta Pública 2017, por más de mil 100 millones de pesos en el Gobierno del Estado y los gobiernos municipales, dijo la diputada integrante de la referida Comisión, Yazmín de los Ángeles Copete Zapot.

Aunque reconoció que durante el análisis del Informe de Resultados el presunto daño patrimonial sí se redujo porque entes estatales y municipales solventaron observaciones que fueron un exceso por parte de los auditores de los despachos externos contratados por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), quienes fueron estrictos, inflexibles y "cuadrados".

Afirmó que en la revisión del Informe de Resultados de la Cuenta Pública la Comisión de Vigilancia no va a dejar “cosas” que evidencien a la actual Legislatura y que está a punto de concluir su periodo constitucional.



“Hicimos las cosas bien. En algunos casos no se puede defender lo indefendible, no te vas a poner la soga al cuello; quienes tengan observaciones que deban ir a la fase de investigación y substanciación, así será. Hemos elaborado un dictamen apegado a la legalidad”.

Entre los excesos cometidos por los auditores mencionó que hubo observaciones de presunto daño patrimonial al señalar la devolución de los recursos de obra pública, cuando hay un trámite pendiente de escrituración, que ya no concluyó la actual administración y que se retomará en el siguiente Gobierno estatal.

“Desde mi punto de vista, eso me parece un exceso. Hay obras presupuestadas en algunos municipios que en un momento determinado no cuentan con la validación por causas ajenas a los ayuntamientos y no ha sido oportuna su expedición porque no hay recursos”.



Otro de los señalamientos en el Informe de Resultados –dijo— fue sobre algunos albergues inconclusos a los que les faltan las paredes; sin embargo, no las tiene porque los ayuntamientos no cuentan con recursos para concluirlas.

Copete Zapot dijo que los diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia fueron objetivos en la revisión y análisis de la Cuenta Pública 2017, sobre todo porque algunos de los legisladores ya fueron alcaldes y se dieron cuenta de que hubo excesos en los procesos de auditorías.

En el caso de las empresas constructoras de José de Jesús Mancha Alarcón, que recibieron contratos para obra pública, la legisladora dijo que no se revisó quiénes son los propietarios.



“Nosotros hicimos un trabajo técnico, no somos investigadores. Si hay algo que resulte en este caso, la autoridad deberá actuar en consecuencia, pero a nosotros no nos corresponde ver si los dueños de las empresas son Juan o Pedro”, finalizó.