Comisión Instructora avala proceder con desafuero de Raúl González y Bertín Bravo

La Comisión Permanente Instructora del Congreso de Veracruz determinó que “ha lugar a proceder” contra los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, y de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, por lo que propondrá al Pleno retirarles el fuero constitucional.

La Diputación Permanente programó para este miércoles 5 de agosto la sesión extraordinaria en la que los 50 integrantes de la LXVII Legislatura votarán los dictámenes de declaración de procedencia promovidos por la Fiscalía General del Estado. Para aprobar el desafuero de cada Alcalde se requiere el voto de las 2 terceras partes de los integrantes del Congreso. Si alguno de los dictámenes obtiene la mayoría necesaria, el edil perderá el fuero y podrá ser sujeto al proceso penal correspondiente.

Proceso penal aún no comienza

La resolución de la Comisión Instructora no determina la responsabilidad penal de los presidentes municipales. Su función se limita a establecer si existen elementos para que la Fiscalía proceda en su contra. La Comisión Instructora, presidida por Facundo Fernández de la Cruz e integrada por Ramón Díaz Ávila, como secretario, y Felipe Pineda Barradas, como vocal, revisó las carpetas de investigación, los datos de prueba de la Fiscalía y los argumentos de las defensas.

Los alcaldes comparecieron el jueves 30 de julio en las audiencias de pruebas y alegatos realizadas en la sala Sebastián Lerdo de Tejada del Palacio Legislativo. Bravo Montero participó por la mañana y González Martínez por la tarde. Raúl González Martínez es investigado por su presunta participación como autor intelectual en la privación de la libertad y el homicidio de la comunicadora Roxana Berenice Guzmán Ramírez.

Según la investigación presentada ante el Congreso, el Alcalde habría solicitado a un presunto integrante de un grupo delictivo que privara de la libertad a la comunicadora, después de conocer que supuestamente tenía una fotografía en la que él aparecía con un arma de fuego.

La defensa rechazó la acusación y sostuvo que se basa en el dicho de un testigo que no presenció la supuesta conversación. También afirmó que la fotografía mencionada por la Fiscalía no forma parte de la carpeta de investigación.

Bertín Bravo Montero es investigado por su posible relación con la desaparición del empresario Héctor Ramos Sánchez y de Ignacio López Torres, ocurrida el 14 de mayo de 2026. Ambos fueron vistos por última vez después de acudir a un inmueble relacionado con el alcalde en Barra de Chachalacas. La Fiscalía investiga qué ocurrió después de su llegada y si el Presidente Municipal participó en los hechos.

La defensa negó vínculos del edil con organizaciones delictivas y afirmó que la reunión señalada por la Fiscalía estuvo relacionada con una operación de compraventa de adoquín. También sostuvo que los informes de telefonía presentan diferencias en horarios y ubicaciones y acusó omisiones en la integración del expediente. Con la determinación de que “ha lugar a proceder”, la Comisión Instructora concluyó la revisión de ambos casos y dejó al Pleno la decisión sobre el retiro del fuero.