Comisiones del Congreso declaran procedentes solicitudes de desafuero de Raúl González y Bertín Bravo

Las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales de la LXVII Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz dictaminaron que hay elementos suficientes para dar curso a las solicitudes presentadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) para iniciar el procedimiento de Declaración de Procedencia en contra del presidente municipal de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, y del alcalde de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero.

Los dictámenes fueron remitidos a la Comisión Permanente Instructora, que deberá analizar las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado, recibir las defensas de los ediles y resolver si propone al Pleno retirarles la inmunidad procesal.

Los procedimientos involucran a Bertín Bravo Montero y Raúl González Martínez, ambos postulados por Movimiento Ciudadano (MC), quienes son investigados en expedientes distintos por hechos relacionados con la desaparición y muerte de personas.

Alcalde de Ixhuatlán del Sureste

De acuerdo con el documento, la solicitud fue promovida por el fiscal encargado de la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia del XXI Distrito Judicial, con sede en Nanchital, Iván Hernández González, dentro de la carpeta de investigación NLC/DXXI/F1258/2026. En el oficio se solicita al Congreso emitir la Declaración de Procedencia para que la Fiscalía esté en condiciones de ejercer acción penal en contra del alcalde.

Las comisiones legislativas determinaron que existen los elementos jurídicos necesarios para que el procedimiento continúe conforme a lo previsto en la Constitución local y en la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia del Estado de Veracruz.

Con este dictamen, el asunto deberá seguir el trámite legislativo correspondiente, en el que el Congreso analizará el caso y resolverá si retira o no el fuero constitucional al presidente municipal, lo que permitiría a la Fiscalía continuar con las acciones penales que estime procedentes. Hasta el momento, el Ayuntamiento de Ixhuatlán del Sureste y el alcalde Raúl González Martínez no han emitido un posicionamiento público respecto a esta determinación.

Alcalde de Úrsulo Galván

En el caso de Úrsulo Galván, la Fiscalía relaciona a Bravo Montero con la desaparición del empresario minero Héctor Ramos Sánchez y de su escolta, Ignacio López, vistos por última vez el 14 de mayo en Barra de Chachalacas.

De acuerdo con el expediente enviado al Congreso, ambos acudieron al domicilio del presidente municipal después de que este citó al empresario para presentarle a una persona señalada como jefe de plaza.

Antes del encuentro, Ramos Sánchez comunicó a su pareja el motivo de la reunión. Cámaras de seguridad registraron la llegada de la camioneta en la que viajaban el empresario y su escolta, pero la Fiscalía sostiene que no existen imágenes de su salida ni de la unidad.

Los registros telefónicos también ubicaron los celulares de Ramos Sánchez, López y Bravo Montero en la misma zona durante aproximadamente 3 horas.

La investigación incorpora el testimonio de un familiar del empresario, quien declaró que el alcalde le solicitó la factura de la camioneta días después de la desaparición.

El expediente fue integrado por la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas, que solicitó retirar el fuero al edil para proceder penalmente en su contra.

Ambos ediles ya fueron notificados y cuentan con 7 días para responder a las acusaciones. Pueden presentar su defensa por escrito o comparecer ante los diputados encargados de integrar los expedientes.

“Ya se les notificó y ahora tienen 7 días para responder a lo que a derecho corresponda”, informó la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Naomi Edith Gómez Santos.