Comunidades originarias del sur de Veracruz van contra gasoducto “Puerta al Sureste”

Comunidades indígenas y afrodescendientes del sur de Veracruz interpusieron un amparo colectivo en oposición al gasoducto “Puerta al Sureste”, un megaproyecto de 715 kilómetros que busca transportar gas natural desde el sur de Texas hasta el sureste mexicano.

La acción legal fue respaldada por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), que acusó desinformación por parte de las autoridades y falta de consulta a las poblaciones directamente afectadas.

Según el CEMDA, las comunidades nahuas y nuntajiiyi’ manifestaron su rechazo, argumentando que la línea de conducción amenaza arrecifes milenarios, manglares y zonas pesqueras en la región de la Sierra de Santa Marta, en los Tuxtlas, donde habitan pueblos nahuas, popolucas y congregaciones afromestizas.



El organismo ambiental también difundió un video en redes sociales alertando sobre el posible impacto ecológico del proyecto del gasoducto “Puerta al Sureste”, que es apenas una parte de un plan nacional más amplio que contempla la instalación de 4 mil 623 kilómetros de nuevas tuberías en el País.

Abogados del CEMDA han advertido que estos proyectos implican altos costos sociales y ambientales, especialmente en regiones ecológicamente sensibles como la costa veracruzana.

Pescadores y habitantes de comunidades costeras han expresado su preocupación por el riesgo de contaminación de cuerpos de agua y la afectación directa a los ecosistemas marinos.



Además, a nivel nacional, se han identificado al menos 19 nuevas plantas termoeléctricas en etapa de planeación o construcción, lo que ha encendido las alertas entre grupos ambientalistas por la dependencia creciente de combustibles fósiles y el posible retroceso en los compromisos de mitigación del cambio climático.

Pese a ello, la empresa responsable, TC Energy, asegura que el proyecto generará al menos 2 mil empleos y contribuirá al fortalecimiento de la infraestructura energética del país. Mientras tanto, organizaciones civiles y comunidades mantienen su resistencia y exigen que se respeten sus derechos territoriales y ambientales.