Con acuerdos oficiales, Raymundo Jiménez demuestra irregularidades del predio de Actopan

Respuesta al “Cártel Inmobiliario” de Actopan

Estimado Joaquín Rosas Garcés, director general de Al Calor Político: por respeto a nuestros lectores te solicito publicar mi respuesta a la carta aclaratoria que el señor Leobardo Castillo Rodríguez envió y fue publicada el pasado miércoles 18, en la que el mencionado señor pretende desmentir lo comentado en mi columna Al Pie de la Letra, cuyo texto que titulé “Actopan: Bajo Presión de Cártel Inmobiliario” fue publicado en tu prestigiado portal el lunes 16.

Pese a que afirma que lo expuesto por este columnista son hechos totalmente falsos, el C. Leobardo Castillo Rodríguez termina admitiendo que se adjudicó un predio con el apoyo del juez Eric Antonio Hernández Méndez en el municipio de Actopan, Veracruz.

En la nota aclaratoria enviada a este prestigiado portal informativo, el aludido no logra desvirtuar los señalamientos que fueron realizados por este columnista, tal como se acredita inmediatamente:

- El predio de más de 55 hectáreas existe y efectivamente fue adquirido por la familia Levi Ávila en 1957, lo cual no desmiente.

- No se pretende desprestigiar al juez Eric Antonio Hernández Méndez; por el contrario, la misiva termina admitiendo que efectivamente firmó la escritura de referencia.

- El aludido refiere que pretendió hacer valer un supuesto contrato de promesa de compraventa de fecha 2 de febrero de 1988, mediante el juicio iniciado en el año 2023. Es decir, 35 años después de celebrado.

- Además pierde de vista que, en derecho, un contrato de promesa de compraventa no significa una traslación de dominio o de la propiedad y en el caso de pretender que ello aconteciera, debió reclamar el otorgamiento del contrato definitivo antes que la firma de la escritura pública.

Al respecto, es menester señalar que, en el portal del Poder Judicial del Estado, existe un apartado de consultas públicas sobre las listas de acuerdos relativos a los juicios que se dirimen en los diversos juzgados de la entidad. Siendo que en el caso del presente, el C. Leobardo Castillo Rodríguez, con apoyo de su abogado Vito Lozano Vázquez y el propio juez, permitieron que el juicio siguiera su curso sin haber emplazado y notificado a los demandados de la existencia de tal juicio; de hecho se celebró la audiencia prevista en el numeral 219 del Código de Procedimientos Civiles en fecha 12 de junio de 2024, aun y cuando por fecha 5 de abril se hizo público que las personas no pudieron ser emplazadas, tal como se señala en el acuerdo que indica:

“M IV.- SE TIENE POR DEVUELTO DESPACHO NÚMERO 7 DE NUESTRO ÍNDICE, SIN ESTAR DILIGENCIADO DEBIDAMENTE EN SUS TÉRMINOS, POR LOS MOTIVOS AHÍ EXPUESTOS EN SU DILIGENCIA DE FECHA CUATRO DE MARZO DEL AÑO EN CURSO. SE HACE LA ACLARACIÓN DE LOS AUTOS DE FECHA DIECINUEVE Y VEINTIDÓS DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, DADO QUE POR UN ERROR HUMANO INVOLUNTARIO SE OMITIÓ EL NOMBRE DEL CODEMANDADO C. SANTOS LEVI AVILA, POR LO QUE SE HACE LA ACLARACIÓN QUE LOS NOMBRES DE LOS CODEMANDADOS SON LOS CC. |PATRICIA LEVI AVILA O MARIA DE LOS ANGELES LEVI PORRAS; LUZ MARIA LEVI AVILA O LUZ MARIA LEVI DE SANTOS; SANTOS LEVI AVILA Y DANIEL LEVI AVILA|, CONSECUENTEMENTE Y ATENDIENDO A LO SOLICITADO POR EL INCISO B) SE LE TIENE POR SEÑALADO DOMICILIO CORRECTO DE LOS CODEMANDADOS. SE SEÑALA DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. SE AUTORIZA AL ACTUARIO ADSCRITO A ESTE JUZGADO, PARA LAS DILIGENCIAS DE NOTIFICACIÓN ORDENADAS”.

Es decir, que, el Juez municipal de Actopan, Veracruz fue el único que no se prestó a la intención burda de notificar a personas que fallecieron hace varias décadas y por ello devolvió el exhorto sin diligenciar, es decir, sin emplazar a los demandados.

Y, pese a que este acuerdo está agregado al expediente y era de conocimiento pleno tanto del demandante, como de su abogado y el propio juez, simplemente lo dejaron pasar y a pesar de ello celebraron una audiencia en la que supuestamente estaban llamados a comparecer de manera personal los demandados, que como se ha señalado, murieron hace más de cuarenta años.

A ello se suma que no existió declaratoria alguna de supuesta rebeldía de parte de los demandados.

Y no es la única irregularidad. Toda vez que quedó establecido que los demandados no fueron llamados a juicio y aun así se llevó a cabo la audiencia, el procedimiento se repuso y supuestamente los mandaron a emplazar nuevamente, atendiendo la diligencia una supuesta sobrina política de los demandados, como se señala a la literalidad:

“AHORA BIEN, EN ATENCIÓN A LO SOLICITADO POR LA PARTE ACTORA, SE PROCEDE AL ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LAS DILIGENCIAS DE EMPLAZAMIENTO (VÉASE FOJAS DE LA CIENTO OCHENTA Y SEIS A LA CIENTO OCHENTA Y SIETE BIS DE AUTOS) DE LAS QUE SE OBSERVAN QUE EL LIC. EDGAR BLANCAS DIAZ, ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO A ESTE JUZGADO, SE CONSTITUYÓ EN EL DOMICILIO UBICADO EN LA CALLE ARROLLO SIN NÚMERO, COLONIA LA MALINCHE DE LA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN, VERACRUZ, EN DONDE AL LOCALIZAR EL INMUEBLE BUSCADO, MISMO QUE DESCRIBIÓ QUE SE TRATA DE UNA CASA DE UNA PLANTA COLOR VERDE PUERTA METÁLICA AZUL, TECHO DE LÁMINA, PROTECCIONES DE VENTANAS CON HERRERÍA AZUL AL FRENTE DONDE PROCEDIÓ A LLAMAR EN VOZ ALTA Y FUE ATENDIDO POR UNA PERSONA DEL SEXO FEMENINO, TEZ MORENA, COMPLEXIÓN ROBUSTA DE CINCUENTA AÑOS DE EDAD, CABELLO CORTO, ENTRECANO Y RIZO, CON QUIEN SE PRESENTÓ, IDENTIFICÓ Y PREGUNTÓ POR LAS PERSONAS BUSCADAS, QUIEN DIJO LLAMARSE MARIA ESTHER PEREZ GRAJALES; E INFORMANDO QUE ES EL DOMICILIO SEÑALADO ES EL CORRECTO PARA ATENDER LA PRESENTE DILIGENCIA, TODA VEZ QUE AL IGUAL QUE ELLA, LOS BUSCADOS VIVEN Y HABITAN EL MISMO DOMICILIO, QUE POR EL MOMENTO NO SE ENCUENTRAN PERO QUE ELLA LE ATIENDE Y DARÁ RAZÓN DE LO QUE LE INDIQUE, ES POR ELLO, QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR AUTO DE FECHA OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, Y CON LAS COPIAS SIMPLES DE LA DEMANDA Y ANEXOS (ACTA NÚMERO 9,462, EXPEDIDA POR EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO Y DEL CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA DE FECHA DOS DE FEBRERO DEL AÑO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO), DEBIDAMENTE SELLADAS COTEJADAS Y RUBRICADAS, SE CORRIÓ TRASLADO Y EMPLAZÓ A LOS BUSCADOS, A TRAVÉS DE QUIEN LO ATENDIÓ, PARA QUE DENTRO DE NUEVE DÍAS, POR ESCRITO ANTE ESTE JUZGADO EN MENCIÓN CONTESTARAN LO QUE A DERECHO CORRESPONDA, CON APERCIBIMIENTO DE QUE NO HACERLO ASÍ SE LES TENDRÍA POR CONFESOS; ASENTANDO LO SIGUIENTE RESPECTO DE LOS CUATRO DEMANDADOS: “...DOMICILIO SEÑALADO PARA EMPLAZAR AL CIUDADANO DANIEL LEVI AVILA (…) Y SOY ATENDIDO POR PERSONA DEL SEXO FEMENINO (…) A QUIEN ME PRESENTO, IDENTIFICO Y PREGUNTO POR LA PERSONA BUSCADA, MANIFESTANDO SER LA CIUDADANA MARIA ESTHER PEREZ GRAJALES, NUERA DEL BUSCADO...” “...DOMICILIO SEÑALADO PARA EMPLAZAR AL CIUDADANO SANTOS LEVI AVILA (…) Y SOY ATENDIDO POR PERSONA DEL SEXO FEMENINO (…) A QUIEN ME PRESENTO, IDENTIFICO Y PREGUNTO POR LA PERSONA BUSCADA, MANIFESTANDO SER LA CIUDADANA MARIA ESTHER PEREZ GRAJALES, SOBRINA POLÍTICA DEL BUSCADO...” “...DOMICILIO SEÑALADO PARA EMPLAZAR AL CIUDADANO PATRICIA LEVI AVILA (…) Y SOY ATENDIDO POR PERSONA DEL SEXO FEMENINO (…) A QUIEN ME PRESENTO, IDENTIFICO Y PREGUNTO POR LA PERSONA BUSCADA, MANIFESTANDO SER LA CIUDADANA MARIA ESTHER PEREZ GRAJALES, SOBRINA POLÍTICA DEL BUSCADO...” “...DOMICILIO SEÑALADO PARA EMPLAZAR AL CIUDADANO LUZ MARIA LEVI AVILA (…) Y SOY ATENDIDO POR PERSONA DEL SEXO FEMENINO (…) A QUIEN ME PRESENTO, IDENTIFICO Y PREGUNTO POR LA PERSONA BUSCADA, MANIFESTANDO SER LA CIUDADANA MARIA ESTHER PEREZ GRAJALES, SOBRINA POLÍTICA DEL BUSCADO...” EN TAL VIRTUD, SE DECLARA QUE LAS DILIGENCIAS DE EMPLAZAMIENTO REALIZADAS EN FECHA DIECIOCHO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, CUMPLEN CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 76 Y 77 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO, POR ELLO A EFECTO DE NO VULNERAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PARTES INVOLUCRADAS, YA QUE, EL EMPLAZAMIENTO ES DE ORDEN PÚBLICO Y DEBE EXAMINARSE DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE EN CUALQUIER ETAPA PROCESAL, PUES DE ADVERTIR IMPRECISIONES QUE PUEDAN REPERCUTIR EN EL FONDO DEL ASUNTO, DEBE SER SUSTITUIDO PARA NO CONCULCAR LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES DE LOS AQUÍ DEMANDADOS; MÁXIME QUE EL ACTUARIO DEBE TENER CERTEZA SI EL INDIVIDUO QUE SE ENCUENTRA EN EL DOMICILIO DE LOS INTERESADOS COMO CONSTA EN LAS DILIGENCIAS REALIZADAS PUES ELLO JUSTIFICA QUE CUMPLIÓ CON LA OBLIGACIÓN DE ENTREGAR AL INTERESADO LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, ES DECIR, LA CÉDULA DE NOTIFICACIÓN Y COPIAS DEL TRASLADO, POR LO QUE LOS DEMANDADOS TIENEN CONOCIMIENTO PLENO DE LA PERSONA QUE LO DEMANDA, DE LOS HECHOS EN QUE SE FUNDA LA ACCIÓN Y LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL DERECHO QUE SE DEBATIRÁ EN EL JUICIO”.

De lo que se advierte que supuestamente un pariente lejano de los demandados atendió el supuesto emplazamiento, pero, presuntamente no les avisó a los mismos de la demanda aun y cuando la presunta sobrina manifestó que todos vivían en el mismo domicilio.

Por si fuera poco, no existe evidencia de que los demandados hayan sido emplazados a efecto de comparecer personalmente a la Notaría ya señalada para otorgar la firma del instrumento notarial que concrete el cumplimiento de lo ordenado; es decir, nuevamente se omitió dar aviso a las personas para efecto de hacerles saber que supuestamente fueron condenadas al perder el juicio de referencia.

Ello denota irregularidades graves en el procedimiento, pues no se advierte que la persona que supuestamente atendió la diligencia efectivamente exista, toda vez que en la diligencia de emplazamiento no se advierte que dicha persona se haya identificado ante el actuario judicial Edgar Blancas Díaz, con qué documento de identificación lo hizo, que este funcionario judicial haya corroborado que la identificación que presentó correspondiera a la persona que atendió la diligencia por haber hecho constar que los rasgos fisonómicos concordaban entre la identificación presentada y la persona que tenía enfrente.

A eso se suma que la propia Ley establece –y ello ha sido motivo de reiteraciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación– que en caso de no encontrar a la persona que se busca, se deberá dejar citatorio de espera para el día siguiente y en el supuesto de que nuevamente no se encuentre a la persona entonces sí, la diligencia se ha de atender con diversa persona.

De tal suerte que es evidente que en el caso concurren situaciones que deben ser motivo de investigaciones por parte de la Secretaría de Gobierno a cargo de Ricardo Ahued Bardahuil; de la Fiscalía General del Estado a cargo de Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre; y del Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial del Estado de Veracruz a cargo de Alma Rosa Flores Ceballos, ante la comisión flagrante de conductas deshonestas, incluso delitos de tracto sucesivo, toda vez que es evidente que servidores públicos, notarios, abogados y particulares se aliaron para adueñarse del predio señalado y del cual, no basta con exhibir recibos de pago de predial para suponer que le pertenece a cualquier particular, pues se caería en el absurdo de que cada persona, por el solo hecho de efectuar algún pago de servicio, se pudiera ostentar en calidad de dueño.

De ahí que más allá de pretender aclarar la columna titulada “Actopan: Bajo Presión de Cártel Inmobiliario”, lo cierto es que no logra desvirtuarse la necesidad de que la autoridad investigue el proceder de los intervinientes, pues nada se dice del por qué las personas nunca fueron emplazadas conforme a la Ley, que la sentencia fue dictada en menos de un año y mucho menos acerca de la premura del juez Eric Antonio Hernández Méndez para firmar la escritura pocos días antes de dejar su cargo como juez adscrito a este Distrito Judicial.