Con amparo, activistas buscan obligar a autoridades a sanear río La Antigua

Un Juzgado de Distrito con cabecera en Xalapa concedió una suspensión provisional a organizaciones ambientales, mediante la cual se instruye a diversos ayuntamientos a implementar acciones para el saneamiento del río La Antigua.

Con fecha 8 de abril, el Juzgado 15º de Distrito resolvió el juicio de amparo 244/2025 a favor de las agrupaciones Pueblos Unidos de la Cuenca de La Antigua por los Ríos Libres y Limpios (PUCARL) y Territorios Diversos para la Vida (TERRAVIDA), luego de que estas denunciaran la contaminación de la cuenca con materia orgánica y altos niveles de Escherichia coli (E. Coli), proveniente de descargas residuales y sanitarias.

La suspensión provisional instruye a las autoridades competentes a tomar medidas urgentes para mitigar la contaminación, en tanto el Juzgado determina si concede o no la suspensión definitiva. Además, los activistas solicitaron que se reconozcan los derechos del río La Antigua.

De acuerdo con los colectivos, el amparo involucra a los municipios de Chilchotla, en Puebla, e Ixhuacán de los Reyes, Cosautlán de Carvajal, Teocelo, Coatepec, Xalapa, Tlaltetela, Jalcomulco, Coetzala, así como a Ciudad Cardel y la localidad de La Antigua, en Veracruz.

Entre las acciones dictadas, se instruyó a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) a solicitar a los municipios información sobre las medidas implementadas para mitigar la contaminación. Esto incluye presentar un inventario de las descargas sanitarias al cuerpo de agua que fluye desde la montaña central hasta el Golfo de México.

Durante una conferencia de prensa, los colectivos ambientalistas advirtieron que la concentración de E. Coli en las aguas de la cuenca del río La Antigua rebasa los límites permitidos para el contacto humano y afecta gravemente a los ecosistemas. “Evidenciando que los ríos de la cuenca enfrentan una crisis socioambiental debido a la contaminación por aguas residuales no tratadas, lo que trae graves afectaciones a los proyectos de vida de las comunidades y a la vida del río”, dijeron.

Las comunidades afectadas demandan identificar las fuentes directas de contaminación y detenerlas, activar juntas intermunicipales para avanzar en la limpieza y saneamiento de los ríos, así como continuar o reactivar las plantas de tratamiento. “La demanda de amparo es un recurso legal para defender los derechos humanos frente a las acciones u omisiones de las autoridades responsables”, refirieron los denunciantes, acompañados de otros colectivos ambientalistas.