Con aval de SEV, ahora podrán invertirse recursos públicos en escuelas sin escrituras

El Congreso de Veracruz aprobó una reforma que permitirá invertir recursos públicos en la construcción, mantenimiento y equipamiento de escuelas que carecen de escrituras, siempre que la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) acredite su funcionamiento y que el inmueble se encuentre en proceso de regularización.

El dictamen fue avalado por unanimidad, con 42 votos a favor y ninguno en contra o abstención. La modificación recibió el respaldo de MORENA, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PVEM. La reforma, propuesta por la gobernadora Rocío Nahle García, adiciona el Artículo 35 Bis a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas y un tercer párrafo al Artículo 19 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas.

Con los cambios, la falta de certeza jurídica sobre la propiedad de un terreno dejará de impedir la aplicación de recursos estatales o municipales en planteles que operan desde hace años, pero cuyos procesos de escrituración no han concluido. El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz mantendrá la facultad de revisar el manejo, custodia y aplicación de los fondos destinados a infraestructura educativa.
En los casos en que la propiedad esté acreditada, el ORFIS verificará que el inmueble pertenezca al ente fiscalizable encargado de ejecutar la obra.



Cuando el terreno se encuentre en proceso de regularización o no pertenezca a la Federación, al Estado o a los municipios, las autoridades deberán presentar una constancia expedida por la Secretaría de Educación de Veracruz. El documento deberá acreditar que el inmueble funciona como plantel, cuenta con reconocimiento oficial y mantiene una matrícula de estudiantes durante el ciclo escolar correspondiente.

La Comisión Permanente de Vigilancia señaló que la reforma busca permitir la participación de las instituciones públicas en el mejoramiento de escuelas sin que la inversión genere, por sí misma, observaciones o responsabilidades durante la fiscalización por la falta de escrituras. El dictamen sostiene que existen inmuebles que no están plenamente legalizados, pero en los que funciona un centro educativo público con reconocimiento de validez y que presta servicios a niñas, niños y adolescentes.

Destacan aprobación



El diputado de MORENA José Reveriano Marín Hernández afirmó que la modificación busca conciliar la vigilancia del gasto con el derecho a la educación. “Esta iniciativa busca garantizar que los recursos públicos destinados a la construcción, mantenimiento y equipamiento de los planteles educativos se inviertan con certeza jurídica, asegurando que los inmuebles sean propiedad del Estado o se encuentren dentro de un proceso formal de regularización”, expresó.

Marín Hernández indicó que algunos planteles cuentan con personal docente, matrícula y reconocimiento oficial, pero permanecen en terrenos con donaciones inconclusas, trámites pendientes o problemas administrativos acumulados durante años. El legislador sostuvo que los procedimientos administrativos no deben impedir la rehabilitación de aulas, la sustitución de techos, la construcción de bardas o el mejoramiento de instalaciones. “Este Congreso envía un mensaje claro a las familias veracruzanas: la educación es nuestra prioridad”, afirmó.

Por el PVEM, la diputada Citlali Medellín Careaga señaló que la reforma atiende un problema que enfrentan los municipios al intentar invertir en escuelas sin escrituras. La legisladora sostuvo que las autoridades no deben elegir entre cumplir la ley y atender las necesidades de los planteles. “Su deber es encontrar la manera de hacer ambas cosas”, expresó.



La diputada del PAN Indira de Jesús Rosales San Román dijo que la falta de títulos de propiedad fue utilizada durante años como argumento para no construir aulas, bardas u otras obras en centros escolares. Aunque respaldó la reforma, pidió continuar con los procedimientos de regularización de los inmuebles y destinar el presupuesto de 780 millones de pesos a más obras educativas.

Por Movimiento Ciudadano, el diputado Adrián Sigfrido Ávila Estrada señaló que el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la educación mediante la inversión en infraestructura. Ávila Estrada afirmó que la falta de escrituras no debe convertirse en una barrera para las comunidades escolares y llamó a actuar “sin excusas, sin retrasos y sin barreras burocráticas”.

La diputada del PRI Ana Rosa Valdés Salazar anunció el respaldo de su bancada y planteó que, además de mejorar los planteles, las autoridades deben atender otros factores relacionados con la deserción escolar. El diputado Héctor Yunes Landa señaló que existen escuelas que operan desde hace 20 o 30 años en terrenos cuya propiedad no ha sido regularizada y que, hasta ahora, esa situación impedía destinarles recursos.