Con Brenda Cerón, Comisión de Búsqueda simuló buscar a desaparecido: CEDH

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Veracruz (CEBV) incurrió en omisiones, contradicciones, registros con información apócrifa y actuaciones para simular diligencias en la búsqueda de una persona secuestrada y desaparecida desde 2015, de acuerdo con la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Las irregularidades documentadas corresponden al periodo en que la CEBV tuvo formalmente intervención en el caso, a partir de febrero de 2020, durante la gestión de Brenda Cerón Chagoya como titular del organismo, en la administración del gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

En la Recomendación 028/2026, la CEDH concluyó que la Comisión de Búsqueda incumplió su obligación de realizar una búsqueda con debida diligencia de la víctima, identificada como V1, y que sus actuaciones provocaron victimización secundaria a cinco integrantes de su familia. “Causa […] ver tanta mentira, tanta mentira y día a día”, declaró una familiar durante la investigación de Derechos Humanos al describir las respuestas que recibió de la CEBV sobre las acciones realizadas para localizar a V1.



Desaparecido en 2015

La víctima fue secuestrada el 28 de julio de 2015. La intervención de la Comisión Estatal de Búsqueda comenzó casi cinco años después, el 14 de febrero de 2020, cuando la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado solicitó su colaboración para localizarla.

A partir de entonces, la CEDH documentó que la CEBV no agotó las consultas previstas en bases de datos e instituciones que podían aportar información sobre el paradero de V1. De las 10 instancias señaladas por la legislación para realizar consultas, únicamente encontró atendidas dos, mediante una sola solicitud de información enviada a la Secretaría de Seguridad Pública en enero de 2024.



No se acreditaron consultas en hospitales, clínicas, servicios médicos forenses, registros de personas fallecidas no identificadas, albergues, panteones, registros de identidad, estaciones migratorias o terminales de transporte. “De las 10 instancias que la Ley General enumera de forma puntual, solo 2 de ellas fueron atendidas a través de una única solicitud de información realizada por la CEBV”, estableció Derechos Humanos.

La omisión ocurrió pese a que, entre 2020 y 2021, la Fiscalía requirió hasta en tres ocasiones a la Comisión Estatal de Búsqueda realizar acciones destinadas a localizar a la víctima. La CEBV también incurrió en contradicciones respecto del acceso a la investigación ministerial. La Fiscalía certificó que servidores públicos de la Comisión tuvieron acceso al expediente desde el 10 de julio de 2020. Sin embargo, durante una reunión con familiares en junio de 2021, personal de la dependencia afirmó que no había tenido acceso a esa información.

Al ser confrontados con las certificaciones ministeriales, los servidores públicos argumentaron que habían firmado “de buena fe” documentos correspondientes a investigaciones que no habían revisado. La CEDH no encontró registros que acreditaran aquella consulta y determinó que fue hasta septiembre de 2023 cuando personal de la CEBV revisó efectivamente la investigación ministerial y obtuvo información del caso.



Mintieron a familiares de la víctima

Entre julio de 2020 y septiembre de 2023, el organismo defensor no encontró documentada una acción de búsqueda individualizada que aportara elementos para localizar a V1. La CEDH también detectó inconsistencias en un “Informe de seguimiento” fechado el 23 de marzo de 2022, en el que la Comisión hizo referencia a 18 líneas telefónicas contenidas en la investigación de la Fiscalía.

De acuerdo con los propios informes de la CEBV, esa información fue conocida por su personal hasta septiembre de 2023, cuando revisó el expediente ministerial. Además, el documento fechado en 2022 fue enviado a la Fiscalía hasta febrero de 2024. Para Derechos Humanos, esas circunstancias pusieron “en duda la veracidad de la fecha de elaboración del informe”. La CEDH concluyó que el documento fue elaborado “con la intención de simular actuaciones dentro del Expediente de Búsqueda”.



Otra irregularidad se relacionó con la supuesta entrevista a la madre de V1. La mujer declaró que nunca fue entrevistada por personal de la Comisión para proporcionar información sobre su hijo. La CEBV sostuvo, por el contrario, que la madre se había negado a participar. A la vez, la Bitácora Única de Acciones de Búsqueda Individualizada registraba que desde el 14 de febrero de 2020 se había realizado un contacto inicial y una entrevista con la familia.

La CEDH consideró contradictorias esas versiones y concluyó que la bitácora había sido alimentada con “información apócrifa”. “Totalmente falsa la información que dio la Comisión de Búsqueda, porque en ningún momento a mí me solicitaron ni me hicieron un cuestionario para que yo proporcionara toda esa información que ponen ahí”, declaró la madre. “Se han conducido totalmente con falsedad para poder justificar su responsabilidad como servidores públicos”, agregó.

Derechos Humanos constató además que los formatos elaborados por la CEBV sobre la víctima estaban incompletos. Faltaban datos como edad, fecha y lugar de nacimiento, tipo de sangre, CURP, identificación, ocupación y escolaridad. De 41 campos destinados a características físicas, sólo seis habían sido llenados. La CEDH determinó que esos documentos fueron elaborados hasta septiembre de 2023 con información obtenida de la investigación ministerial y no mediante una entrevista con la familia.



También documentó irregularidades en la carga de información a la Bitácora Única. Durante una revisión realizada en noviembre de 2024 encontró 14 registros de diligencias atribuidas a la CEBV desde 2020. Los 14 fueron incorporados al sistema el mismo día, el 24 de octubre de 2024, después de que la CEDH solicitó acceso a la bitácora. “Es posible concluir objetiva y razonablemente que la carga de la información fue realizada a partir de la solicitud de acceso formulada por esta Comisión Estatal”, señaló el organismo.

La CEBV también incurrió en una demora para informar a la familia sobre la existencia de un Plan Individualizado de Búsqueda. El 21 de agosto de 2023, la madre solicitó conocer ese documento. Personal de la Comisión le indicó que debía esperar 45 días hábiles para recibir respuesta. La contestación llegó el 25 de octubre. Después de agotar el plazo, la dependencia informó que no contaba con un Plan Individualizado de Búsqueda y sostuvo que esas acciones correspondían a la Fiscalía.

La CEDH concluyó que no existía una gestión que justificara la espera, debido a que no había avances que comunicar, y consideró la demora una obstaculización al derecho de la familia a conocer las acciones realizadas. “Fue una burla, el que te reuní, me senté contigo, me comprometí y por escrito te cumplo los 45 días para decirte no hay nada”, declaró una familiar. “A raíz de que vi esa respuesta por parte de la Comisión de Búsqueda, me di cuenta que solo fuimos objeto de burla y de una simulación”, agregó.



Otro señalamiento se originó por un registro de vacunación localizado en mayo de 2023 por la Comisión Nacional de Búsqueda, que mostraba una coincidencia entre los datos de V1 y los de una persona vacunada contra Covid-19 en julio de 2021. La CEDH estableció que la Comisión estatal debía verificar de inmediato ese indicio, pero no documentó diligencias para establecer quién había recibido la vacuna, dónde ocurrió o si efectivamente se trataba de la persona desaparecida. Tampoco informó a la familia sobre el hallazgo.

Dos meses después, personal de la CEBV acudió al centro de trabajo de la madre y preguntó por V1 bajo el argumento de que se encontraba en ese lugar. “¿Por qué vienen a buscar a V1? ¿Que no saben que está secuestrado?”, relató la mujer que cuestionó.

“Señora, es que él está con vida y está aquí”, respondió una funcionaria, de acuerdo con el testimonio incorporado al expediente. Derechos Humanos concluyó que esa afirmación pudo derivarse de la coincidencia en el registro de vacunación, aunque la Comisión nunca corroboró que correspondiera a V1. “¿Dónde tienen a V1, si la Comisión de Búsqueda dice que estuvo ahí?”, cuestionó posteriormente la madre. “Todas las noches me pregunto dónde lo tiene la Comisión de Búsqueda”.



Ante la falta de resultados, la madre y otros familiares realizaron por cuenta propia búsquedas en Veracruz, Sonora, Tamaulipas, Hidalgo, Jalisco y Chiapas, así como en centros penitenciarios, servicios forenses y otros sitios donde recibían reportes sobre posibles ubicaciones de V1. La mujer declaró que llegó a dormir en terminales de autobuses para continuar los recorridos y que durante algunas búsquedas fue despojada de sus pertenencias y amenazada por hombres armados.

La CEDH determinó que las omisiones en la búsqueda, las contradicciones institucionales y el trato recibido generaron victimización secundaria en cinco familiares. Por ello, recomendó a la Comisión Estatal de Búsqueda realizar las acciones necesarias para localizar a V1, mantener coordinación con la Fiscalía, compensar a los familiares por las afectaciones acreditadas y dar vista al Órgano Interno de Control para investigar la actuación de los servidores públicos involucrados.