Con lagrimas pide Alba Leonila tipificar la extorsión como delito grave

Con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos, la diputada Alba Leonila Méndez Herrera usó la tribuna legislativa para presentar una iniciativa de reforma al Código Penal. En medio del llanto que sorprendió a los asistentes, la legisladora revivió un acto de extorsión que sufrió para solicitar que la extorsión sea tipificada como delito grave.

Este jueves durante la última sesión del segundo periodo ordinario de sesiones de la LXI Legislatura del Estado, la diputada panista hizo la exposición de motivos de su iniciativa de reforma al artículo 220 del Código Penal del Estado de Veracruz para que los extorsionadores no gocen del beneficio de la fianza y logren salir de prisión, como sucedió recientemente.

Tras pedir el endurecimiento de las penas a los extorsionadores porque sus delitos atentan contra el patrimonio de las familias de las víctimas y generan temor, además de zozobra que impiden el desarrollo social de los afectados que sufren intimidaciones, decidió justificar su iniciativa de reforma a partir de su experiencia personal.

Ante sus compañeros legisladores recordó que cuando fue alcaldesa de Atzalan recibió una llamada de extorsión. A cambio de la seguridad de su familia, los delincuentes exigieron la cantidad de dos millones de pesos, una cantidad que –dijo– no pudo reunir, pero sí entregó la cantidad de 200 mil pesos que aceptaron después de varias negociaciones.

Fue entonces que reclamó las deficiencias en la procuración de justicia, pues presentó su denuncia, pero como la extorsión no está tipificada como delito grave, salieron bajo fianza, y entonces tuvo que lidiar con los delincuentes porque consiguieron su libertad.

“Al final yo hice la denuncia correspondiente, me atreví a llevar el dinero que me pedían y desafortunadamente por no haber penas graves, los delincuentes salieron a los pocos días, y toda la administración municipal… tener que estar conviviendo con ellos (sic) con las presiones…porque nunca te perdonan que los hayas denunciado”, comentó la legisladora.

Según el documento que se turnó a comisiones, las penas aumentarán en dos terceras partes cuando el delito se realiza por un servidor público, miembro o ex miembro de una corporación de seguridad pública o privada; además de la destitución del cargo cuando se trate de un extorsionador que trabaje en el servicio público que también se acompañará de la inhabilitación de uno a cinco años.