Con nuevo cálculo, IPE recorta hasta en 40% las pensiones, recriminan sindicatos

La mañana de este lunes, representantes de diversas organizaciones sindicales se concentraron afuera del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), en espera de los acuerdos que emitiría el Consejo durante una sesión extraordinaria para analizar la aplicación del sueldo regulador en el cálculo de las pensiones de trabajadores al servicio del Estado.

Los dirigentes sindicales exigieron que se respeten los derechos adquiridos de quienes ingresaron al servicio público bajo las anteriores leyes 5 y 20, al considerar que la aplicación del promedio ponderado de los últimos sueldos de cotización ha provocado reducciones en los montos de las pensiones de quienes iniciaron sus trámites a partir de 2025.

De acuerdo con los representantes, las disminuciones pueden oscilar entre 5 y 40 por ciento, dependiendo de cada caso. Por ello, solicitaron que se revise el criterio utilizado por el Instituto y se evite aplicar de manera retroactiva la Ley 287 en perjuicio de los trabajadores.

Los inconformes señalaron que la sesión extraordinaria comenzó a las 11:00 horas y que permanecerían en el exterior del inmueble hasta conocer la resolución de los consejeros. Indicaron que, posteriormente, informarían a sus agremiados sobre los resultados y los acuerdos alcanzados.

Los representantes sindicales explicaron que, según su planteamiento, hasta el ejercicio de 2024 los trabajadores que tramitaban su jubilación recibían una pensión calculada con base en el 100 por ciento de su último sueldo de cotización, mientras que a partir de 2025 comenzó a aplicarse un promedio ponderado de los salarios de periodos que pueden abarcar de uno a 10 años.

Afirmaron que esta modificación ha generado incertidumbre, debido a que trabajadores con condiciones de cotización similares han recibido un tratamiento diferente dependiendo del año en que formalizaron su retiro.

Como ejemplo, señalaron que una persona con 30 años de cotización podría esperar recibir una pensión equivalente al 100 por ciento de su último sueldo; sin embargo, con el nuevo criterio, el monto se determina mediante el promedio de salarios de los años considerados para el cálculo.

Incluso, advirtieron que trabajadores con 38 o 40 años de cotización podrían resultar afectados por la metodología aplicada. Según explicaron, el porcentaje de reducción varía entre los pensionados y no existe, desde su perspectiva, suficiente claridad sobre los criterios utilizados en cada caso.

¿Qué establece la controversia sobre la Ley 287?

Los dirigentes reconocieron que la Ley 287 se encuentra vigente desde 2014, pero cuestionaron que el Instituto comenzara a aplicar el sueldo regulador de una manera que consideran perjudicial para quienes ingresaron al servicio público cuando estaban vigentes las leyes 5 y 20.

Explicaron que su exigencia consiste en que se reconozcan las condiciones de jubilación que, aseguran, correspondían a esos trabajadores antes de la entrada en vigor de la nueva legislación, y que la transición entre los distintos marcos legales no afecte sus derechos.

También hicieron referencia al artículo quinto transitorio de la Ley 287, al señalar que el cálculo de la pensión debe considerar los años de cotización acumulados al inicio de su vigencia, el 21 de julio de 2014. De acuerdo con su interpretación, quienes ya tenían 30 años cotizados en esa fecha podían acceder al 100 por ciento de su sueldo, mientras que los demás casos debían analizarse conforme a las disposiciones transitorias correspondientes.

Como argumento, cuestionaron por qué trabajadores que se jubilaron entre 2015 y 2024 recibieron la autorización y el pago de sus pensiones con base en el 100 por ciento de su último sueldo de cotización, mientras que quienes iniciaron el trámite a partir de 2025 quedaron sujetos al promedio ponderado.

Los representantes informaron que, durante más de 120 días, han sostenido reuniones y mesas de trabajo con autoridades estatales y del IPE para exponer las consecuencias de la aplicación del criterio.

Como parte de estas gestiones, dijeron haber analizado más de 200 casos para documentar las afectaciones, aunque aclararon que el número de trabajadores involucrados es mayor y abarca distintas dependencias y organismos públicos.

Entre los sectores representados mencionaron a trabajadores de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la Fiscalía General del Estado, Radio y Televisión de Veracruz, el magisterio, la Universidad Veracruzana, los municipios y los organismos públicos descentralizados.

Los dirigentes sostuvieron que la movilización responde a una demanda común de las organizaciones sindicales y no a intereses particulares. Añadieron que cualquier reducción en los ingresos de los trabajadores repercute directamente en la economía de sus familias.

Asimismo, agradecieron al secretario de Finanzas y Planeación, Miguel Santiago Reyes Hernández, y al coordinador de asesores, José Antonio Bretón Betanzos, por abrir espacios de diálogo para revisar el asunto desde perspectivas financieras, económicas, sociales y jurídicas.

Los sindicalistas permanecieron a la espera de que el Consejo Consultivo del IPE diera a conocer su determinación. Hasta el cierre de la entrevista, no se había informado el resultado definitivo de la sesión extraordinaria.

Las organizaciones advirtieron que mantendrán la defensa de sus agremiados y reiteraron su petición de que las autoridades expliquen con claridad el fundamento legal y la metodología empleados para calcular las pensiones, a fin de brindar certeza a los trabajadores que están próximos a jubilarse.